El fondo de la investigación por la muerte de los 39 inmigrantes es muy bajo. No tocará al camarada presidencial de Migración, y menos a dos de las fichas para la sucesión.

La tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez se convirtió en un crimen de Estado que se fue construyendo desde antes de que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera constitucionalmente en jefe de Estado.

<ul>
	<li>Treinta y nueve inmigrantes latinoamericanos no hubieran muerto, se puede argumentar, si no hubieran aceptado López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores modificar la política migratoria y aceptar que los migrantes que buscaran asilo en Estados Unidos permanecieran en territorio mexicano mientras se procesaban sus papeles.</li>
	<li>No habrían muerto si el gobierno mexicano, como ofreció desde 2019, hubiera dado visas de trabajo y refugio a los inmigrantes, en lugar de recluirlos hacinados en centros de detención de la Secretaría de Gobernación, generando tensiones, como sucedió en Ciudad Juárez en las cuatro semanas previas a la tragedia.</li>
	<li>Tampoco estarían muertos si la Secretaría de Hacienda hubiera aprobado presupuestos para el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados, a quienes en cambio les recortaron recursos mientras el fenómeno crecía, sumado a la falta de dinero público para construir infraestructura en las ciudades fronterizas designadas para recibir a los inmigrantes por un tiempo indefinido, que permitiera ampliar las capacidades municipales.</li>
	<li>Los inmigrantes estarían vivos si el gobierno hubiera cumplido con la promesa de un trato humanista y ético, así como observar el compromiso desde octubre de 2018, antes de que asumiera la Presidencia, de que habría una reforma profunda al Instituto Nacional de Migración.</li>
</ul>

Los hubiera son retóricos porque nada cambia lo que pasó, pero ayuda a ver lo que produjeron las omisiones y negligencias, con el deseo de que los grandes sacudimientos, máxime cuando hay una tragedia de por medio, lleven a enmendar los errores y ejecutar los cambios necesarios para que no se repita otro ‘juarazo’.

<h5 class="handdrawn subtitle">CRIMEN DE ESTADO</h5>

El crimen de Estado en Ciudad Juárez se ha politizado de la misma manera como quienes ahora rechazan la categorización, la impulsaron cuando se dio el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, que estaba subrogadapor el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en 2009 provocó la muerte de 49 menores, y acusaron al gobierno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

No son iguales, le dijo el videobiógrafo del Presidente, Epigmenio Ibarra, a Ciro Gómez Leyva en la radio este miércoles, porque la esencia del movimiento lopezobradorista no es como la de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¿Cuál es la esencia? No lo dijo, pero lo deja claro:

<h5 class="handdrawn subtitle">la cuarta transformación es pura, y quien no lo crea así, que se aguante.</h5>

El más inteligente y articulado propagandista de López Obrador, afirmó en su cuenta de Twitter:

Ante la dolosa tragedia migrante no habrá ocultamiento como lo hubo en la Guardería ABC y en Ayotzinapa, ni una operación de Estado para encubrir a los responsables; se llegará a fondo, se castigará a los culpables, no habrá impunidad.

<h5 class="handdrawn subtitle">Sus palabras son sonoras y persuasivas, en la narrativa justiciera del Presidente, pero absolutamente hipócritas.</h5>

Si las cosas no toman otro rumbo muy distinto al que se lleva en este momento para resolver la tragedia, los culpables que pagarán con la cárcel serán funcionarios menores, y se blindará todo aquello que se encuentre afuera del centro de migración en Juárez y cercano al interés presidencial.

<h5 class="handdrawn subtitle">Este es un gobierno inmoral y sin ética</h5>

Si se analiza la forma como está administrando la crisis, todo se está desviando hacia las responsabilidades criminales de quienes trabajaban en el centro: agentes de migración, quizá sus administradores, y colgarle a una empresa privada una parte de la culpa.

La primera señal de la estrategia fue la conferencia de prensa del miércoles para informar sobre lo que se estaba haciendo, que encabezó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

¿Por qué la envió el Presidente? Porque en la maraña política y administrativa del tema migratorio, está libre de pecado y culpa.

Quienes por su responsabilidad debieron haber estado en la conferencia, eran el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque entre sus obligaciones se encuentra el Instituto Nacional de Migración, y el comisionado del órgano, Francisco Garduño, ambos, viejos amigos del Presidente. También el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el arquitecto del giro radical en la política migratoria.

