Gentrificación en la Ciudad de México
En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto la crisis inmobiliaria en la Ciudad de México derivado de la irrupción de aplicaciones digitales como Airbnb, la cual ha provocado que considerables zonas urbanas encarezcan los montos del alquiler y generen un fenómeno de expulsión de habitantes de dichas áreas.
En este sentido, la frase coloquial respecto a la movilidad social, sobre todo cuando comprende una mejora económica de "puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti", ahora se trastoca por es bueno salir del barrio cuando implica dejar la pobreza, porque de lo contrario si el barrio sale de pobre, éste terminará por sacarte.
Este fenómeno de expulsar habitantes de zonas urbanas atractivas o con mejoras en su infraestructura, denominado gentrificación, deriva de las mejoras del paisaje urbano y recuperación del espacio público.
Ambas tareas tienen una dosis importante de participación de programas públicos, es decir, el incremento del alquiler en ciertas áreas en donde ha pasado de 10 mil pesos mensuales, unos 500 dólares estadounidenses, hasta 86 mil pesos mensuales, unos 4,400 dólares en promedio, hablan de lo agresivo que supone elevar el alquiler de estos espacios inmobiliarios.
Se podrá argumentar que es propiedad privada, que no se puede menoscabar o limitar el uso y explotación del patrimonio individual, lo cual es cierto, sin embargo, la mejora en la calidad de vida y en la infraestructura deriva también de la intervención gubernamental para mejorar los parques, el asfalto, la iluminación, el drenaje y el abastecimiento de agua, y no pocas veces estas mejoras en la inversión no están soportadas por el cumplimiento en los derechos e impuestos locales que permiten hacerlo, como lo es el predial.
Por tal motivo, se hace necesaria una revisión y regulación de este nicho de negocio.
Es cierto que se generan empleos y beneficios, es cierto que se impulsa el turismo, aunque también se edifican espacios laborales nómadas, donde trabajadores a distancia o remotos, obtienen el mayor beneficio de sus remuneraciones en ciudades donde hay una buena calidad de vida, pero el costo de la misma no es elevado.
Al mismo tiempo, debe reconocerse que estos beneficios y mejoras derivan directamente de la intervención gubernamental por lo que la calidad de vida enfocada a los habitantes originales de estos lugares debe ser reconocido y protegido, sobre todo porque debe obedecer a regulaciones de convivencia y buena vecindad, donde se respeten usos de suelo y sobre todo se restrinja la multiplicación de desigualdades.
De lo contrario, estas prácticas de encarecer los usos de suelo, haciendo de zonas residenciales oficinas móviles terminan expulsando a aquellas personas que no cuentan con las posibilidades de preservar su entorno social.