Riva Palacio DETONA: La violencia no ha cesado en el país, pero en el epicentro de la atención pública, Sinaloa, claramente el gobierno federal está siendo derrotado.

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En vísperas de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, decía que la definición del éxito de la nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada sería la pacificación de Sinaloa.

Recién había comenzado la guerra interna del&nbsp;Cártel de Sinaloa, que no necesitaba diagnóstico para saber lo que representaría.

Existía la experiencia por un fenómeno similar en la misma organización en 2008, cuando la implosión por traiciones de sus líderes comenzó en enero con matanzas que se extendieron por cuatro meses antes de ser controlada.

Hoy, la guerra interna en el cártel duplica ese periodo en batallas que no tienen para cuando acabar.

Sinaloa se está convirtiendo en la metáfora de un gobierno que enfrenta a los cárteles, pero no puede con ellos.

Todos los días hay un parte policial de acciones, detenciones y decomisos, pero los asesinatos no cesan y cada vez hay más soldados y policías que son eliminados por los criminales.

Cada semana informa el gobierno que el índice de homicidios dolosos ha bajado significativamente, pero choca con el espejo de los escépticos que les recuerda que están comparando peras con manzanas, desinformando a la población con trampas metodológicas que proyectan bajas en ese tipo de delitos mientras el número de desaparecidos se ha ido elevando imparable y significativamente.

La violencia no ha cesado en el país, pero en el epicentro de la atención pública, Sinaloa, claramente el gobierno federal está siendo derrotado.

La guerra comenzó el 9 de septiembre del año pasado en Culiacán, como consecuencia de la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín&nbsp;El Chapo&nbsp;Guzmán, a su padrino, Ismael&nbsp;El Mayo&nbsp;Zambada, que en una operación clandestina el 25 de julio coordinada por el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, fue capturado en Culiacán y trasladado subrepticiamente a Nuevo México.

Como resultado de aquella acción, este martes Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, pospuso su audiencia en Chicago, programada coincidentemente para el viernes, porque está por llegar a un acuerdo con los fiscales estadounidenses para cooperar con ellos.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre y diciembre del año pasado, se cometieron 656 homicidios dolosos en Sinaloa, de los cuales, más de 50% se registraron en octubre y noviembre.

Datos de la Fiscalía General del Estado muestran una tendencia al alza en los crímenes, superando sistemáticamente la cifra de 200 por mes, cerrando el periodo enero-abril de este año en 847 personas asesinadas.

Esto es lo que describió el lunes pasado el gobernador Rubén Rocha Moya –otra de las metáforas de la tragedia sinaloense– como “un problemita”.

La guerra del&nbsp;Cártel de Sinaloa&nbsp;comenzó al revés de lo que son las guerras en la capital, en lugar de ser la última en ser afectada por la violencia, por una razón simple: era el santuario de los hijos de&nbsp;El Chapo&nbsp;Guzmán.

Pero no comenzó con ellos siendo atacados, sino con ellos tratando de aprovechar la ausencia del jefe,&nbsp;El Mayo&nbsp;Zambada, y atacando la periferia de Culiacán, que es semirural, y la parte baja de la sierra, los bastiones de las milicias mayistas.

Era el intento de los Guzmán por quedarse con el control del cártel, pero no calcularon bien la fuerza de la mayiza. Gradualmente los frenaron y los fueron repeliendo.

Les quitaron la iniciativa y poco a poco también les fueron arrebatando Culiacán, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano de sus operaciones.

El lunes, en vísperas de iniciar el octavo mes de guerra en Sinaloa, la violencia se extendió por muchas partes del estado. Informes de la Secretaría de la Defensa citados por&nbsp;El Sol de México&nbsp;–que tiene en Culiacán a un reportero, Juan Veledíaz, con gran acceso a los militares–, la sacudida violenta alcanzó municipios que eran considerados “tranquilos”, como Mocorito, Salvador Alvarado y Guasave, en el norte del estado, donde prácticamente no había enfrentamientos.

De acuerdo con la información del diario, se debió a la presunta alianza entre los grupos que responden a Ismael Zambada Sicairos, apodado&nbsp;El Mayito Flaco, segundo hijo del exlíder del cártel que está disputando el control de la organización con Iván Archivaldo Guzmán, con Fausto Isidro Meza Flores, El&nbsp;Chapo Isidro, una fuerza criminal autónoma que controla el norte de Sinaloa y que, hasta ahora, se había mantenido al margen del conflicto entre las dos facciones dominantes del cártel.

Los chapitos&nbsp;no forjaron ninguna alianza con otra organización criminal y, de acuerdo con fuentes del más alto nivel del gobierno federal, las versiones de un acuerdo con el&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación&nbsp;no eran ciertas.

La guerra parecía encontrarse en una especie de empantanamiento hasta este lunes, cuando se experimentó la violencia en regiones que se habían mantenido relativamente al margen de ella, con la participación de&nbsp;El Chapo Isidro, que aumentó la capacidad de fuego de la mayiza y, que por lo que se vio, parece haber modificado la correlación de fuerzas en Sinaloa.

La confrontación ha sido narrada puntualmente por la prensa en Sinaloa, informada y valiente como pocas, cuyos despachos de guerra muestran a dos fuerzas paramilitares irregulares que no se detienen por la presencia de las Fuerzas Armadas ni de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo trabajo de inteligencia le da para detener a criminales y decomisar armas y dinero, y para destruir sus laboratorios de drogas, pero sin mermarles recursos y capacidad de fuego, ni arrebatarles control territorial.

Las fuerzas federales están sentadas en la segunda fila de un conflicto que no pueden controlar.

La nueva estrategia centrada en la pacificación de Sinaloa está reducida a palabras y buenos deseos.

Quizás, con el reacomodo de las fuerzas criminales que se observa, tras nuevos picos de violencia, la facción ganadora regrese la tranquilidad y la gobernabilidad a Sinaloa.

<h6 class="subtitle underlined">Esa nueva&nbsp;pax narca&nbsp;que añoró el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando estalló la guerra hace siete meses, volverá a definir al gobierno en la lucha contra los cárteles de la droga.</h6>

Opinión

Siete meses de guerra

Riva Palacio DETONA: Beatriz Gutiérrez Müller se metió en designaciones de embajadores, en todos los ámbitos de la cultura, reclutó historiadores, escritores y periodistas para elaborar una obra epopéyica sobre López Obrador, manipulando los asuntos de gobierno.

El viernes pasado al mediodía, el usuario en X que se identifica como @vampipe, una cuenta anti-régimen que exuda creatividad y buen humor, y que lleva a cabo un marcaje personal sobre las principales figuras del poder obradorista, publicó una fotografía de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, especulando si habría ido a solicitar la nacionalidad española.

La especie detonó cataratas de críticas a la señora Gutiérrez Müller por la incongruencia de sus actos agresivos y dolosos contra España, dañando una relación histórica de fraternidad y solidaridad, cuyas heridas se mantienen hasta ahora.

No había prueba de nada, pero lo circunstancial de la escena captada en la fotografía y el nefasto pasado político de Gutiérrez Müller provocaron reacciones bajo el supuesto de que era cierta la especie.

Se habría esperado un desmentido, pero no llegó.

La esposa de López Obrador, que fue una guerrera autoritaria durante su sexenio, guardó silencio.

Su última actividad en X, por donde suele comunicarse, no tiene actividad desde el 7 de abril.

Tampoco hubo quien, de las figuras del régimen, entrara a la discusión en la arena pública.

Silencio total.

Este martes, el periódico&nbsp;ABC&nbsp;de Madrid, uno de los más sólidos de España, publicó la confirmación.

