¿Por qué fue un éxito en NL la gestión de recursos para la Tormenta Alberto?
La Tormenta Alberto nos dejó a los nuevoleoneses dos grandes lecciones:
- El gobierno estatal reaccionó rápido a la petición de recursos ante el gobierno federal para reparar los cuantiosos daños.
- Incita a la polémica, pero ni modo: el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) era un instrumento financiero excesivamente burocrático que daba lo mismo si existía o no. Me explicaré más adelante.
Sin necesidad del FONDEN, el gobernador Samuel García gestionó $4,810 millones, de los cuales esta misma semana llegarán al estado $1,500 millones.
Desde luego, se trata de una obligación constitucional del mandatario, pero eso no le resta méritos a su reacción rápida, que el propio ‘PRIAN’ del Congreso local se lo reconoció públicamente, tragándose sus amenazas de hace unos días de hacerle la vida imposible al mandatario nuevoleonés.
Y ahora, ¿por qué digo que era burocráticamente inútil el FONDEN? Va mi argumento.
El FONDEN se creó en 1996 como parte de la Ley de Protección Civil.
Servía para otorgar recursos para la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructuras dañadas.
En la práctica, estos recursos federales solían tardar años para llegar a las zonas afectadas.
Se solicitaban durante un sexenio y se radicaban en el siguiente, cuando ya eran historia los huracanes, inundaciones o sequías cuyos estragos pretendía atender.
La recuperación podía tardar una eternidad.
En esta situación de la Tormenta Alberto, el gobierno estatal llenó oportunamente, “en tiempo y forma” como decimos los abogados, los requisitos e hizo el levantamiento de daños en tiempo récord.
Irónicamente, esta evaluación era un pretexto del FONDEN para dilatar la entrega de recursos, y se convertía en un verdadero viacrucis para los gobiernos estatales, que a veces no sabían ni cómo llenar un pobre formato.
Ahora, en cambio, a diferencia de esos casos patéticos, la declaratoria de emergencia basada en la evaluación referida, muy bien armada al detalle, dio pie para que el gobernador Samuel García fuera recibido por el Presidente López Obrador y por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
En unos cuantos días, el gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia y se activaron los recursos que antes entraban al laberinto burocrático del FONDEN.
Los propios cabecillas del PAN local reconocieron que dadas estas circunstancias exitosas, ya aceptarán negociar el Presupuesto 2024. Los recursos se repartirán para beneficio de las zonas afectadas, serán gestionadas por los alcaldes y no habrá necesidad de entregarles el tan mal visto “cheque en blanco” que pedían los dueños de las bancadas del ‘PRIAN’.
De manera que ya se dejen de asustar con el petate del muerto del Juicio Político y será mejor que se pongan a trabajar.
Huachicoleo legislativo en NL y el reemplazo urgente de Joe Biden
Se equivoca quien crea que las vacaciones que se tomaron del 27 de junio al 30 de julio los diputados locales son sólo para holgazanear (que sí lo es).
Sin descartar lo anterior, durante este inter los legisladores del PRIAN se atrincheran para intentar comprar el voto legislativo que les faltaría a fin de alcanzar la mayoría y seguir hostilizando al Ejecutivo estatal.
Entrando la próxima legislatura local será más complicado para ellos porque tendrían que negociar el voto, no de uno, sino de siete legisladores (cuando menos) para alcanzar la mayoría calificada y salirse con la suya.
De ahí la premura y ansiedad por configurar el juicio político contra el gobernador Samuel García y querer condicionar la aprobación del Presupuesto 2024 a que el gobernador entregue recursos que ellos mismos se etiquetaron como si fuera asalto en despoblado.
Como sea, el juicio político con el que amenazan diariamente, quedaría sin efecto por ahora, porque así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De manera que son patadas de ahogado las que dan estos diputados holgazanes.
Los presupuestos de 2023 y de 2024 no podría quedar a voluntad de los legisladores locales sólo para beneficiar a los municipios bajo su férula y control.
El presupuesto no es botín de bancadas sino beneficio para los 51 municipios de Nuevo León, por lo que no podrían condicionar su aprobación para que los recursos se destinen a discreción suya, como si se les expidiera un cheque en blanco; se trata de una mala práctica a la que yo llamaría “huachicoleo legislativo”.
Dicho de otro modo, los dueños de estas bancadas pretenden explotar mañosamente las tuberías del presupuesto, queriendo ordeñar dinero que es de todos, aprovechando la situación de emergencia derivada de la Tormenta Alberto.
Sin embargo, el huachicoleo legislativo cesará, al menos en este caso, porque ayer, después de armar expedientes y estimaciones para gestionar ante la Federación $4,810 millones (que es la cifra aproximada de los daños, tras la Tormenta Alberto), el gobernador Samuel García fue recibido por el presidente López Obrador en Palacio Nacional y antes y después por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Esa pinza ya se cerró.
Samuel y AMLO acordaron que dichos recursos sean asignados para reparar avenidas afectadas como Constitución, Morones Prieto, así como los desperfectos del río Santa Catarina y las carreteras dañadas por la tormenta, sobre todo las colindantes con nuestros ríos, además de otros recursos destinados a concluir la presa Libertad.
Sea uno partidario o no de Samuel, en esto no se le puede escatimar apoyo y hagamos frente para que los diputados locales vacacionistas no se salgan con la suya.
Quizá esta historia nos dejará como moraleja a los nuevoleoneses que la administración pública debe medir sus rendimientos con otras métricas, diferentes a las que quieren imponer diputados locales tan ignorantes y sobre todo brindando información más precisa de las actividades públicas, centrándose en balances, como lo hacen las buenas empresas privadas.
Un libro sensacional, recién publicado, explica a fondo esta tesis.
Se titula: Public Net Worth (2024) y sus autores, Ian Ball y Willem Buiter, entre otros, demuestran que los gobiernos generalmente miden sus resultados a partir de ingresos, gastos y deuda de marcado, valiéndose del producto interno bruto (PIB) de un solo año para dar contexto. En vez de eso, deberían tomar en cuenta también sus activos públicos y algunos de sus pasivos. El remedio consiste en adoptar normas contables modernas, con balances completos.
Esta es la forma de abordar la problemática de un gobierno de vanguardia y no la sarta de disparates de debates como el que protagonizaron Joe Biden y Donald Trump.
Por cierto, quedó certificado públicamente que Biden no está en condiciones mentales para un segundo mandato presidencial.
Su reemplazo como candidato demócrata se dará muy pronto.
Lo apuesto sin la menor vacilación (para vacilaciones, las de él y para vaciladas las de Trump).
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