Le llegó la hora a Cuauhtémoc
La suerte de Cuauhtémoc Blanco se hizo pública el 3 de enero, cuando en una gira en Xochitepec, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que para atender la seguridad no se necesita tener la mano dura, sino honestidad y justicia.
Ocho días después, el gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González, interpuso las primeras cuatro denuncias penales por presuntos actos de corrupción durante la administración de Blanco.
La declaración presidencial le dio el visto bueno a la gobernadora para actuar contra Blanco y su entorno, que durante seis años protegió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su afán para que Morelos pasara a manos de Morena, sacrificó a los morelenses.
Blanco fue el gobernador peor evaluado o uno de los que durante toda su administración estuvo al fondo de la tabla. Desinteresado de los asuntos públicos –llegó a la política mediante un pago de 7 millones de pesos que le dio el partido Social Demócrata, según denuncias de la prensa morelense–, dejó el poder a su jefe de oficina, José Manuel Sanz, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, y repartió la toma de decisiones con su medio hermano, Ulises Bravo.
Las acusaciones de corrupción de su entorno fueron congeladas por López Obrador, a quien tampoco le importó la putrefacción que se profundizó durante el reinado de Blanco.
La declaración de Sheinbaum en Xochitepec se refería a este tipo de primera acción para enfrentar la seguridad.
Morelos no era un estado donde la criminalidad estuviera atomizada, sino concentrada en el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que, cuando fue liquidado por la Marina su jefe Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009 en Cuernavaca, se dividió y Los Rojos se quedaron con la plaza morelense y el corredor Amacuzac-Chilpancingo.
Pero desde que asumió Blanco la gubernatura, a fines de 2018, la degradación de los sistemas de seguridad y su incompetencia dispararon el fenómeno de la violencia.
Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible, incrementándose los secuestros y las extorsiones.
Durante su gobierno se amplió con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo local Comando Tlahuica, que controlaba el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y, más recientemente, el Cártel Unión Tepito.
Blanco entregó Morelos a González como la segunda entidad más violenta del país, con una tasa de homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 6.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, entre enero y noviembre del año pasado.
En ese periodo se intensificó la narcopolítica, que quedó develada en la primera semana de enero de 2022 cuando El Sol de México publicó una fotografía del gobernador con los líderes en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación y el jefe del Comando Tlahuica.
Blanco intentó defenderse afirmando que “eran tan buena gente que se tomaba fotos con todo el mundo”.
La declaración no frenó la tormenta que le cayó encima, por lo que presentó días después una denuncia “contra quien resulte responsable” de hacer campaña en su contra, identificando a los “narcopolíticos” a quienes había acusado de lanzarla cuando salió la fotografía, encabezados por el exgobernador Graco Ramírez y el excomisionado de Seguridad Alberto Capella.
Los dos negaron las imputaciones y Capella abundó: hay nueve fotografías de Blanco con los mismos líderes, que se suponía eran enemigos a muerte.
El gobernador elevó la apuesta y amplió la denuncia, incluyendo en las listas de vinculación con el narcotráfico a jueces, fiscales, policías estatales y municipales.
- La narcopolítica en Morelos quedó expuesta en todo su esplendor y ventilada en la prensa.
- Eran suficientes elementos para una investigación federal, pero no sucedió nada.
- López Obrador tapó todo y blindó a Blanco con una diputación plurinominal y fuero.
- El estado se encuentra en un hoyo negro del que quiere salir.
- Hoy se encuentra como la entidad 8 en número de homicidios dolosos, pero falta mucho por restablecer lo que fue hace mucho tiempo.
- El andamiaje de la narcopolítica permitió que hoy en día haya 18 alcaldes, de un total de 33, con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, se tienen identificados a varios diputados federales que también son cómplices de las organizaciones criminales.
Las investigaciones están en curso sobre alcaldes, legisladores y juzgadores, incluido el fiscal Ulises Carmona, pero la red tiene muchos nudos en la cadena de complicidades.
No obstante, las acciones sugieren que se puso en marcha un laboratorio de prueba en Morelos en el tema de la seguridad, la delincuencia y la narcopolítica.
En contraste, hay otros gobernadores con denuncias públicas e informes del gobierno federal sobre su relación con cárteles de la droga, como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y más cuyos expedientes criminales tiene la Presidenta, contra los que no se han anunciado acciones.
Ni siquiera contra Rocha Moya, cuyo aparato de procuración y administración de justicia participó en el encubrimiento del exdiputado y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.
No se sabe hasta dónde va a llegar la investigación, ni cuál será el nivel donde tope.
Pero el mensaje está claro: la impunidad total que recibieron políticos incondicionales de López Obrador se va a ir desmantelando.
Blanco fue protegido por el expresidente hasta que se volvió insostenible por su pésima fama pública.
Llegó a considerarlo como candidato al Gobierno de la Ciudad de México, pensando en su momento que su popularidad le daría a Morena el triunfo, y al volverse inviable para un cargo de tan alto perfil, lo imaginó compitiendo por la alcaldía Cuauhtémoc.
No le alcanzó al expresidente más que para el Congreso.
Si las investigaciones no se frenan, el microcosmos de narcoestado que es en lo que se ha convertido Morelos se puede desmantelar.
Es un horizonte promisorio, pero sobre todo necesario.
Morelos fue una de las muchas entidades que pasaron a ser controladas por criminales en complicidad con sus gobernantes durante el gobierno de López Obrador, una terrible pesadilla que sigue viviendo el país como herencia, a cuyos habitantes dejó el expresidente como rehenes de los criminales.