Los dos secretarios no son culpables de la muerte de los inmigrantes, pero son responsables, como expuso el ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar, sobre el deslinde de responsabilidades en el caso de la Guardería ABC, cuando se preguntó “hasta dónde debía subir en la escalera burocrática la responsabilidad de una guardería del Seguro Social que no cubría con los criterios básicos de protección civil”.

En su dictamen sobre el caso, afirmó que se debían señalar “los nombres y funcionarios que con sus acciones u omisiones vulneraron los derechos y valores que se comprometieron a respetar, pero también a proteger… Aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer”.

El periodista publicó un contundente mensaje sobre la muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez, que a 48 horas de la tragedia, a nadie del gobierno se le ha señalado.

Qué relajante debe ser saberse intocable: Ciro Gómez Leyva

La tragedia es la muerte de los 39 migrantes, pero también la corrupción y el manejo político que se le da a este hecho.

Corrupción, negligencia y mezquindad envuelven la muerte de 39 migrantes 

El caso de Ciudad Juárez no es una generalización pero sí es una dolorosa y enérgica llamada de atención a nuestro gobierno.

Las acusaciones, señalamientos e imputaciones de la oposición no han cesado.

De las recientes tragedias migratorias en México, por primera vez el Estado mexicano es responsable directo de la muerte de 39 migrantes y decenas de heridos, pero en este gobierno no hay culpables ni cesados.

Lo ocurrido es responsabilidad de la 4T y punto.

Opinión

Gobierno inmoral e hipócrita

Riva Palacio escribe hoy: en los hechos el ‘quid pro quo’ con EU consiste en ayudarlos electoralmente conteniendo la migración, a cambio de no voltear a ver la degradación de las libertades en México.

<h5 class="handdrawn subtitle">La tragedia de Ciudad Juárez es el colapso de una política migratoria de tres presidentes, López Obrador, Donald Trump y Joe Biden.</h5>

Los tres conjuraron, por diferentes razones, una política de exclusión e indignidad.

Treinta y nueve muertos, hasta ahora, son su timbre de vergüenza y responsabilidad política por el horror de ver cómo los inmigrantes fueron encerrados bajo llave en el centro de detención temporal de esa ciudad fronteriza, mientras se incendiaba su celda

<ul>
	<li>Biden no ha dicho nada.</li>
	<li>Trump, tampoco.</li>
	<li>López Obrador se lavó las manos.</li>
	<li>Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, fue más sensato al decir que los dos gobiernos deberían trabajar para componer un sistema de migración “quebrado”.</li>
</ul>

Sus palabras no son nuevas. Salazar era secretario del Interior en el gobierno de Barack Obama cuando hace casi una década dijo en un discurso desde la Casa Blanca que el sistema estaba roto, y que cada día había millones de personas indocumentadas, en las sombras, que esperaban que hicieran algo.

Se había comprometido desde 2013 a reforzar la seguridad fronteriza –deportando a inmigrantes como ningún otro presidente ha hecho– y la infraestructura –que hizo Trump–, combatir el crimen trasnacional –que han mal hecho los tres– y deportar criminales.

Años después, todavía cuando era presidente electo, López Obrador se echó un clavado en ese sistema quebrado.

En octubre de 2018, Alejandro Encinas, quien iba a ser nombrado subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, declaró que el nuevo gobierno iba a modificar la política migratoria desde una visión humanitaria, dándoles visas de trabajo y refugio en caso de ser necesario.

Las marchas de migrantes hondureños habían comenzado, pero esas palabras que abrían la puerta al paraíso las aceleró.

La política humanista y de brazos abiertos llegó al extremo de facilitarles transporte, agua y comida a los inmigrantes en su paso por México hacia Estados Unidos, en ese mundo ideal de principio de sexenio que tenía el respaldo de 51% de la población, según las encuestas de Consulta Mitofsky.

Tiempo después del desorden que metieron a un sistema quebrado, un colaborador de Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación y responsable de la política migratoria en ese entonces, dijo que habían cometido un error, pues no calcularon lo que iban a provocar.

Lo que provocaron fue que se aglomeraron en la frontera con Estados Unidos decenas de miles de inmigrantes y las detenciones comenzaron a subir súbitamente.

En marzo de 2019, en una reunión de Jared Kushner, yerno de Trump y responsable extraordinario de la política con México, le advirtió a López Obrador en la Ciudad de México lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca y el temperamento de su suegro por la anarquía migratoria:

<h5 class="handdrawn subtitle">si no hacen nada, adelantó, habrá consecuencias</h5>

López Obrador oyó, pero no escuchó.