“Nieta de españoles, estaría haciendo uso de la Ley de Memoria Democrática para ello”, apuntó su informado corresponsal en México, Milton Merlo, citando fuentes diplomáticas.

“La obtendría en un plazo de dos años, aproximadamente”.

Una vez más, silencio total.

Si las especulaciones durante el fin de semana dejaron a los obradoristas sin articular una salida mediática coherente, la confirmación en&nbsp;ABC&nbsp;debe haber sido como un tiro al corazón.

Gutiérrez Müller formaba parte del círculo íntimo del presidente López Obrador, con voz y voto, con veto y capacidad para meterse en decisiones de Estado y políticas públicas.

Quizás la más dañina para el país fue la construcción de los nuevos Libros de Texto Gratuitos, que encargó a Marx Arriaga, su incondicional colaborador, quien encabezó un equipo que entregó, de acuerdo con los expertos, libros llenos de errores conceptuales, pedagógicos y didácticos.

<h4 class="subtitle">Eran malos y resultaron inútiles.</h4>

Gutiérrez Müller se metió en designaciones de embajadores, en todos los ámbitos de la cultura, reclutó historiadores, escritores y periodistas para elaborar una obra epopéyica sobre López Obrador, manipulando los asuntos de gobierno, como fue un encuentro en octubre de 2023 de presidentes y cancilleres latinoamericanos en Palenque, donde está el rancho de López Obrador, para hablar de la migración a Estados Unidos, que surgió de una idea de su esposa para incorporar la reunión en el libro de su legado, proyectándolo como líder mundial.

También cabildeó con HBO para que le cancelaran un programa a Chumel Torres, por sus ocurrentes comentarios llenos de ácido contra López Obrador y sus dislates, y protestó airadamente a&nbsp;El Universal&nbsp;por publicar la fotografía de su hijo en silla de ruedas saliendo de una consulta en el hospital -que ella misma había hecho pública-, que le costó el trabajo a dos experimentados editores y a una reportera.

Pero lo que causó el escándalo por su revelada solicitud para la nacionalidad española es la autoría de la carta que envió López Obrador al rey Felipe VI en la primavera de 2019, donde le pedía que ofreciera disculpas a los pueblos originarios en México por los crímenes y atropellos durante la Conquista, con lo cual quería conmemorar la pareja los 500 años de la caída de Tenochtitlán.

La carta, que recogía el pensamiento de Gutiérrez Müller, fue rechazada por el gobierno de España, y provocó un choque con el Palacio de la Zarzuela y la Moncloa, así como por la mayoría de los partidos y la academia, generando sorna en medios españoles, que se contagió a otras partes del mundo.

<ul>
	<li>López Obrador, presionado por Gutiérrez Müller, no reculó.</li>
	<li>En marzo de 2022, puso en “pausa” la relación con España.</li>
	<li>¿Qué tanto era un asunto más personal que influido por su esposa?, no se sabe.</li>
</ul>

Pero desde la toma de posesión se vio que las cosas no andaban bien.

A la toma de posesión de López Obrador sólo se invitó a Felipe VI, pero no a la reina Letizia, en una descortesía que no se había dado en el protocolo mexicano.

El diferendo fue una de las herencias a la presidenta Claudia Sheinbaum, que en su toma de posesión no invitó al rey, pese a ser el jefe de Estado español, por no responder la carta.

Durante el sexenio de López Obrador no hubo ningún gobierno contra el cual se hubiera dado una relación hostil continua, con críticas permanentes a sus autoridades y empresas, que fueron demonizadas sistemáticamente.

Atrás de él siempre estuvo la palabra de Gutiérrez Müller, que pesó más que la cancillería, a la que también doblegó.

Su actitud contra la Corona fue personal e ideológica, que es parte de lo que ha brincado con las informaciones sobre la solicitud de la nacionalidad.

Sin existir confirmación oficial de ello, que para este momento sería extemporánea y se entendería más en la lógica de un control de daños, Gutiérrez Müller queda como incongruente e hipócrita, pero sobre todo como una desvergonzada después de los actos hostiles en contra de España.

Deja también en ridículo al régimen, que ha puesto a andar a su sicariato mediático para denostar a los expresidentes mexicanos que viven o vivieron en España y quienes optaron por cambiar de país su residencia.

A López Obrador lo deja en una posición sumamente incómoda, por entregarle el poder para atacar a España y satisfacer sus caprichos ideológicos, metiéndolo en un conflicto que no quiso ni pudo resolver.

Gutiérrez Müller no pagará las consecuencias de ello, porque no tenía responsabilidad política de los actos de gobierno, pero su esposo sí.

Lo ha desnudado su esposa, mostrando su fragilidad ideológica, inconsistencia política y una actitud embustera que se anidó y creció en la cueva de odio.

<h6 class="subtitle underlined">Faltaría el tiro de gracia: jurar obediencia y fidelidad a Felipe VI, hincándose ante la Corona española.</h6>

La doble traición de Beatriz

Riva Palacio DETONA: La carta de Sheinbaum fue un golpe de mano en Morena, que no le responde a ella, aunque aprobaron sus propuestas. Algunas de sus figuras consideran que el acuerdo fue más una concesión coyuntural que una medida de largo alcance.

<h5 class="handdrawn subtitle">El primer round en la lucha por el poder dentro del movimiento obradorista se lo apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum.</h5>

El Consejo Nacional de Morena respondió a una serie de recomendaciones que le envió en una carta, que inspiró un código de comportamiento aprobado por 249 de los 363 delegados que se reunieron este domingo en la Ciudad de México.

Los lineamientos impactan en el comportamiento y estilo de vida de los dirigentes de Morena y algunas de sus figuras más conspicuas.

La duda que queda no es si los romperán, sino cuándo lo harán.

Sheinbaum, una persona auténticamente austera en el mundo de la élite de Morena que se revuelca en la simulación, buscó restablecer la sobriedad de una clase política dirigente que se ha perdido en el alma de nuevo rico y su aspiración burguesa.

De sus propuestas surgieron normas que tienen destinatarios específicos, como el de la mesura, viajes en primera clase o fiestas ostentosas.

El dardo mayor es contra Pedro Haces, el número dos de Morena en la Cámara de Diputados, que suele hacer fiestas y comilonas en su rancho en el Ajusco, y tomar su helicóptero en los jardines de San Lázaro para ir a Toluca, donde toma su avión a diferentes destinos.

No se sabe si Haces dejará de hacerlo, porque como él afirma, todas esas propiedades y costumbres las tenía antes siquiera de entrar a la política. Junto con él, a quien le quedó el saco que antes le quedaba grande, fue a su compadre Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que ha sido beneficiario de los lujos de su camarada.

<h4 class="subtitle">Los criterios aprobados meten en contradicción a otras figuras de Morena.</h4>

Uno de ellos es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que ha hecho del exhibicionismo un estilo de vida pública.

Fernández Noroña luce con orgullo su camioneta híbrida Volvo –con un valor superior al millón de pesos–, y viaja en clase ejecutiva o en primera clase, hospedándose en hoteles de lujo.

Sin pudor alguno, está convertido en el rey de las&nbsp;selfies&nbsp;aspiracionistas.

Otro lineamiento, sobre la prohibición de ropa de marca y costosa, toca la vanidad disfrazada de Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente que, desde que era líder de la izquierda social, ya había mostrado su debilidad por ese tipo de vestimenta.

López Beltrán es el número tres de Morena, su secretario de Organización, pero con un poder implícito superior al de la líder nacional, Luisa María Alcalde, que fue muy cercano de Sheinbaum, pero que desde hace dos años le ha jugado las contras, sin que eso vaya a cambiar, según ha expresado a sus colaboradores.

Otro lineamiento impide utilizar vehículos blindados y escoltas, que afecta a muchos en Morena, pero quizás más a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que viaja en convoyes de autos blindados con una fuerte seguridad, incluso pagada por ella.

