Boletín de Plumas Azules: #03
Breve historia de un episodio de unidad nacional (II de IV partes)
II. La posición del gobierno
Con motivo del hundimiento de dos barcos tanque mexicanos a mediados de mayo de 1942, frente a la costa de Miami, Florida, atacados portorpedos lanzados desde un submarino de las potencias del Eje, formado éste por Alemania, Italia y Japón, “la reacción oficial (del gobierno mexicano) se produjo intensa e inmediata”.
De todo ello dio prolija cuenta en su sección “Vida Nacional” la revista La Nación, órgano de difusión de Acción Nacional, en sus ediciones núms. 32 y 33, fechadas respectivamente el 23 y el 30 de mayo de 1942.
Así, Vicente Lombardo Toledano, líder obrero izquierdista pero siempre estratégicamente plegado al oficialismo gubernamental, se puso bravo.
Publicó una extensa carta en todos los periódicos, en la que exigió que “nuestro país no puede permanecer al margen de una lucha (la II Guerra Mundial) en la que se va a definir la suerte del mundo…”
Es decir, correspondió a Lombardo dar la voz de ataque y tocar los tambores de guerra.
Lo anterior, comentó La Nación, “sin (tener Lombardo) la menor preocupación por un previo sondeo de opinión pública y sin la más leve medición de las consecuencias” para el país.
Otro marxista gubernamental, Narciso Bassols, le recordó al presidente Ávila Camacho que medio año antes, el 8 de diciembre de 1941, es decir, antes del hundimiento de los barcos petroleros mexicanos, “me dirigí a usted pidiéndole la declaración de guerra a los países del Eje”.
En fin, un “diputado Zamayoa fantaseó al declarar que el pueblo (mexicano) quiere ir a la guerra”.
Sin embargo, en la semana que siguió a la fecha del hundimiento del primer barco mexicano, llamado Potrero del Llano, semana que fue del 14 al 21 de mayo de 1942, la actitud del presidente Ávila Camacho se notó moderada, paciente, tranquila, de preocupación pero sin exaltarse.
Hasta que determinó convocar a su gabinete de Secretarios de Estado a reunión de “consejo de ministros” figura entonces prevista en el art. 29 de la Constitución para tomar decisiones.
Tal sesión del Consejo de Ministros se llevó a cabo en el salón de Embajadores de Palacio Nacional el viernes 22 de mayo de 1942.
Aunque aparentemente fue convocada para dar inicio a las 6:00 pm, en realidad vino empezando a las 6:45 de la tarde (demora de la que se dará una posible explicación en el siguiente artículo).
Y concluyó exactamente tres horas después, a las 9:45 de la noche.
Informó La Nación que:
“El hecho de que durante tres horas (los ministros) hayan discutido muestra que no había entre ellos unanimidad de opiniones, y que, en tanto que algunos se inclinaban por una inmediata resolución extrema, otros disentían francamente de esa proposición”.
Es decir, unos querían que México entrara a la guerra, y otros no.
El comunicado oficial informó sobre los resultados de la sesión del Consejo de Ministros:
“Se está en el caso de que, de conformidad con nuestros preceptos constitucionales, el Presidente de la República se dirija a la Comisión Permanente para que convoque a periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a efecto de que, dentro de nuestra misma norma constitucional, dicte las leyes correspondientes que faculten al Primer Magistrado de la Nación para hacer la declaratoria de que existe un estado de guerra de México con los países del Eje y para adoptar las medidas inherentes”.
Tal fue la posición y la decisión del gobierno.
En el siguiente artículo veremos cuál fue la postura asumida por Acción Nacional.
Estatismo sin energía
La clase gobernante mexicana de la actualidad es insignificante, mediocre, ruin, altanera y tramposa.
No existe en la vastedad del oportunismo, el populismo y la demagogia, un mínimo de responsabilidad o de visión.
Todo el orden democrático está siendo destruido al calor de la consigna, la zalamería y la soberbia que quienes, cual horda, destruyen sin construir, amparados en sus propias versiones de la mentira y la supuesta representación de un pueblo tan abstracto como lo absurdo de sus decisiones.
La economía del país no escapa a esta dinámica.
Ha renacido entre los “gobernantes” la fiebre del estatismo, el repudio a la iniciativa personal, la denostación de “los privados” y la compulsiva toma de decisiones antieconómicas, por parte de funcionarios y legisladores que jamás han creado riqueza, pero que están prestos a repartir la ajena o a destruir la de todos los mexicanos.
Con gran orgullo, la 4T acaba de enterrar la reforma energética de los tiempos de la transición.
Amparados en las retrógradas defensas de una industria petrolera decadente y un sector eléctrico insuficiente y deficiente, los legisladores morenistas procedieron a aprobar la iniciativa presidencial que pretende revivir a una industria paraestatal inviable y darle preponderancia al Estado en un sector al que solo debería cobrarle impuestos.
El régimen construye una dominación económica de la mano a la dictadura política, sudando calenturas de empresario ficticio, de patrono de una soberanía ilusoria, de inversionista pobre y de actor económico cuya preponderancia dejará al país sin energía, por la terquedad de desplazar y denostar a quienes sí generan riqueza y bajarían los precios a los consumidores explotando eficientemente el petróleo y la electricidad.
Mientras más estatismo hay en el sector energético, menos petróleo se produce, más crudo y petroquímicos se importan, menos generación y disponibilidad de energía eléctrica hay a nuestro alcance y más obsoletas son las tecnologías que se usan para aprovechar el potencial de las energías limpias, la eficiencia energética, los ciclos combinados y demás avances que registra un sector que en el mundo se desarrolla a pasos agigantados.
La nueva legislación aprobada esta semana por la clase política, ignora de plano las realidades de los mercados petrolero y eléctrico a nivel mundial; desconoce los procesos de financiamiento que se requieren para asegurar la viabilidad de las inversiones en el sector; desdeña las inmensas posibilidades de que las familias generen riqueza desde sus casas mediante la generación distribuida de electricidad y calor; relega los avances tecnológicos capaces de incrementar la producción, eficientar los consumos y reducir los costos que pagan los consumidores domésticos e industriales.
Su ignorancia económica es tal, que no pueden soportar el funcionamiento de un mercado energético que llenaría las arcas públicas con impuestos y prefieren al estatismo que sangra las finanzas nacionales con déficits y subsidios.