A finales de mayo de 2019, vino lo que le anticipó Kushner.

Trump le dio un ultimátum a México señalando que si para el 10 de junio no frenaban la inmigración ilegal, impondría aranceles a los productos mexicanos.

López Obrador le quitó la responsabilidad de la política migratoria a Sánchez Cordero, se la entregó al canciller Marcelo Ebrard y lo mandó a Washington.

<h5 class="handdrawn subtitle">EBRARD Y POMPEO: QUÉDATE EN MÉXICO</h5>

Ebrard ya había estado en la capital estadounidense en noviembre de 2018, cuando arregló en secreto el acuerdo conocido como Permanecer en México con el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, donde se colocó la semilla de lo que sucedió en Ciudad Juárez: quienes buscaran asilo en Estados Unidos esperarían el trámite en México.

Pero al agravarse el descontrol en la frontera, exigieron que frenara la inmigración a como diera lugar.

La política de brazos abiertos cambió radicalmente y López Obrador despachó a 27 mil soldados y Guardia Nacional a la frontera con Guatemala.

<h5 class="handdrawn subtitle">Trump corrió su frontera sur del río Bravo al Suchiate</h5>

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca denunció las políticas migratorias de Trump como “crueles y excluyentes” y planeó cancelar la política del Título 42, impuesta por su antecesor durante la pandemia del coronavirus para restringir todo tráfico transfronterizo que no fuera esencial.

No le duró mucho el deseo, ante la realidad política electoral y la migración que no cesaba.

En octubre del año pasado, invocó el Título 42 y comenzó a negociar con México un mayor volumen de inmigrantes centroamericanos para “permanecer” en este país en espera de sus trámites.

En enero, en vísperas del arribo de Biden para la cumbre de líderes norteamericanos, López Obrador aceptó recibir a 30 mil inmigrantes más cada mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Desde septiembre de 2021, el respaldo a los migrantes en México había cambiado en concordancia con el discurso de contención militar de López Obrador, y se encontraba en 9% de acuerdo con Consulta Mitofsky.

En la actualidad se mantiene ese apoyo, pero el rechazo a los inmigrantes creció en todo el país a 88% y de alguna manera avalando que México se hubiera metido en la cama con Estados Unidos para hacerle el trabajo sucio migratorio, mientras que internacionalmente presumía lo contrario.

En nombre del gobierno mexicano, Ebrard suscribió en diciembre de 2018 el Pacto de Marrakech, y en junio del año pasado la Declaración de Los Ángeles, que incorporaban el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y el compromiso de no hacer deportaciones involuntarias.

El día de hoy platiqué con Sergio Arturo Vela, sumamente apesadumbrado ante lo ocurrido el pasado lunes en Cd. Juárez, en un Centro de Detención de Migrantes. El dolor de ver a decenas de hermanos ser consumidos por el fuego y la forma inhumana con la que los oficiales del Instituto Nacional de Migración se refieren a este hecho, se multiplica al oír al Presidente López Obrador echándole la culpa de propia muerte a los migrantes que fallecieron y que ni pueden defenderse ante la indiferencia notoria del gobierno en turno. La negligencia, la indolencia y la ineptitud se suman al deprecio de la vida de nuestros semejantes. Las lágrimas de coraje e impotencia estuvieron a flor de piel ante esta gravísima injusticia. Las palabras de lamento fueron pocas. Si a ésto le sumamos el desenfado del secretario de Gobernación, Adán Augusto, echándole la culpa a Marcelo Ebrard, nos desnuda a la 4T cómo lo que realmente es: un runfla de acémilas que sólo han causado daño a nuestro país. ¡Fortaleza para los meses que le quedan a este régimen! Hagamos conciencia, mexicanos.

Gobierno MISERABLE y asesino de migrantes

El enfoque de “una migración ordenada, segura, regular y humana en la región” es una de las tantas promesas que tienen empedrado el camino del infierno. 

En Ciudad Juárez, 40 migrantes perdieron la vida. Fueron quemados vivos porque no dejarlos salir. Esto es INFAME.

AMLO es un ser desalmado: Ricardo Anaya por muerte de migrantes

En la sede migratoria del Instituto Nacional de Migración estaban alojados 68 migrantes, de los cuales, sólo 29 sobrevivieron el incendio y se encuentran heridos.


Mueren 39 migrantes tras incendio en INM de Cd. Juárez

LECTURAS RELACIONADAS:

Es decir, todo lo contrario de lo que se hizo en Ciudad Juárez, donde incluso el Presidente dijo el martes que el incendio en el centro de detención temporal había sido provocado por los inmigrantes detenidos en respuesta a que iban a ser deportados.