La carta de Sheinbaum fue inspirada en tres personas, los senadores Andrea Chávez, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, que aspiran a las gubernaturas de Chihuahua, Guerrero y Zacatecas en 2027, para quienes fueron hechos a la medida la prohibición de recursos públicos o privados para promover la imagen de quien aspira a un cargo de elección popular, cuya destinataria principal es Chávez.

Para los otros dos fue la regla contra el nepotismo, donde ningún candidato podrá suceder a un familiar en el mismo cargo.

Chávez sostiene que ninguno de los nuevos lineamientos tiene dedicatoria a ella, lo que no es cierto.

Sheinbaum ha tenido una creciente molestia contra ella por su promoción electoral anticipada, pero sobre todo porque es una pieza de Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, que es uno de los arietes en contra que tiene la presidenta.

López, que está apoyado por el expresidente, no ha sido leal a Sheinbaum, que carece de aliados en el Senado, una cámara de donde suele salir un alto número de gobernadores.

No quiere la presidenta que Chávez sea una más de ese bloque de gobernadores, que le deberían el cargo a su enemigo político.

El caso de la senadora ha sido el más controversial en los últimos meses.

En al menos dos ocasiones, la presidenta le pidió a Alcalde que frenara las aspiraciones de Chávez y que se encargara de que no se presente siquiera como candidata a la gubernatura.

Sin embargo, no va a ser fácil, como se empezó a ver cuando Sheinbaum, que anunció que daría a conocer su carta en la mañanera, optó por no hacerlo. Hacerlo habría sido prematuro, porque se estaban dando fuertes negociaciones entre los consejeros para buscar el consenso en torno a los lineamientos.

Una de las más difíciles negociaciones, que perdió Sheinbaum y ganó el senador López, tiene que ver con un artículo transitorio en el borrador del documento que se aprobó el domingo, que exigía la suspensión de cualquier acto que pudiera ser considerado como proselitista, de promoción personal o personalizado, que fue eliminado del texto final.

Sin esta restricción, la senadora Chávez podrá seguir haciendo campaña en Chihuahua, sin ninguna restricción política, ni legal, pues los órganos electorales están completamente colonizados por Morena.

Salgado Macedonio, cuya hija Evelyn Salgado gobierna Guerrero, y Monreal, cuyo hermano David Monreal lo hace en Zacatecas, dijeron cáusticamente que respaldaban los acuerdos.

Salgado Macedonio dio un videomensaje el domingo por la noche, donde se refiere a los avances en los lineamientos, pero no dijo nada de la regla contra el nepotismo.

Está totalmente en contra, y ya recibió las garantías del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que, llegado el momento, él será el candidato a gobernador.

Monreal no tiene esos apoyos, pero la posibilidad de que contienda por un partido que no sea Morena, es amplia.

La carta de Sheinbaum fue un golpe de mano en Morena, que no le responde a ella, aunque aprobaron sus propuestas.

<h6 class="subtitle underlined">Algunas de sus figuras consideran que el acuerdo fue más una concesión coyuntural que una medida de largo alcance, que no cambiará hasta que ella tome el control del partido, lo que no se ve en el horizonte.</h6>

Código contra la neoburguesía

Riva Palacio DETONA: Lo que quiere Estados Unidos es que la FGR abra investigaciones y procesos penales en contra de funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el crimen organizado.

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La relación entre México y Estados Unidos se encuentra en uno de los peores momentos de su historia.

No en lo cosmético, donde todo parecería marchar sobre miel, sino en el fondo.

Las dos últimas conversaciones telefónicas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump han sido calificadas como “muy cordiales” y “productivas”.

Pero cuando se cruza el lenguaje diplomático y se ve cuáles han sido los resultados de los contactos, no han llegado a ninguna parte.

Sheinbaum no ha logrado que Trump cancele aranceles en acero y aluminio, ni frenado las demandas en otros ámbitos como agua, jitomates o contaminación.

Mucho menos ha impedido la escalada de sus intentos intervencionistas ante lo que ve Trump como displicencia y negligencia en el combate a los cárteles.

La revelación del viernes pasado en The Wall Street Journal sobre la petición de Trump a Sheinbaum en su conversación del 16 de abril para permitir la participación de tropas estadounidenses contra los cárteles de las drogas fue confirmada por la presidenta al día siguiente.

Sheinbaum no necesitaba hacerlo.

En Washington nadie confirmó ni negó la información del diario, y ella pudo haber hecho lo mismo, pero por alguna razón, quizás para buscar consenso interno en momentos en donde su fuerza política real se ha disminuido –que disfrazan con la popularidad en las encuestas–, reconoció que, aunque con matices, era cierta la publicación.

El temor de Sheinbaum a que Trump llegara a pedir el envío de tropas se materializó.

Pero la mano dura, envuelta en terciopelo, la comenzó a sentir desde la visita de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, el 28 de marzo en Palacio Nacional, donde le dijo directamente, como lo reveló días después, que México “tenía muchos pendientes” en la lucha contra el narcotráfico y migración.

El encuentro estaba programado para durar media hora, pero como reveló Noem a la cadena Fox News tres días después, se prolongó por casi dos horas y fue “productiva”.

Pero, de acuerdo con detalles de la conversación a los cuales se ha tenido acceso, fue más que eso.

Podría decirse, incluso, amenazante.

Lo que quiere Estados Unidos es que la Fiscalía General de la República abra investigaciones y procesos penales en contra de funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Noem no proporcionó ninguna lista de nombres, pero el mensaje fue entregado.

En Washington no esperarán a que la presidenta instruya al fiscal Alejandro Gertz Manero a realizarlo, si es que en algún momento decide actuar en ese sentido, por lo que el Departamento de Estado está depurando una primera lista de mexicanos a quienes les retirará la visa.

De hecho, al día siguiente de ese encuentro revocó las visas de turismo y trabajo a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco, que cantó un corrido dedicado a Nemesio Oseguera, El Mencho, mientras proyectaban su imagen en el escenario en un palenque en Zapopan porque, como explicó el subsecretario Christopher Landau, “no vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”.

El 17 de abril, un día después de la llamada con Trump, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, fue detenido cuando intentó cruzar la frontera con Brownsville, y le retiraron la visa.

Visto en retrospectiva, Noem fue la mensajera que advirtió lo que vendría.

Sheinbaum y Trump han hablado alrededor de 55 minutos en dos semanas.

La última, el jueves pasado, duró 10 minutos, y sólo fue hablar para que los secretarios de Comercio y Tesoro, que han tenido reuniones bilaterales, se vuelvan a reunir para ver cómo se reduce el déficit comercial de Estados Unidos con México, y cómo conciliar los aranceles con el deseo de Trump de que las barreras arancelarias cambien de supervisor, y que una vieja oficina en el Departamento del Tesoro, rebautizada como Servicio Recolector de Impuestos Extranjeros, sea quien se encargue de cobrar las tarifas.

La penúltima, del 16 de abril, duró 45 minutos.

Oficialmente se informó que sólo hablaron de comercio y aranceles, pero en México comenzó a trascender que había sido una llamada ríspida.

No fue lo que dijeron los presidentes cuando informaron de esa conversación que con las revelaciones del diario neoyorquino se puede comprender la razón de la duración.

Sheinbaum dijo que rechazó tajantemente la petición de Trump, que ha dicho que México “está dominado casi en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total, que amenaza la seguridad nacional” de Estados Unidos.

Sheinbaum siempre negó esas imputaciones y en la conversación de abril le dijo que “nunca aceptaría una intervención militar”.

