Corrupción, negligencia y mezquindad envuelven la muerte de 39 migrantes

La empresa privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, era quien estaba encargada de la vigilancia en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en Chihuahua; lugar donde murieron abrasados por las llamas 39 migrantes y decenas resultaron heridos.

Una investigación de Latinus ya había dejado en evidencia en el mes de febrero que el Gobierno Federal le otorgó a la empresa contratos desde el 2019 de una forma acelerada; hasta alcanzar más de tres mil millones de pesos.

Desde que sucedió la tragedia en la que se dijo que podría haber migrantes de Venezuela, Nicaragua y Guatemala, no se ha escuchado ningún pronunciamiento relacionado con el tema por parte de Daniel Ortega, quien ha sido presidente 5 veces en Nicaragua. Tampoco del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien seguramente se siente comprometido por el apoyo que siempre ha tenido del presidente de México cuando lo han querido derrocar.

Sin embargo, algunas organizaciones en este país sí se han pronunciado, diciendo que esta es una de tantas tragedias que han vivido más de 7 millones venezolanos; quienes han tenido que huir de la grave y muy compleja crisis humanitaria que viven en Venezuela, ocasionada por las políticas trasnochadas y fracasadas de quienes se mantienen en el poder; mismas que han llevado a casi 80% de su pueblo a vivir en la extrema pobreza.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, lamentó al día siguiente la muerte de los migrantes, lo mismo que el Gobierno de los Estados Unidos a través de portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.