Ciudad Juárez es el último eslabón del desastre de esta política migratoria binacional, donde México ha servido como el hoyo negro de las necesidades políticas de Trump y Biden, cuyas presiones han producido en los hechos el&nbsp;quid pro quo&nbsp;de ayudarlos electoralmente a cambio de no voltear a la degradación de las libertades en México.

Esto último ha ido modificándose, pero la política migratoria no.

<h6 class="subtitle underlined">Treinta y nueve muertos, y contando, es su resultado.</h6>

Juárez, responsabilidad presidencial

Riva Palacio escribe: A veces la incontinencia verbal de López Obrador lo lleva a darse un tiro en el pie y al corazón de sus colaboradores, como sucedió ayer en la mañanera.

<h5 class="handdrawn subtitle">Cuando se dice que el pecho no es bodega entendemos que una persona puede ser muy franca o, de plano, impertinente.</h5>

Pero cuando esa persona es el presidente de la República, lo que salga de su pecho tiene connotaciones políticas que pueden meter en problemas a un gobierno o revelar cosas que se manejan, por definición, con secrecía.

A nuestro presidente López Obrador le gusta mezclar su papel de jefe de Estado con el actuar de un ciudadano ordinario, aunque cada vez que nos receta la frase “mi pecho no es bodega” está acompañada de un fin político.

Pero a veces...

<h5 class="handdrawn subtitle">...su incontinencia verbal lo lleva a darse un tiro en el pie y al corazón de sus colaboradores, como sucedió ayer.</h5>

Mathieu Tourliere, reportero de&nbsp;Proceso, uno de los tres medios que junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Social Tic ha participado en una investigación permanente sobre el espionaje del Ejército, regresó el tema a la mañanera de este jueves y preguntó al Presidente, para abrir boca, si conocía de la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), adscrito a la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de SEDENA, que pertenece a la Sección Segunda del Estado Mayor, Inteligencia Militar, en cuyo organigrama no aparece el CMI.

Ahí comenzaron los problemas para el Presidente y para su gobierno, porque en lugar de haber hablado de que era un tema de seguridad nacional y pagar costos por su silencio, comenzó a hablar y trastabillar.

Confundió la pregunta o quiso evadirla, e incluso no pudo mencionar al Centro Nacional de Inteligencia (el CNI) por su nombre correcto.

Y cuando Tourliere le dijo que no le preguntaba sobre esa institución civil que sustituyó al Cisen, sino sobre el CMI, el Presidente respondió que el CNI es el que tiene facultades legales para hacer ese trabajo y que comparte su información, porque...

Es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia.

Si se interpretara al pie de la letra lo que dijo el Presidente, sería una negación de la existencia de las áreas de inteligencia que tienen el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, que también gozan de facultades legales, y al mismo tiempo que quienes realizaran esas funciones, salvo el CNI, lo estarían haciendo fuera de la ley.

Sus confusiones no sólo son conceptuales, sino incluso derivadas del desconocimiento de cómo funciona su propio gobierno. 
Pero esto fue lo de menos.

La revelación publicada por esas organizaciones se fundamentó en los correos electrónicos&nbsp;hackeados&nbsp;por el grupo que se identifica como&nbsp;Guacamaya, que mostraron que el Ejército utilizó una estructura de inteligencia secreta (el CMI) para espiar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, para acceder e interferir en las investigaciones sobre las recientes ejecuciones militares en esa ciudad tamaulipeca.

El Presidente no lo negó, como tampoco negó en ningún momento la existencia del CMI, y confesó que Ramos se había comunicado a un teléfono de un presunto narcotraficante, cuya línea estaba intervenida, al ser sujeto de una investigación.

“Esa es la información que a mí me han entregado”, remató. “Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia”.

En los correos&nbsp;hackeados&nbsp;se cuenta una historia diferente.

Un documento interno del CMI que reprodujeron las organizaciones y los medios muestra que Ramos no estaba conversando con ningún presunto narcotraficante, sino que fue grabado de manera ilegal al hablar con una reportera de Televisa y dos reporteros más de&nbsp;El Universal&nbsp;y&nbsp;El País&nbsp;sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales.

Ese documento también buscó vincular a Ramos, sin aportar evidencias, con el&nbsp;Cártel delNoreste.