La revelación de The Wall Street Journal puede interpretarse como una presión pública del gobierno estadounidense a México, y la confirmación por parte de Sheinbaum, una respuesta pública de la posición de México en busca del respaldo interno para hacer frente a lo que parece ser una hoja de ruta donde se están colocando las ruedas de la maquinaria que concreten las amenazas que ha venido haciendo Trump y su gabinete de seguridad en contra de los cárteles de las drogas y de la complicidad y red de protección institucional de la que gozan aquí.

Una situación de esta naturaleza no se había visto antes.

En 1977, Peter Bensinger, director interino de la DEA, dijo en una audiencia en el Capitolio que tenían una lista de 770 nombres de políticos, funcionarios y artistas mexicanos que intercambiaban drogas por armas a través de la frontera común, pero nunca hicieron nada con esa relación. Hasta 1985 cambió el marco de la relación por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que logró desnarcotizarse, aunque no desapareció, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

La crisis de fentanilo en Estados Unidos en 2019, y la tolerancia del expresidente Andrés Manuel López Obrador con los cárteles de las drogas, narcotizó nuevamente la relación, pero desató presiones inéditas en su dimensión y escalamiento, que son las que tiene que administrar Sheinbaum, atrapada entre las extorsiones de Trump y los compromisos de inmunidad para los privilegiados del régimen.

La tormenta: tropas, listas negras,  juicios, visas

Riva Palacio DETONA: El pleito entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo puede resultar muy ilustrativo por los datos que surjan, y por algunos protagonistas.

Esta semana terminará con el pleito entre presidentes: una activa, Claudia Sheinbaum, y otro que, durante casi todos los 25 años desde que dejó la Presidencia, Ernesto Zedillo, había sido mudo en cualquier tema mexicano.

Comenzó en un momento en el que Sheinbaum necesitaba un distractor de las crecientes críticas a su ley de telecomunicaciones por vulnerar libertades, cuando Zedillo publicó un ensayo en la revista Letras Libres donde renovaba sus críticas a la reforma judicial, que intitulaba “México: de la democracia a la tiranía”.

El texto, como él mismo señala, se basaba en un discurso que pronunció en septiembre del año pasado durante la conferencia anual de la International Bar Association, reunida en la Ciudad de México, donde reaccionó a los argumentos de que la nueva reforma corregiría la que había realizado Zedillo en 1994 que, alegaban, no había llevado a una mejor justicia, sino a la construcción de un sistema de privilegios.

El ensayo actualiza aquel documento, leído mientras se terminaba de aprobar la reforma judicial en los congresos estatales, donde pasó del intento de “transformar nuestra democracia en tiranía” a describir el tránsito de la democracia mexicana, de la que se asume parte central, a una autocracia.

No hay diferencias de fondo entre los dos textos, pero la reacción fue diferente.

Quizás porque Sheinbaum aún no era presidenta, o porque esta semana necesitaba de una figura sobre la cual descargar su arsenal retórico para cambiar la conversación pública, que le estaba resultando negativa.

La forma como lo hizo Sheinbaum siguió el manual de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, sin ir al fondo del tema, navegar superficialmente y descalificar a la persona, y referirse con sorna incluso, al decir despectivamente: “Ahora resulta que es un paladín de la democracia”.

<h4 class="subtitle">Sheinbaum, copiando el modus operandi de su predecesor, actuó vengativa.</h4>

Al día siguiente, dijo, darían a conocer en la mañanera lo que había sido Fobaproa, el Fondo de Protección al Ahorro Bancario creado por el expresidente Carlos Salinas en 1990 como un fondo de contingencia, para sintetizar lo que hizo Zedillo un lustro después, el rescate bancario para impedir una crisis en el sistema de pago, y un programa de apoyo hipotecario para las clases medias.

Nunca entró al detalle en la semana de lo que fue aquello, y se quedó en la retórica vindicativa a través de la semiótica.

Lo que no esperaba, y posiblemente muy pocas personas lo vieron venir, es que Zedillo no se quedara callado y le respondiera casi de forma inmediata.

Al hacerlo, abrió la posibilidad, no sólo de la revisión histórica de la crisis financiera de 1994-1995, sino de ponerla como espejo de la política económica de López Obrador.

“La presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana (la reforma judicial) y la construcción de un estado policial (la militarización de la seguridad pública) con el que, más pronto que tarde, los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos, serán silenciados y reprimidos”, reviró el miércoles.

“Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia –un servidor–, suponiendo que así distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices”.

Zedillo rompió tejido nervioso del régimen con una serie de preguntas que respondían a señalamientos de Sheinbaum:

<ul>
	<li>Ante el cuestionamiento que hizo la presidenta de su pensión en el Banco de México, Zedillo le demandó que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los “enormes beneficios” de los que goza López Obrador en su “simulado retiro” con cargo al erario.</li>
</ul>

No abundó en esos “enormes beneficios” a los que se refirió, aunque en este espacio se ha mencionado que mantiene el sistema de comunicación que tenía como Presidente.

En lo político, Zedillo afirma que López Obrador sigue operando en este sexenio –un poder bicéfalo en Palacio Nacional–.

<ul>
	<li>Pidió que, así como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto de Texcoco a medio terminar, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya.</li>
</ul>

“Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador”, subrayó.

Sheinbaum respondió ayer a través de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que negó que hubiera existido una auditoría de Fobaproa.

No aportó más pruebas que su palabra.

Y de las auditorías a los megaproyectos obradoristas, ni una palabra.

<ul>
	<li>Zedillo le preguntó qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello la economía del país. Sheinbaum no respondió qué habría hecho, pero dijo que en Estados Unidos el presidente Barack Obama resolvió una crisis bancaria “quedándose” con partes de los bancos y después venderlos.</li>
</ul>

Obama, sin embargo, no hizo lo que dijo Sheinbaum.

Dejó que quebraran tres bancos, empezando por Lehman Brothers, e invirtió 787 mil millones de dólares para rescatar industrias afectadas por la crisis financiera que detonó, en la compra de acciones en industrias afectadas, como General Motors y la aseguradora AIG.&nbsp;

El pleito entre presidentes puede resultar muy ilustrativo por los datos que surjan, y por algunos protagonistas.

Por ejemplo:

<ul>
	<li>El endeudamiento en el gobierno de López Obrador fue 1.6 veces superior a Fobaproa, y el gobierno de Zedillo creció 3%, mientras que el del expresidente fue menor a un punto.</li>
</ul>

<ul>
	<li>El rescate fue supervisado desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por Patricia Armendáriz, la diputada de Morena, y entre los diputados que votaron a favor de Fobaproa estuvo Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado.</li>
	<li>Arturo Zaldívar, autor de la reforma judicial, litigó para que uno de los grandes bancos fuera rescatado, aunque por su tamaño, no debía haber sucedido.</li>
	<li>Varios grupos empresariales rescatados financiaron las campañas presidenciales de López Obrador y de Sheinbaum. Y otro es propiedad del padre de Altagracia Gómez, la íntima amiga de la presidenta.</li>
</ul>

<h6 class="subtitle underlined">Revivir Fobaproa por pasión sin información, puede revertírsele a Sheinbaum.</h6>

Pleitos entre presidentes

Riva Palacio DETONA: La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es un documento que atenta contra las libertades. 

La última mañanera de abril mostró dos caras de la presidente Claudia Sheinbaum.

Por un lado, la exasperación porque su intento marrullero para colar una ley de telecomunicaciones y radiodifusión centralista, autoritaria y de control social y político, no pasó desapercibido pese al ruido ensordecedor de otros temas en la opinión pública.

Y por el otro, que los argumentos contra la crítica que la denunciaba como un intento de censura para minar la libertad de expresión, se caen bajo el propio peso de sus falsas conclusiones.

