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Jesús Murillo Karam consigue más tiempo para poder defenderse

El exfuncionario público deberá permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República objetó que hay un alto riesgo de fuga.

El extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, tendrá hasta el miércoles 24 de agosto para mostrar pruebas contundentes que lo deslinden de las acusaciones que lo incriminan por el "crimen de Estado" en el que desaparecieron los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, mientras tanto, se mantiene en la cárcel por un alto riesgo de fuga.

La segunda audiencia  programada por el juez mexicano, Marco Antonio Fuerte Tapia, fue a las 8:00 horas, tras más de 12 horas de duración de su primera comparecencia ante el Poder Judicial mexicano, en la que se concedieron tres descansos.

También, se informó que el exfuncionario público en aquel entonces encargado de la PGR (2012-2015), durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) tendrá que  permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República replicó que hay un alto riesgo de fuga, ya que tiene una cuenta con más de 85 millones de pesos y varias propiedades en Hidalgo y Guerrero.

El pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina, arrestaron a Murillo Karam por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos afines con el caso “Ayotzinapa", así como por la fabricación de la "verdad histórica".
Recordemos el 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la escuela para maestrosrurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México a participar en una manifestación por el 2 de octubre, fecha en la que  hubo una matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.

La controversial primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la "verdad histórica", narra que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel “Guerreros Unidos”, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula y finalmente  tiraron los restos en el río San Juan.

Pero el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa realmente fue un "crimen de Estado" en el que se vieron involucradas autoridades de todos los niveles y grupos criminales.

Así mismo, la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha objetado esa "verdad", al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes señalaron que los cuerpos no pudieron ser quemados en dicho basurero.

Su arribada al Reclusorio Norte se dio por la mañana de este sábado, luego de permanecer en las instalaciones de la FGR en Tacubaya, en la capital, desde donde fue trasladado en una camioneta escoltada por elementos de las fuerzas armadas.

También Involucrado el secretario de seguridad de la capital mexicana

En la presentación del caso contra del exprocurador Murillo, la FGR señala la probable participación del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en la elaboración de la "verdad histórica".

Las autoridades mexicanas mostraron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la entonces PGR.

Según Cano, la elaboración de la "verdad histórica" se creó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, en aquel entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano.

Otro implicado fue Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para corroborar la entonces "verdad histórica" presentada por el Gobierno mexicano en 2015.

Ante el informe presentado por la FGR, Cano objeto  por un criterio de oportunidad para colaborar en las averiguaciones, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos las cuales fueron utilizadas para sostener la primera versión de lo que le ocurrió a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.