<h5 class="handdrawn subtitle">¿ES PEGASUS O RAFAEL O LOS DOS?</h5>

El equipo de intervención telefónica, como documentó el mismo grupo desde octubre del año pasado con la colaboración del Citizens Lab de la Universidad de Toronto, utiliza un&nbsp;malware&nbsp;–un programa espía– de fabricación israelita llamado Pegasus.

Tourliere, sin agredir ni transgredir, insistió al Presidente en precisiones y clarificaciones, que buscó evadir con su famosa frase “yo tengo otros datos”.

Si esto fuera cierto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lo estaría engañando y desinformando.

Sin embargo, lo que ha trascendido es que el general mantiene perfectamente informado al Presidente.

El reportero insistió: “¿Usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus?”

El Presidente replicó:

“No opera Pegasus. Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México, no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”.

¿Qué reveló López Obrador?

<h5 class="handdrawn subtitle">Su ignorancia, pues Pegasus no es una marca ni un sistema, sino un programa cibernético.</h5>

Después, un secreto:

El gobierno tiene otros sistemas que hacen el mismo trabajo de Pegasus, como el Rafael, un sistema que tiene un&nbsp;software&nbsp;más poderoso que el primero, también de manufactura israelita, del que poco se sabe.

El Presidente estaba incontenible, sin darse cuenta.

En la búsqueda por salir del paso, dijo que ayer mismo se informaría sobre “cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado”, que es donde identificó la mayor parte del trabajo que realiza su gobierno.

Si esto llegara a suceder, sería una traición al Estado mexicano, porque estaría regalando información estratégica y secreta al crimen organizado, en detrimento de la seguridad nacional.

No sucederá. Su gobierno no va a dar esa información, como tampoco puede reconocer otra más:

<h6 class="subtitle underlined">que el Ejército y el CMI sí espían, a activistas, políticos y periodistas de manera ilegal en una clara función de espionaje que, por lo que ha trascendido, es mayor que en anteriores gobiernos.</h6>

Cuando el pecho no es bodega

La purga dentro del gobierno venezolano arroja fuertes olas hacia México, que podrían llegar a convertirse en un tsunami para cercanos del gobierno de López Obrador.

Tareck Zaidan El Aissami Maddah, el ministro de Petróleo de Venezuela, cabeza de una de las dos facciones más poderosas del chavismo en el gobierno de Nicolás Maduro, renunció el lunes, escasas 72 horas después de que se anunció que había una operación anticorrupción en la paraestatal Petróleos de Venezuela, donde tres funcionarios cercanos a él fueron detenidos, presuntamente porque desaparecieron 3 mil millones de dólares de ventas de crudo, que se sospecha habían sido descongelados como condición para que Caracas iniciara en México conversaciones con la oposición, y que eran para programas sociales.

El golpe a esa facción chavista está poco claro en cuanto a su motivación, pero existe la posibilidad de que se trate de un enfrentamiento en la cúpula de poder en torno a Maduro.

El jefe de la negociación con la oposición venezolana, que llevó aEstados Unidos a descongelar activos venezolanos, fue Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional, que forma parte de la otra facción de poder en el Palacio de Miraflores, donde se encuentra su hermana Delcy, ministra de Economía y Finanzas y vicepresidenta ejecutiva, y la esposa de Maduro, Cilia Flores.

<h5 class="handdrawn subtitle">OLAS CONTRA MÉXICO, QUE SERÁN TSUNAMI</h5>

Sea lo que fuera ese movimiento, la purga dentro del gobierno venezolano arroja fuertes olas a México, que podrían llegar a convertirse en un tsunami para funcionarios y cercanos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los vínculos con El Aissami Maddah.

El exministro está siendo investigado por Estados Unidos por su presunta participación en la conexión Puerto Rico, donde funcionarios venezolanos lavaron dinero en Cancún, uno de los principales centros de las actividades criminales de Caracas, como parte de una madeja intercontinental que vincula, además, a funcionarios de una decena de países, incluido México, guerrilleros, empresarios y cárteles de las drogas.

En febrero de 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a El Aissami Maddah, que había sido nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela un mes antes, como un narcotraficante, acusado de coordinar cargamentos de drogas para&nbsp;Los Zetas, con la colaboración de Samark José López Bello, un empresario señalado como su prestanombres.

López Bello estaba encargado de supervisar una cadena de petróleo, distribución, ingeniería y telecomunicaciones a través de dos&nbsp;holdings, Alfa One y Grupo Sahet.

Dos años después, en agosto de 2019, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció que había añadido a El Aissami Maddah y a López Bello a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de dinero.