La presidenta, entregada a la campaña de propaganda de su coordinador de asesores -exvocero de Andrés Manuel López Obrador-, Jesús Ramírez Cuevas, y su brazo ejecutor, Jenaro Villamil, director interino del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno, presentó en la mañanera a un académico orgánico del régimen, Carlos Augusto Jiménez Zárate, que presentó un estudio sobre la reacción en las redes y medios a la ley.

El profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue a cumplir su misión: lanzar cortinas de humo y con afirmaciones sin prueba, buscar un cambio en la conversación.

“El análisis de los usuarios más relevantes nos confirma que las cuentas son de políticos, medios, periodistas y trolls que forman parte de una red que lleva muchos años emitiendo noticias falsas, desinformación y ataques contra los gobiernos de la cuarta transformación”, afirmó.

O sea, una operación mediática estructurada que une a personas con diferentes posiciones e intereses, algunas incluso enfrentadas entre sí, en una “campaña artificial” contra la ley, como si la coincidencia en preocupaciones por la conculcación de libertades fuera una operación colectiva.

Otra más de las mentiras que inventa Ramírez Cuevas, a través de una boca diferente a las usuales.

No le gusta a la presidenta que le digan censora con tentaciones autócratas, pero en lugar de elaborar respuestas con argumentos, responde con epítetos.

La confrontación de ideas no se le da ni a ella ni al régimen.

Ciertamente, no es fácil sostener una discusión con razones.

Sus llamadas “réplicas” no presentan evidencias, sino emociones.

<h4 class="subtitle">Funciona en la forma, pero no en el fondo.</h4>

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es un documento que atenta contra las libertades y censor.

A petición de Sheinbaum el Senado detuvo su aprobación para mayor discusión, pero en el mismo formato está otra trampa.

El Senado convocó a un conversatorio en lugar de un parlamento abierto.

Aunque los dos son foros para escuchar ideas y opiniones, un conversatorio no pasa de eso, mientras que en el parlamento abierto, se presentan propuestas para ser tomadas en cuenta en la elaboración de leyes.

Si les hacen caso o no, es otra discusión, pero en el conversatorio, por definición, ese paso no se da.

Los intentos de la presidenta y la maquinaria de propaganda no van a frenar la crítica.

De hecho, en su análisis, Jiménez Zárate excluyó a varios voceros oficialistas y a funcionarios federales que también han criticado la ley, incluso calificándola en algunos casos como censura.

Incorporar esas opiniones anulaba la denuncia de una “campaña alterna”, por lo cual esconderlas era más funcional para su objetivo.

Sheinbaum ha reducido la discusión de su ley a un artículo sobre plataformas digitales, que podría “apagar” si incumplen normas y observaciones que no se sabe cuáles son, pero que podrían interpretarse bajo los criterios generales y ambiguos de otros artículos, como el de las amenazas, o el uso de lenguaje que consideren los censores inapropiados.

Programas de sátira política como “El Privilegio de Mandar”, “Los Peluches”, o noticieros como “La Radio de la República”, donde Chumel Torres combina la sátira con la información, podrían ser censurados.

La ley, entre muchas otras cosas, le permite al gobierno intervenir en la infraestructura de telecomunicaciones en caso de alteraciones del orden público, sin especificar cuáles serían las alteraciones, por lo que una marcha que no organizara el gobierno, podría caer bajo en esos criterios y silenciar su difusión.

Lo mismo podría suceder si considera que hay una amenaza a la seguridad nacional, que tampoco define qué es.

Una acusación al aire, como las que ha hecho Sheinbaum de mexicanos que querían que interviniera Estados Unidos contra el narco, ¿entraría en esa categoría?

Probablemente, vista la línea de pensamiento del régimen, sí.

Hay un artículos que con diferente terminología busca reincorporar el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022 porque abría la puerta al gobierno de vulnerar la privacidad de los usuarios, y que ahora llaman “registro de usuarios del servicio móvil”, sin tener claridad sobre los procedimientos y alcances que pretende.

La ley permite también la creación de una base de datos nacional georeferenciada de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, que puede utilizarse como una herramienta de control social y político.

La ley crea, aunque no lo dice, la figura de una especie de comisario político, responsable de vigilar y controlar a la sociedad.

Esa figura es José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se convertiría en el velador de la ideología del régimen, en la visión de Sheinbaum, atento a que nadie piense y actúe más allá de los parámetros que ha establecido unilateralmente, y que cuando eso suceda, reprima y suprima de inmediato a quien haya osado desafiarla.

La figura de comisario político surgió durante la Revolución Francesa pero adquirió su fama represora en la era estalinista de la Unión Soviética, donde tenía poder sobre los más altos rangos del Ejército para el control ideológico y mantener la lealtad al Partido Comunista.

Aunque originalmente se inscribía en el ámbito militar, hoy se utiliza para referirse a quienes son nombrados con el objetivo de controlar que una sociedad se mantenga dentro de los confines políticos marcados por la autoridad superior.

Esto es lo que quiere Sheinbaum que haga Merino, a quien la ley le otorga la concentración de 64 facultades regulatorias, operativas y sancionadoras, para decidir qué quiere la presidenta qué se diga, cómo se diga, quién lo diga y en qué momento lo diga.

Sí, su ley busca la censura

Riva Palacio DETONA: Alejandro Gertz Manero cumplió la encomienda. En la batalla de las palabras y los conceptos generales, echó agua al fuego del ‘centro de exterminio’ en Teuchitlán.

Quien no conoce a Alejandro Gertz Manero debe saber que tiene una inmensa inteligencia política y una sofisticación que en los últimos siete años ha puesto a disposición del régimen como un&nbsp;consiglieri&nbsp;en Palacio Nacional, más con Andrés Manuel López Obrador que con Claudia Sheinbaum.

Pero en ambos casos, ha servido bien a la causa como un fiscal general de encubrimientos.

Ayer nos regaló otra de sus joyas en su nuevo informe sobre el horror de Teuchitlán, pesebre del rancho Izaguirre, donde un colectivo de buscadoras encontraron restos óseos y decenas de objetos personales y testimonios de jóvenes que iniciaron ahí forzadamente una vida criminal, o la perdieron por rechazar ese destino.

Hace siete semanas, la presidenta Sheinbaum le pidió a la Fiscalía General que atrajera la investigación para saber todo lo que fue ese rancho.

Lo más importante, sin embargo, era descalificarlo como un centro de exterminio, como lo había caracterizado el colectivo de buscadoras y colocado en la opinión pública.

Preocupaba mucho a la presidenta que la frase transportara al imaginario colectivo a Auschwitz o Treblinka, se esforzó el gobierno hasta el ridículo para pelearse con el molino de viento de la semántica.

<ul>
	<li>“¿Había ahí un sitio de cremación?”, se preguntó a sí mismo Gertz Manero sin esperar que la prensa lo hiciera.</li>
	<li>“No hay un sola prueba que acredite el dicho”.</li>
</ul>

Gertz Manero detalló:

Los peritos de la Fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, las piedras, los materiales de construcción, pero sobre todo de aquellas áreas en que podía haber existido una prueba de que hubieran cremado cuerpos.

Pero nada.

Ni siquiera se encontraron muestras que superaran los 200 grados, agregó, reforzando de esa forma la imposibilidad que hubieran alcanzado los 750 grados que científicamente se considera el mínimo para quemar un cuerpo, particularmente los órganos y los tejidos suaves.&nbsp;

El fiscal no explicó, si no hubo cremación humana, cómo llegaron ahí los restos óseos que fueron encontrados por el colectivo y los propios peritos de la Fiscalía de Jalisco.

Las únicas pruebas que encontró de alta temperatura fueron huellas de fogatas y hoyos, jugando con la imaginación de los fuegos en los campamentos en bosques, pero sin abundar en las temperaturas estimadas en ese fuego, que científicamente pudieran alcanzar hasta los mil 600 grados.

