Bartlett, ¿daño colateral?
En el verano de 1986 había un frenesí en el Capitolio.
Se llevaban a cabo las audiencias del Irán-Contras, donde el Comité Selecto del Senado investigaba el intercambio de armas por dinero con el régimen del ayatollah Ruhollah Jomeini en Teherán.
Eran los tiempos de la Guerra Fría. John D. Negroponte, desde su puesto de embajador en Honduras, había construido junto con la CIA un ejército de mercenarios, los “contras”, para luchar contra el régimen sandinista.
Las armas eran para ellos y la investigación se centraba en si Reagan sabía de ese acuerdo secreto, que violaba la Enmienda Boland, que prohibía específicamente la ayuda militar a la contra.
El testigo estelar era el coronel Oliver North, especialista en Centroamérica en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.
En el primer día de testimonio, que desbordaba la audiencia, se colocaron dos mesas grandes con documentos —algo normal—, y en una de ellas estaba el testimonio de Víctor Lawrence Harrison, un testigo protegido de la DEA, de 59 páginas.
La declaración parecía ajena a lo que se hablaba ahí, y nunca fue tema en los intensos interrogatorios de los abogados del Senado a North.
El testimonio de Harrison implicaba al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en el crimen de Enrique Camarena, el agente de la DEA que había sido asesinado un año antes por órdenes de Rafael Caro Quintero, segundo a bordo en el Cártel de Guadalajara.
La atención estaba puesta en Irán y Nicaragua, no en Camarena.
Pero para México tenía una enorme relevancia porque era la primera vez que quedaba expuesta la alianza entre el narcotráfico y las más altas esferas del gobierno.
No avanzó la denuncia en aquellos tiempos del neoliberalismo, ni tampoco en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, como el entonces presidente Carlos Salinas, lo protegió nombrándolo director de la Comisión Federal de Electricidad y moviendo su máquina de propaganda para encubrirlo cuando fue recapturado Caro Quintero en 2020, por presiones de la Administración Biden.
La defensa se centraba en la acusación de que la CIA había ordenado el asesinato de Camarena, esperando que con tantos decibeles todos se olvidaran de Bartlett, como salvo para algunos sucedió.
Hoy Bartlett, que tras el término de la administración obradorista ha guardado un perfil muy bajo, está de nuevo bajo los reflectores porque el gobierno de la presidenta Sheinbaum desterró a Caro Quintero el jueves pasado a Estados Unidos, como parte de una estrategia desesperada para que el presidente Donald Trump no imponga aranceles este martes.
Después de casi cuatro décadas de pedir su extradición a Estados Unidos, les cayó como el año pasado Ismael El Mayo Zambada, del cielo, en forma expedita y sin ningún trámite judicial.
Caro Quintero se declaró inocente al llegar al juzgado en Brooklyn, pero todo apenas comienza.
La DEA, que hizo del caso Camarena su leitmotivy argumento para ganar presupuesto, nunca dejó de tener el ojo puesto sobre Bartlett.
La afirmación de que la CIA participó en el crimen de Camarena proviene de Phil Jordan, que era el director del Centro de Inteligencia en El Paso, y de Héctor Berellez, que encabezó la investigación de la DEA en México sobre el asesinato.
Ambos identificaron a Félix Rodríguez, una figura legendaria de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos y en la persecución y el asesinato de Ernesto Che Guevara. Rodríguez, que vive retirado en Miami, donde hay una importante comunidad de exveteranos de la CIA, fue la pieza central de las operaciones de la contra en América Central.
Jordan y Berellez llegaron a la conclusión sobre Rodríguez por el mapa de navegación que dibujó Harrison, que era asistente de Ernesto Fonseca, Don Neto, que también fue acusado y purgó condena en México por el asesinato de Camarena.
Harrison mencionó directamente a Bartlett de haber sido actor importante en el asesinato de Camarena y de Manuel Buendía, el columnista político más influyente del último cuarto del siglo XX, que estaba investigando un mes antes de su muerte la relación de políticos mexicanos con el narcotráfico.
Buendía me había comentado poco antes de que lo mataran que había encontrado la pista del contrabando de armas desde Texas a Honduras a través de México.
Tras su muerte, Excélsior documentó la participación del Cártel de Guadalajara en esa operación, donde en pipas de Pemex metían drogas a Texas y regresaban con armamento.
En los 90 publiqué un informe confidencial que realizó un grupo al mando de Samuel del Villar, que trabajó en Los Pinos con el presidente Miguel de la Madrid como el arquitecto del proyecto de renovación moral, que concluyó que el asesinato de Buendía se decidió un mes antes de ejecutarse a finales de mayo de 1994, autorizado por Bartlett y el entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, bajo el supuesto de que el columnista tenía detalles de la narcopolítica mexicana.
Bartlett siempre ha negado enfáticamente todas las imputaciones sobre el crimen de Camarena Salazar que, sin embargo, nunca han dejado de perseguirlo, incluso con afirmaciones de que si viajara a Estados Unidos podría ser detenido, lo que nunca ha desmentido, ni se sabe de alguna visita a ese país en estos largos años.
Arévalo Gardoqui fue señalado en Estados Unidos de estar metido en el tráfico de marihuana.
En 1987, el coronel North fue encontrado culpable de encubrimiento y acciones ilegales en el caso de los Irán-Contras, y contra su voluntad, Reagan lo tuvo que correr.
En 1991, el presidente George H.W. Bush, exdirector de la CIA, lo perdonó y se convirtió en comentarista de Fox News —la cadena preferida de Trump— y representante de la poderosa Asociación Nacional del Rifle.
Aquel episodio se cerró, dejando solo abierto y vivo, a partir del testimonio de Harrison, el asesinato de Camarena y la presunta responsabilidad de Bartlett en aquel crimen que narcotizó la relación bilateral con EU y que hoy cobró una nueva vigencia con la acusación de Trump de que existe una “inaceptable alianza” entre el gobierno y los cárteles de la droga.