<h5 class="handdrawn subtitle">SEGALMEX, OTRA VEZ</h5>

Para este entonces, El Aissami Maddah ya había sido nombrado vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, y entre sus funciones estaba la supervisión de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que en 2019, de acuerdo con un correo de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeado y distribuido en los llamados&nbsp;Guacamaya Leaks, se conocieron detalles criminales en torno al programa de “Ayuda humanitaria Petróleo por Alimentos” con la empresa mexicana Libre Abordo, donde enviaban a Venezuela 210 mil toneladas de maíz –aparentemente de los faltantes del multimillonario fraude en Segalmex, que proveyó el grano a esa nación– y mil cisternas de agua potable, a cambio de 2 millones de barriles diarios de petróleo, que se incrementaron a 30 millones.

Uno de los agentes estadounidenses del FBI que participa en la investigación de la conexión Puerto Rico comentó que el desfalco en Segalmex no obedecería a un pésimo manejo administrativo, sino a una operación secreta de México con Venezuela.

El programa Petróleo por Alimentos creció rápidamente, por lo que los volúmenes de petróleo obligaron a que la empresa que encabezaba el empresario Joaquín Leal, que tenía nula experiencia en el sector petrolero pero presumía fuertes vínculos con el gobierno de López Obrador, incorporara a una empresa asociada, Schlager Business Group, para poder cumplir con el acuerdo.

Pero en 2020, el Departamento del Tesoro norteamericano identificó a tres personas y ocho entidades de haber formado una red para intentar evadir las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en el sector petrolero.

<h5 class="handdrawn subtitle">El facilitador de esa red era El Aissami Maddah y la principal acción punitiva fue en México</h5>

En el esquema ilegal que beneficiaba a Petróleos de Venezuela, cuyo acrónimo es PDVSA, fueron mencionados directamente Leal, Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García, copropietarias junto con Leal de Libre Abordo y de Schlager Business Group, que también fueron señaladas por el Departamento del Tesoro.

El contacto de Leal era Alex Nain Saab Morán, quien junto con El Aissami Maddah orquestó el esquema con las empresas mexicanas.

Saab Morán, señalado por la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz como prestanombres de Maduro, trabajó con el empresario mexicano libremente, pese a que en julio de 2019 fue acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, de corrupción, sobornos y lavado de dinero por más de 350 millones de dólares, por lo que fue encarcelado tiempo después.

<h5 class="handdrawn subtitle">SEDENA</h5>

El capítulo mexicano de la conexión Puerto Rico involucró a Jorge Luis Brizuela Guevara, un empresario venezolano que, de acuerdo con información de la SEDENA, era en realidad un agente de la inteligencia bolivariana de Maduro, a quien le atribuyeron los militares mexicanos el diseño del programa Petróleo por Alimentos, que trabajaron institucionalmente con las empresas mexicanas El Aissami Maddah y Saab Morán, y que facilitaba con sus contactos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia la llegada de venezolanos vinculados al presidente Maduro, incluido su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Nicolasito, parte central de la estructura criminal venezolana y perfilado para ser el sucesor en el Palacio de Miraflores.

La operación anticorrupción en Venezuela no parece tener vínculos o ser consecuencia de la conexión Puerto Rico, pero se empalma, al haber quedado en entredicho el grupo de poder con el que tenían negocios ilegales, por lo que...

<h6>...funcionarios mexicanos están sujetos a investigaciones multinacionales.</h6>

Desde Caracas, misiles hacia México

Las luces rojas están prendidas, pero López Obrador no cambiará, exacerbando más a Washington, escribe hoy Raymundo Riva Palacio.

No es cierto que el reporte anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo sea autónomo de lo que piensa el presidente Joe Biden.

Tampoco es cierto que sea un acto de politiquería y que sea una calificación para ningún país.

El presidente López Obrador puede decir lo que le plazca y mentir cuantas veces lo desee, como lo hizo ayer al referirse al informe en busca de un eco desinformado, pero no puede creer realmente lo que dice.

No hay evidencia de que no piense lo que habla, lo que es más delicado, porque esto significa que minimiza e ignora las luces rojas del semáforo que se están prendiendo contra su gobierno en Washington de manera cada vez más frecuente.

El reporte del Departamento de Estado es resultado de una ley que pasó el Congreso de Estados Unidos como parte del Acta de Asistencia Exterior de 1961, aunque su primer informe fue hasta 1976.