<h5 class="handdrawn subtitle">Gertz Manero cumplió la encomienda.</h5>

En la batalla de las palabras y los conceptos generales, echó agua al fuego del “centro de exterminio”.

Punto. Ahí no mataban.

<ul>
	<li>¿Y entonces?</li>
</ul>

El rancho Izaguirre, dijo, fue utilizado como un centro de reclutamiento por parte de la organización criminal que controla Jalisco, que operó de 2021 a 2024.

“Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento&nbsp; y operación del&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación”, agregó.

<ul>
	<li>¿Cómo lo probó?</li>
</ul>

“Por confesionales, testimoniales y documentales”, informó, pero también, porque “no se encontraron osamentas completas o parciales”.

Extraña declaración, por decir lo menos.

Ninguna cremación deja osamentas completas o parciales.

Deja cenizas.

No obstante, para él, “la virtud de esas informaciones (las declaraciones) es absolutamente indudable”.

<h4 class="subtitle">Tardó&nbsp;siete semanas en alcanzar esta conclusión.</h4>

El fiscal dijo que también están investigando otro campo cercano similar al rancho Izaguirre, a siete kilómetros de distancia, el rancho de la Vega.

Ya veremos si tarda casi otros dos meses en dar un informe sobre este nuevo lugar, donde ya dijo qué anunciará: será un campo de entrenamiento y reclutamiento del&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación.

A este ritmo se llevará los tres años que le quedan de fiscal y descubrirá unos siete más de estos.

Nos dará circo y no mucho adicional.

Querrá verle la cara a todos y a los que se quejen los ignorará.

Es una farsa lo que está diciendo para darle la vuelta al tema de los desaparecidos y quitarle presión a la presidenta, pero no es sostenible.

<h5 class="handdrawn subtitle">Los campos de entrenamiento y reclutamiento no son nuevos, sino viejos muchos de ellos y públicos.</h5>

El periodista tapatío Augusto Chacón ha dicho que la primera vez que escuchó sobre un centro de esa naturaleza había sido en 2010 en Tala, a 10 minutos de Teuchitlán.

En 2019, Alejandra Guillén y Diego Petersen publicaron en&nbsp;El Informador&nbsp;de Guadalajara el reportaje “El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, donde entrevistan a un joven sobreviviente de uno de esos campos en la región.

“Gracias a su relato y a testimonios anónimos”, apuntaron los reporteros, “sabemos ahora que a la sierra de Ahuisculco se llevaron a decenas de hombres de los valles de la región de Tequila, del área metropolitana de Guadalajara, de otros estados e incluso centroamericanos, y que la esclavitud y el trabajo forzado ha sido un modus operandi del Cártel Jalisco Nueva Generación para asegurar el funcionamiento de sus negocios”.

Tres meses después de su reportaje, la cadena Telemundo difundió una entrevista con otro sobreviviente de un campo de entrenamiento y muerte del&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación, y reproducen un diálogo que tuvo “Francisco”, como lo identificaron, y otros jóvenes con sus reclutadores:

—Bueno, van ustedes a un adiestramiento en la Sierra de Guadalajara para ser guardias de seguridad, ¿verdad?

—Sí, asintieron todos.

—Pues no van para guardia. Van a trabajar para el&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación.

—Pero es que a mí no me dijeron esto, protestó uno de ellos.

—Si te quieres ir, anda, vete (y cortó cartucho con la pistola). Aquí la única forma de que te vayas es con las patas por delante. El que se quiera ir detrás de él, que lo diga ahorita. No estamos para jugar.

<h4 class="subtitle">Gertz Manero no descubrió el hilo negro.</h4>

Quiere timarnos a todos.

Las fogatas y los hoyos que encontraron los peritos del fiscal estaban construidos de manera artesanal, con tepetate y piedra, como los que años antes se encontraron en&nbsp; Tlajomulco y Lagos de Moreno, donde cremaron a quién sabe cuántas personas.

“Es un sistema del crimen organizado”, comentó recientemente Chacón.

Como se refieran a esos campos es secundario.

<h6 class="subtitle underlined">El problema de fondo, las desapariciones, no tiene puerta de solución.</h6>

La farsa del fiscal

Riva Palacio DETONA: Lo que produjo la Ley de Telecomunicaciones es una batalla abierta por la libertad de expresión y en contra de la censura. Sin embargo, es prácticamente testimonial, como lo es la lucha que se ha dado en los medios.

No paran las críticas desde todos los frentes en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la primera criatura en el joven sexenio que es hechura completa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además se ha convertido en un escándalo por lo amenazante de sus alcances.

El ingeniero de la ley es José “Pepe” Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el&nbsp;Big Brother&nbsp;de la novela&nbsp;1984, de George Orwell, que está construyendo su propio Ministerio de la Verdad mediante mecanismos de control social, político, empresarial y, por encima de todo, la conculcación de libertades.

Sheinbaum lo niega y asegura que no propicia la censura de la que la acusan, pero los mexicanos no le creen.

El miércoles pasado envió la Ley, pensando que el&nbsp;spot&nbsp;en la televisión mexicana (en canales de Televisa, donde formo parte de su plantilla editorial) y en YouTube, de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, contra la migración indocumentada, levantaría la tolvanera suficiente para meterla como cuchillo en mantequilla para su aprobación en el Senado.

Se equivocó.

El&nbsp;spot&nbsp;que buscó amplificar para converti rlo en el gran tema de conversación el jefe de la propaganda del régimen, Jesús Ramírez Cuevas -coordinador de asesores de Sheinbaum-, no prendió como esperaban.

<h4 class="subtitle">La Ley de marras, sí.</h4>

Un análisis de la conversación digital el jueves y viernes siguientes arrojó que hasta las 10 de la mañana del 25 de abril, se habían dado 210 mil 287 menciones en las redes sociales sobre el tema de la Ley, de las cuales Televisa y TV Azteca, en donde se habían enfocado las cuentas de Ramírez Cuevas en trasladarle los costos para neutralizar las críticas, sumaron apenas un 5% del total, 10 mil.

En el&nbsp;share of voice&nbsp;en las redes sociales, que refleja las conversaciones, se repartió en 3% en Televisa, con un alcance de 6.6 millones de personas, 2% en TV Azteca con un alcance de 5.4 millones, seguido de Latinus con 1% y un alcance de 4.2 millones y Milenio/Multimedios, con un porcentaje ínfimo que alcanzó a siete mil 544 personas.

La conversación orgánica, que es la espontánea y que no está incentivada por publicidad, acaparó el 94% de la conversación en esas primeras 27 horas, que representaron un alcance estimado en 125 millones de personas.

<h5 class="handdrawn subtitle">A esa gran masa de usuarios no la convenció Sheinbaum.</h5>

<ul>
	<li>La narrativa dominante fue contra la Ley, cuya etiqueta #LeyCensura alcanzó 139 mil menciones en ese periodo, que la hizo la principal tendencia en redes en México durante más de un día.</li>
	<li>La etiqueta de la Ley de Telecomunicaciones tuvo 88 mil 300 menciones, mientras que #LeyMordaza logró cinco mil 159.</li>
	<li>La palabra censura fue el motor de la conversación, reflejando implícitamente el temor entre los mexicanos sobre la pérdida de sus libertades.</li>
</ul>

La conversación se calentó hacia el mediodía del jueves, luego de que el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, publicó en X que Morena iba por el control total de internet, redes sociales, radio y televisión.

La intensidad de la crítica siguió poco después, cuando en comisiones del Senado aprobaron la iniciativa de 226 páginas sin que la gran mayoría de los legisladores del partido gobernante la hubieran leído.

