FAM: una nueva política migratoria
Si quisiéramos caracterizar en pocas palabras a la política migratoria del gobierno de López Obrador, no dudaría en llamarla contradictoria (por el cambio abrupto de la postura presidencial de la apertura a la militarización migratoria) y, en sus resultados, contraria al interés nacional de México.
No me sorprendió tanto, entonces, encontrar en la propuesta de política migratoria del Frente Amplio por México (FAM) “Hacia un Programa de Gobierno 2024-2030" una serie de sugerencias de políticas públicas que buscan poner de nuevo sobre los pies a una política migratoria que AMLO puso de cabeza.
“Actualmente”, leemos en el documento, “la política migratoria y el marco regulatorio mexicano son un listado de principios progresistas y garantistas que en la realidad se incumplen y contradicen.
La política migratoria se ha militarizado, complicando aún más la situación para los migrantes y minando la reputación del país”.
¿Cómo revertir esta situación migratoria lamentable?
Los analistas del Frente Amplio por México sugieren lo siguiente:
- Que la política migratoria y de refugio privilegie la seguridad y los derechos de los migrantes.
- Que considere los factores internos y externos de la migración.
- Que promueva la ampliación de vías a la migración laboral.
- Que fortalezca los sistemas de refugio en todo el continente.
- Que dote a las instancias responsables de los recursos presupuestarios para su buen funcionamiento.
En el estado de Guanajuato existe la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en la estructura del gobierno estatal. Su misión y alcance en la atención a migrantes mexicanos en Estados Unidos, del cual tengo buenas referencias en el estado de Georgia, pueden servir de modelo (al igual que otros organismos estatales que atienden a migrantes mexicanos en el exterior en Zacatecas, Michoacán, Veracruz, etcétera) a replicar al nivel federal.
En el programa del Frente Amplio por México no se contempla, pero la idea de elevar a rango de Secretaría de Estado la atención a los migrantes (actualmente hay una Subsecretaría de Población y Migración y un Instituto Nacional de Migración, ambos en la Secretaría de Gobernación), tanto los mexicanos hacia el exterior como los extranjeros hacia México, vale la pena discutirla.
En Guanajuato, por ejemplo, dicha Secretaría del Migrante tiene como misión diseñar y difundir políticas públicas sobre hospitalidad, interculturalidad, enlace internacional y la atención integral y respeto a los derechos de los migrantes, sus familias y sus comunidades de origen con la colaboración de los diferentes actores del Estado de Guanajuato.
Su proyección se hace a través de Oficinas de Enlace del Gobierno de Guanajuato en el Exterior y trabaja de manera conjunta con organizaciones guanajuatenses en el exterior para brindar servicios y trámites a los migrantes guanajuatenses.
Volviendo al programa del FAM
Lo que propone a nivel federal es “restructurar y fortalecer a la Subsecretaría de Población y Migración, contar con información estadística precisa y actualizada, replantear la política de visas para abrir nuevas modalidades y fortalecer el sistema de refugio en su conjunto.”
El Programa de Gobierno establece que en este tema resultan fundamentales la cooperación y la coordinación internacional: “la posición de México como país de origen, tránsito y destino migratorio y de refugio obliga a contar una visión regional que contemple la comunicación y coordinación con Estados Unidos, principal destino de nuestra migración y con los países centroamericanos y caribeños, principal origen de transmigrantes e inmigrantes.”
Con ese fin, para el FAM se torna indispensable reactivar los mecanismos regionales de concertación y desplegar una mayor participación en los foros hemisféricos y globales, contrario a la retirada de esos foros que se observó en el gobierno de López Obrador.
En conclusión, el diagnóstico de las fallas e insuficiencias de la política migratoria de la Cuarta Transformación se resume en lo siguiente:
“La indefinición en el gobierno federal sobre la instancia que diseña la política migratoria de México, como consecuencia de los cambios administrativos y el desplazamiento de funciones, ha generado ambigüedad, opacidad y conflictos de interés en las dependencias responsables”.
No fue una buena respuesta de AMLO reducir la política migratoria a las acciones del Ejército y la Guardia Nacional. Militarizar al país no fue una buena idea en general, y fue la peor posible en lo que concierne a la migración.
El costo de esas malas decisiones está a la vista: los migrantes que vienen o transitan por el país sufren los abusos del crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal de respetar sus derechos.