Los legisladores lo toman como base para aprobar o limitar la ayuda exterior de EU en el mundo, donde gobiernos y organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos lo esperan anualmente con interés y preocupación.

López Obrador reaccionó a un informe que dejó en evidencia a su gobierno, por lo que llamó “problemas significativos” en materia de derechos humanos, que iban en el abanico de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, impunidad y ataques a la libertad de expresión.

Pero lo novedoso del documento, que pasó desapercibido, aparece en el sumario ejecutivo del capítulo sobre México, donde señala:

Hay reportes de que algunos funcionarios del gobierno eran cómplices de las organizaciones criminales internacionales.

Es decir, la afirmación es en presente, no en pasado, el tiempo preferido por el Presidente para sacudirse las deficiencias y corruptelas en su gobierno.

Esas 328 palabras en inglés dentro del reporte, que fueron incorporadas a partir de la información que proporcionaron desde la embajada y consulados de Estados Unidos en México, ponen en blanco y negro las preocupaciones que expresan cada vez más fuerte y frecuentemente funcionarios estadounidenses, y la forma como legisladores están trabajando en el Capitolio para atajar la creciente corrupción que están viendo en el gobierno mexicano.

La iniciativa de ley más importante, por la trascendencia que puede haber sobre funcionarios mexicanos, la presentó el 12 de enero pasado el diputado republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, que es miembro del Comité Selecto de Inteligencia y del Comité sobre las Fuerzas Armadas.

Gallagher presentó su iniciativa H.R. 332 (H.R. es la abreviación en inglés de la Cámara de Representantes), para extender los alcances del Acta Global Magnitski sobre Rendición de Cuentas para combatir la corrupción y las violaciones a los derechos humanos “cometidos por funcionarios mexicanos”.

La llamada ley Magnitski toma su nombre del abogado ruso Serguéi Magnitski, quien, tras denunciar corrupción multimillonaria por funcionarios del gobierno de Vladímir Putin, fue encarcelado y torturado durante poco más de un año, hasta que murió en prisión en 2009.

Tres años después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley, y partir de ahí varias naciones, como Canadá y el Consejo de la Unión Europea, han adoptado ese nuevo régimen global de sanciones por violaciones a los derechos humanos.

En su conjunto, las sanciones se han aplicado a naciones que se distinguen por tener líderes autócratas, como Rusia, Venezuela, Irán y Corea del Norte, entre otras, y aunque la extraterritorialidad de la justicia está implícita en la ley Magnitski y sus diferentes interpretaciones, hasta ahora no se ha aplicado a ninguna nación de Occidente, como se denomina el agrupamiento de los países que comparten los valores democráticos de la libertad.

De ahí la relevancia de la iniciativa de ley de Gallagher, al buscar que México –cuyo Presidente es cada vez más calificado como un autócrata en el mundo– pueda ser específicamente sancionado por Estados Unidos.

La iniciativa de ley de Gallagher fue referida al Comité de Relaciones Exteriores y dio vista, para que también la analice, el Comité Judicial, bajo el nombre de Acta de Apoyo a México contra la Corrupción, y establece que no más de 120 días después de que entre en vigor, el Presidente debe imponer las sanciones a todo aquel funcionario o exfuncionario, o quien actúe en nombre o en cooperación con un oficial del gobierno mexicano, si tiene evidencia creíble de haber estado involucrado en actividades de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, tortura, terrorismo o violar las libertades, delitos que parafrasean casi en su totalidad a las violaciones que marcó el reporte del Departamento de Estado.

Las sanciones de la ley Magnitski incluyen el congelamiento de sus activos en el extranjero, cancelar sus visas y prohibir el ingreso a Estados Unidos a funcionarios y exfuncionarios mexicanos, como sugirió también recientemente que podría implementarse el senador Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, para acotar al gobierno de México, si no se compromete a luchar contra el fentanilo y los cárteles de la droga.

<h5 class="handdrawn subtitle">La iniciativa de Gallagher es altamente peligrosa para el gobierno de México...</h5>

...y en otras condiciones sería muy difícil que llegara a debatirse y menos aun aprobarse en la Cámara de Representantes y en el Senado, para convertirse en ley.

Sin embargo, la coyuntura actual no es favorable a México, al haberse alineado las preocupaciones, frustraciones y agendas dentro del gobierno de Estados Unidos y de los demócratas y republicanos en el Capitolio.