Se juntaron los intentos censores con la borregada de Morena que levantó la mano porque así lo había pedido Sheinbaum.

Pasadas las siete de la noche del jueves alcanzó nuevos niveles la conversación contra la Ley cuando se publicó la preocupación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que afecta la libertad de expresión y viola acuerdos internacionales.

Para la medianoche del 24, más de 16 mil personas estaban interactuando en las redes, cuyo volumen se desplomó cuando se fueron a dormir.

<h4 class="subtitle">El impacto estaba claro.</h4>

La tolvanera del spot de Noem se disipó rápido ante algo que la mayoría en las redes sintieron como un peligro, que llevó a Sheinbaum a que en la mañanera del 25 le pidiera al Senado frenar la aprobación para revisar el artículo 109, que se refería a las plataformas digitales que tanta polémica había causado.

La borregada del régimen en la Cámara alta frenó su aprobación, aunque enfocándose en ese artículo y no en otros donde lo mismo que podrían censurar plataformas digitales podrán hacer cuando se apruebe la ley, con noticieros de radio y televisión y multar a quienes consideren -a su juicio, no mediante normas reglamentadas-, que la violaran con el 10% de su salario anual.

La petición de Sheinbaum fue el único momento donde empató la presidenta con la conversación positiva.

En ningún otro momento logró cambiar el curso de la conversación la propaganda del régimen.

Las dos principales cuentas que se utilizaron, la de Carlos Vijnovsky Zenteno, jefe de Información del periódico oficialista&nbsp;El Soberano, y la de la @catrina-nortena, que controla Ramírez Cuevas, sólo tuvieron el apoyo de las cuentas del régimen.

Lo que produjo la Ley es una batalla abierta por la libertad de expresión y en contra de la censura.

Sin embargo, es prácticamente testimonial, como lo es la lucha que se ha dado en los medios, con una abundante reflexión de los expertos sobre la perversidad que entraña el adefesio de la presidenta. Igualmente testimonial es la oposición, porque no tienen los números para poder frenarla en las cámaras.

La única palanca de presión real contra esta Ley tendrían que ser Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México, porque viola los acuerdos de competencia que incorpora el acuerdo norteamericano.

El futuro inmediato mexicano no necesariamente depende únicamente del exterior. Impedir la consolidación de un poder centralizado y autócrata que nos regrese medio siglo, puede ser frenado internamente si la resistencia en las diferentes trincheras mexicanas eleva los costos políticos a la presidenta y la hace pensar dos veces si consuma o no este nuevo ataque a la democracia.

<h6 class="subtitle underlined">Es decir, que la protesta que se vio en las redes sociales se sume a la que se está haciendo en la primera línea de carne y hueso.</h6>

 La batalla contra la censura

Riva Palacio DETONA: Claudia Sheinbaum y José Merino, claramente, no piensan en la gente, sino en el control social y electoral mediante la censura y el control de medios de comunicación y periodistas.

En su siempre agudo cartón, eufemismo de la historia gráfica que cada domingo hace sobre la vida pública de México, Paco Calderón trazó la analogía del gobierno de Claudia Sheinbaum con el fascismo nazi, parafraseando una cita del jefe de la propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels:

“Llegamos para pertrecharnos con las armas de la democracia.

Si esta es tan tonta como para darnos vía libre y hasta sueldos, ese es su problema, no el nuestro. 

Cualquier método que logre la revolución es aceptable para nosotros”.

La cita original de Goebbels está en el ensayo que publicó en 1928 en el periódico que editaba en Berlín,&nbsp;Der Angriff (El Ataque), intitulado “¿Por qué queremos entrar al Parlamento?”, donde con sarcasmo, él exponía por qué quería contender por un escaño en el Reichstag.

La analogía de Calderón le parecerá a muchos excesiva y será motivo de ataques.

Pero no lo es en función de la pérdida de libertades, cuyo último capítulo mexicano es la reforma de Sheinbaum a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La reforma fue criticada por los voceros del régimen aduciendo que protestaban los interesados en proteger sus intereses.

No es así.

Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, y Martha Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales escribieron un texto el viernes en&nbsp;El Universal&nbsp;donde desmenuzan la nueva ley cuyo propósito, afirmaron, era “otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -y en última instancia al Poder Ejecutivo Federal-, un control antidemocrático sobre el espectro radioeléctrico e internet”, mediante mecanismos “profundamente” discrecionales para la asignación de concesiones de radio, televisión y otros servicios, “utilizándolos como premios o castigos políticos”.

<h4 class="subtitle">Concluyeron que fue una legislación apresurada sin la participación de un amplio espectro de actores sociales.</h4>

Tienen parte de razón, porque la ley llevaba varios meses cocinándose en las oficinas del director de la Agencia, José Merino, que veía el ángulo político y regresaba los privilegios al empresario del régimen, Carlos Slim, porque al subsumir el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, en su dependencia, se eliminará la definición de “agentes económicos preponderantes” bajo la Ley de 2013, que tuvo enormes beneficios para los consumidores.

<h5 class="handdrawn subtitle">La Ley Merino es antidemocrática 360 grados.</h5>

El conglomerado de Slim volvería a adquirir su carácter monopólico y recuperar, a costa de los consumidores, los siete mil millones de dólares al año que perdió con la anterior.

Sheinbaum y Merino, claramente, no piensan en la gente, sino en el control social y electoral mediante la censura y el control de medios de comunicación y periodistas, eliminando el pluralismo y la inclusión, que Maldonado y Tudón describen como “otro paso en la deriva autoritaria que se profundiza en México”.

Este proyecto desnuda la verdadera izquierda que representa Sheinbaum, arropada por activistas que formaron en 2012 la organización civil Democracia Deliberada, “para cambiar las instituciones y las políticas públicas (desde) la izquierda”.

Varios de ellos trabajaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros acompañaron a Sheinbaum desde la Ciudad de México a Palacio Nacional, como Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; Graciela Márquez, presidenta del INEGI, y Gerardo Esquivel, exsubgobernador de Banxico, además de intelectuales orgánicos con espacios prominentes en los medios.

La izquierda que representan no es una izquierda democrática, sino que se acerca más a la anacrónica estalinista, pero que como Goebbels decía de los nazis, llegarían al poder pertrechados en la democracia.

Típico de líderes autócratas, como fue Hugo Chávez en Venezuela, Viktor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos, que llegaron al poder gracias a la democracia, para destrozarla.

Merino y los funcionarios que son parte de Democracia Deliberada, engañaron a muchos para hacerse del poder.

El 4 de junio de 2014, en un manifiesto en Animal Político, elogiaron la Ley que se había aprobado en 2013 como “uno de los pocos logros” del Pacto por México, y criticaban fuertemente las leyes secundarias.

“La iniciativa de ley secundaria busca desmantelar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones al subsumir algunas de sus funciones regulatorias a la Secretaría de Gobernación”, apuntaron.

“Un regulador fuerte es clave para emparejar la cancha, porque este pone las reglas en un mercado en el que sería imposible la competencia si no hay intervención del Estado.

Lo que hace fuerte al regulador, en lo formal, son los instrumentos de ley, pero también la capacidad de inclusión de actores en la definición del interés general a través -como el modelo de IFT recoge-, de la participación ciudadana en la regulación”.

<h5 class="handdrawn subtitle">La Ley Merino propone exactamente lo contrario.</h5>

Adiós a la cancha pareja.

La quieren desigual.

A Sheinbaum no se le puede acusar de hipócrita, pues ha sido consistente en sus acciones poco democráticas por años -disfrazadas de su activismo universitario y social-, pero a Merino y comparsas de Democracia Deliberada, sí.

Son estalinistas de clóset con métodos goebbelianos.

La concentración de poder que desean algunos está avanzando.

