La desaparición de los órganos autónomos y el ocaso de los contrapesos democráticos
Con esta medida, se debilitan los contrapesos que históricamente han equilibrado el poder en el gobierno federal, marcando un punto crítico en el proceso de centralización y autoritarismo.
Desde hace tiempo, el Congreso de la Unión ha dejado de ser un contrapeso efectivo al Ejecutivo.
Esta dinámica se consolidó cuando las autoridades electorales permitieron la sobrerrepresentación artificial de Morena en la Cámara de Diputados, garantizando así la mayoría calificada.
En el Senado, las presiones políticas y las amenazas, respaldadas con presuntas carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, lograron el mismo objetivo.
Esta sumisión legislativa fue clave para aprobar reformas que minaron la independencia de los poderes.
Entre ellas, destaca la que debilitó al Poder Judicial, el cual en diferentes ocasiones emitió fallos que declararon inconstitucionales algunas reformas promovidas desde Palacio Nacional.
Por eso, esta medida legislativa parece más un acto de revancha que de justicia, con el claro propósito de someter a una de las últimas instituciones independientes.
Ahora, la desaparición de órganos clave como el INAI, el IFT, la CRE, la CNH, el CONEVAL y MEJORAEDU, entre otros, profundiza el debilitamiento institucional.
Estos organismos no solo garantizaban transparencia, eficiencia y neutralidad en áreas estratégicas, sino que representaban la voz de sectores diversos en la toma de decisiones gubernamentales.
Al eliminarlos, se consolida un régimen donde las opiniones contrarias al oficialismo son descartadas, y se erosiona la confianza ciudadana en el Estado.
Este movimiento no solo representa una pérdida para la democracia mexicana, sino también un golpe a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
La gobernabilidad actual enfrenta una paradoja inédita en los tiempos modernos; dos figuras ejercen simultáneamente el poder ejecutivo.
Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, legítimamente electa.
Por otro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien continúa ejerciendo una influencia determinante sobre las decisiones legislativas.
El control que López Obrador mantiene sobre los líderes parlamentarios de Morena subordina la gestión de la actual mandataria, generando un ambiente de incertidumbre política.
Esta dualidad de poder amenaza con desestabilizar la gobernabilidad democrática y consolidar un modelo político donde las decisiones se toman desde fuera del ámbito constitucional.
Es momento de que los líderes de Morena en el Congreso reflexionen sobre su papel histórico.
No se puede seguir alimentando un culto a la personalidad, especialmente cuando las decisiones adoptadas afectan la democracia y la economía nacional.
La centralización del poder y la hostilidad hacia sectores productivos y generadores de empleo son estrategias que, lejos de beneficiar al país, profundizan las desigualdades y frenan el crecimiento económico.
México no puede permitirse un “presidente en la sombra”.
López Obrador debe ceder completamente el control a la presidenta en funciones y reconocer el término de su mandato.
Continuar gobernando desde su rancho no solo desacredita a su sucesora, sino que compromete el futuro democrático del país.
La desaparición de los órganos autónomos y el sometimiento del Congreso al ex presidente son síntomas de un sistema político que retrocede hacia el autoritarismo.
Si queremos preservar la democracia y fortalecer nuestras instituciones, es fundamental reconocer la legitimidad de la actual presidenta y construir un gobierno basado en la independencia de los poderes, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.