La corrupción tiene su ciencia
El combate a la corrupción ha sido uno de los pendientes que las nuevas administraciones prometen, con cada renovación, combatir y acabar con ella. Sin embargo, los resultados obtenidos son decepcionantes y frustrantes.
Esta situación ha generado apatía y desinterés por parte la gran mayoría de la sociedad, para involucrarse en los asuntos públicos.
En las últimas semanas, la agenda pública ha sido dominada por un tema: la persecución realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 destacados investigadores y gestores de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
La FGR determinó acusar de delincuencia organizada, lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita y demás delitos a un conjunto de investigadores quienes administraron recursos públicos y privados y a quienes se les acusa de abuso y enriquecimiento.
Al respecto, la estridencia del evento ha generado fuertes críticas y oposición a las acciones emprendidas por la Fiscalía General, además de que ha mostrado que antes que una lucha y cumplimiento del compromiso del combate a la corrupción, se anteponen la venganza y persecución política.
La estridencia y narrativa de la agenda pública nos ha llevado a confrontarnos; sin embargo, dicha confrontación que divide a los espectadores y los alienta a un pleito, impide ver las cosas de fondo.
La simplificación de abordar el tema y reducirlo a un asunto de filias o fobias políticas, nos ha impedido acercarnos y provocar una discusión sana que permite una revisión crítica de los modelos de asignación, aplicación, control y evaluación de los recursos públicos, muy limitados por cierto, para el apoyo científico y tecnológico, que representan menos de 1% del total de PIB del país.
Desde hace décadas, los apoyos científicos y el acceso a becas o puestos de investigación científica, desarrollo docente, académico, tecnológico y de innovación han sido apropiados por diversos sectores de elites científicas y académicas quienes determinan quién, cómo, cuánto y hasta cuándo se reciben apoyos financieros.
Lamentablemente, entre los científicos, la asignación de plazas docentes de cualquier tipo hasta el acceso a recursos financieros para el desarrollo de investigación científica o tecnológica se caracteriza por simulaciones o farsas de concursos meritocráticos, en cualquier institución de cualquier nivel.
Existen historias que destacan por el uso y abuso de recursos públicos, por venganzas académicas, por el favoritismo hacia determinados integrantes docentes y por la prestación de favores, que después serán cobrados, que determinan el acceso a recursos públicos.
Es decir, lo que realmente hubo fue un uso patrimonialista de estos recursos por parte de estos científicos, quienes privatizaron recursos y espacios públicos para favorecer a quienes ellos consideraran adecuados, sin mediar procedimientos meritocráticos sino por el contrario que permitieran la reproducción de un modelo que habilitará a los mismos sectores.
La discusión debería centrarse en la determinación de modelos de acceso al financiamiento de recursos públicos, caracterizados por la implementación de diversas herramientas determinadas por criterios de asignación transparentes y procesos de rendición de cuentas, que sancionen de forma ejemplar desvíos o uso inapropiado de estos recursos.
De igual manera, se deben sancionar cualquier conducta que genere beneficios personales y privados a costa de condicionar el acceso al financiamiento público, de apoyo a iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación.
El reto supone no erradicar modelos de desarrollo necesarios y urgentes, sino el diseño de modelos de revisión, asignación y control y evaluación científica que permita elegir de forma imparcial entre los múltiples proyectos científicos tan necesarios para el desarrollo nacional.