Esta reforma fue introducida aprovechando la coyuntura de un escándalo mediático por la difusión de un spot de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre migración -agresivo, hostil, estableciendo la rigidez de sus leyes-, que fue acordado con el gobierno mexicano, que no conocía el contenido, sin embargo, a cambio de un spot sobre la campaña contra el fentanilo que se difunde en Estados Unidos.

Sheinbaum apresuró a Merino a sacarla -estaba prácticamente terminada-, para meterla detrás del spot estadounidense y tratar de minimizar las reacciones que sabría tendría.

No le funcionó la chicanada y ante la crítica generalizada pidió al Senado revisarla.

Pero lo hizo con trampas.

Pidió analizar sólo el artículo que afecta a plataformas digitales, pero no el conjunto de la Ley, en donde se encuentran los detalles que llevan al infierno.

Ella está convencida de su sustancia y fondo; Merino y los intereses económicos detrás de ellos son quienes le dieron forma y la instrumentarán, a menos que la presión doméstica y externa -porque viola el acuerdo comercial norteamericano-, logren ponerle un freno.

La izquierda de Sheinbaum

Riva Palacio DETONA: Ese día será para la historia pues las organizaciones delincuenciales en el centro del país se movieron extraordinariamente.

Ayer será un día que deberá quedar grabado en la historia nacional por el reconocimiento oficial de que hay una guerra abierta en el país entre los cárteles, en donde el gobierno está a la expectativa, sentado en una butaca de primera fila para observar la tragedia mexicana, reconociendo que no hace nada.

¿Por qué? Porque no quieren y, quizás, porque tampoco pueden con los cárteles de las drogas, que el miércoles hicieron una demostración de extraordinaria capacidad de fuego, logística y movilización bélica sin preocuparse del Estado mexicano.

Veintiocho municipios en tres estados ( Michoacán, Guanajuato y Jalisco) se vieron comprometidos en una lluvia de fuego y balas entre organizaciones criminales, en un teatro de operaciones bélicas transfronterizo que nunca se había visto en este país.

Lo más cercano a esto fue el 1 de mayo de 2015, cuando la Operación Jalisco, para capturar al líder del&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera,&nbsp;El Mencho, terminó con una gran derrota militar.

Siete comandos de élite y una policía federal murieron cuando el helicóptero táctico Blackhawk en el que viajaban fue derribado por su guardia pretoriana con un RPG-27 de manufactura rusa que impactó su misil tierra-aire en el rotor.

Para evitar un nuevo intento de captura, el&nbsp;CJNG&nbsp;atacó a las fuerzas federales en 25 municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Colima.

Enorme acción, pero ni ese día, ni la implosión del&nbsp;Cártel de Sinaloa, que mantiene en una situación de guerra a Culiacán desde septiembre, ni la lucha por la frontera con Guatemala que transformó Chiapas para siempre, son similares a lo que vimos el miércoles, donde hubo operaciones militares simultáneas de diferentes organizaciones criminales que tuvieron su Batalla de Stalingrado.

La Jornada, un diario cercano al régimen, reportó que funcionarios federales le informaron que entre los grupos que participaron en la batalla del 23 de abril se encontraban los cárteles&nbsp;Jalisco Nueva Generación, Sinaloa&nbsp;y&nbsp;Nueva Familia Michoacana&nbsp;-los tres considerados por el gobierno de Estados Unidos como “organizaciones terroristas”-, la banda criminal de&nbsp;Los Viagras&nbsp;-que con sus aliados del&nbsp;CJNG&nbsp;son quienes controlan el narcotráfico en Michoacán-, y su brazo armado&nbsp;Los Blancos de Troya.

Participaron, entonces, cinco organizaciones criminales -tres de ellas en alianza táctica-, pero por el alcance que tienen los tres grandes cárteles involucrados y el tipo de acciones que realizaron el miércoles, ya no se puede hablar solamente de bandas criminales con legiones de sicarios, sino de ejércitos irregulares, como se llama a aquellos grupos paramilitares bien organizados y flexibles capaces de operar en zonas urbanas y rurales, que no están subordinados a formalidades legales.

Las guerrillas suelen ser incluidas bajo este concepto, pero la gran diferencia con los grupos criminales es que estos no luchan por una causa y el derrocamiento del gobierno, sino por monopolios criminales y dinero.

Usurpan algunas de las funciones de las instituciones, como el uso de la fuerza, el control de la movilidad de la gente y los mercados, cobros de impuestos criminales y la seguridad, mediante la extorsión y el terror.

Este 23 de abril será un día para la historia por la forma criminalmente extraordinaria como se movieron las organizaciones delincuenciales en el centro del país.

Pero también, por la candidez, o error político, en la que incurrió el gobierno mexicano al admitir el tamaño de lo que sucedió -con los números absolutos de su extensión territorial-, su falta de capacidad para impedir el miércoles de violencia, el reconocimiento de que no actuaron, y conformarse con señalar que se trató de un asunto entre criminales.

<h5 class="handdrawn subtitle">Son políticamente inaceptables las explicaciones dadas</h5>

“No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, apurada en cuidar la narrativa de que el actuar con fuerza el gobierno provocaba la violencia, mientras reconocía la incapacidad de su gobierno para impedir que esto suceda ante sus ojos y pasividad.

“Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo todas las investigaciones”. ¿Qué investigarán? ¿Habrá detenciones? Eso es lo que dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “Estos hechos no quedarán impunes e informaremos de las detenciones correspondientes”.

<h5 class="handdrawn subtitle">Ya veremos. Por lo pronto, la palabrería por encima de todo</h5>

García Harfuch informó que los ataques fueron resultado de los conflictos entre dos grupos que disputan los territorios, como repitió Sheinbaum.

Lo dijeron como si fuera algo normal, miméticos a la pérdida de nuestra capacidad de asombro a lo que sucedía hasta hace poco en la colonia Condesa, en la Ciudad de México; en Frontera Comalapa, Chiapas.

O Culiacán, Sinaloa, y muchos lados donde pelean por plazas y mercados. Pero no es común, sino extraordinario, que en un día hubiera hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, donde grupos criminales antagónicos realizaron operaciones de ataque y defensa por horas en tantos puntos a la vez.

Mientras, en admisión de parte gubernamental, las fuerzas federales esperaron para actuar y cuando se fueran los criminales de las carreteras, restablecer el libre tránsito y limpiar de vehículos quemados lo que horas antes habían sido utilizados como narcoestrategia de guerra para bloquear la llegada de posibles refuerzos o para facilitar el repliegue.

Miles de mexicanos quedaron atrapados en esta batalla, sin más protección que la que podían brindarse unos a los otros, porque quienes debían proveérsela, no lo hicieron.

Dos policías estatales muertos en uno de los tres estados -porque ni siquiera eso han informado con precisión-, es la mejor señal de que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano fueron espectadores de este miércoles negro.

<h5 class="handdrawn subtitle">Estamos viviendo lo que no se hizo</h5>

<ul>
	<li>Cuando ocurrió el ataque del 1 de mayo, el gobierno del presidente Peña Nieto se comprometió a acabar con el&nbsp;CJNG, pero fracasó.</li>
	<li>El expresidente López Obrador ni siquiera lo intentó.</li>
	<li>Cuando la Marina le dijo dónde se encontraba, ordenó no actuar contra&nbsp;El Mencho.</li>
	<li>Este miércoles no pudieron o no quisieron intervenir.</li>
	<li>Los criminales no lo sabían, pero tampoco les importó.</li>
</ul>

<h6 class="subtitle underlined">No le temen a las Fuerzas Armadas ni a las policías mexicanas. Pueden actuar con impunidad, cuando así lo deseen.</h6>

Raymundo Riva Palacio