<h4 class="subtitle">No ayuda la negación del Presidente sobre la producción de fentanilo en México, tema de discusión con dos bloques de legisladores que lo han visitado en menos de 10 días.</h4>

Su posición ayuda involuntariamente al consenso en Estados Unidos sobre su falta de cooperación y complicidad de funcionarios de su gobierno con los cárteles, e inyecta combustible a las presiones sobre el Presidente.

Las luces rojas están prendidas, pero López Obrador no cambiará, exacerbando más a Washington, sin saberse, por ahora, hasta dónde llegarán su frustración e irritación.

Semáforo en rojo, aunque no lo vea

Las noticias sobre andenes semivacíos en una terminal que muchas horas del día se ve fantasmal frustran al presidente Andrés Manuel López Obrador, escribe Raymundo Riva Palacio.

Algo está resultando muy mal con el Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, para que haya tenido, desde su inauguración, el 21 de marzo del año pasado, a enero de este año, poco más de un millón de pasajeros, que es lo que tuvo el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, en su primer año de operación, hace 70 años.

<h4 class="subtitle">Las cosas lucen peor cuando la meta establecida para el primer año de operación del Felipe Ángeles, de 2.4 millones de pasajeros, no llegó ni al 50% estimado.</h4>

Por pura ocurrencia, cambié ayer mi vuelo de regreso de la CDMX a estas bárbaras y sedientas comarcas del norte, para vivir en carne propia la experiencia que ofrece el AIFA a los pasajeros.

Si vuelas al AIFA, atráncate de cacahuates

Este es el testimonio de un pasajero real -no ficticio- en el primer día de operaciones del AIFA. Dedicado a quienes defienden, promueven, ensalzan y diseminan una farsa más de AMLO, desde sus "cafelitos", desde los chats convertidos en viles chales, con sus estúpidos memes y desde las garras de sus decadentes oficios. Incluso algunos se llaman a sí mismos “periodistas” de medios inexistentes. 

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles despega hoy entre polémica y críticas.


Los acarreados eran pastoreados por sus líderes a gritos de altoparlantes. "Compañeros, por favor, dejen pasar a los pasajeros porque van a perder sus vuelos". Tanques de gas butano y hasta anafres en los pasillo y salas de espera. Puestos de tlayudas, sopes, tacos. Hagan de cuenta mercado; peor que cualquier terminal de autobuses. Personas que en su vida se han subido a un avión y tristemente a lo mejor ni se subirán, pululando por todos lados con sus bolsitas transparentes donde se veían los frutsis y sus tortas. Una verdadera romería en el día de la "inauguración" del AIFA. Y a ver, para que los "pseudo "periodistas" que babosean con memes de Rómulo Lozano en uno que otro chat, no se confundan: nadie está en contra de comer en un puesto de tlayudas, pero NO EN UN AEROPUERTO, so idiots. Hasta la escenografía les falló a los "maletas" de la 4T. De hecho, casi ni se veían maletas -de las de a de veras- porque eran eso, acarreados los que llenaron el AIFA en lo que fue una farsa más de Andrés Manuel y sus farsantes. En el programa con Irving Gatell platicamos de todo esto y más. Aquí está el programa. 

Y no es precisamente porque se le cebaron a López Obrador las dos fichotas que quiso enviar a ese país como embajadores. Bueno, los panameños también están de plácemes por eso. Pero en el programa de Javier Lozano con éste su irreverente servidor, nos referimos a que el aeropuerto de Tocumen de Panamá celebró con bombo, platillos y tlayudas la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la babeante inauguración del AIFA. Les platico por qué: Tocumen es hoy el "hub" de poderosas aerolíneas como Delta, Continental y otras que vuelan de y a los Estados Unidos a América Latina. Un "hub" es un punto de transferencia de las compañías de aviación para llevar a sus pasajeros hacia sus destinos, mediante conexiones. El cancelado por AMLO cuando aún no tomaba protesta como presidente, estaba destinado a ser eso, un "hub" con los consabidos beneficios para el país y mayormente para las comunidades alrededor de Texcoco. Pero el populismo chafa de Andrés Manuel le dio en la madre a un proyecto reconocido mundialmente y dio paso al remedo de aeropuerto recién inaugurado, que no tiene área para el manejo de carga, para ser así el único del mundo en carecer de ese factor vital para su sostenimiento. Los alucinados defensores de ese mamarracho -incluyo por delante a Carlos Slim- van a tener que deglutir sus elogios, cuando se den cuenta de los miles de millones de pesos que el gobierno de la 4T nos quitará a los paga impuestos para sostener a semejante elefante blanco. Perdón, mamut blanco. Aquí está el video de dicho programa.  

La aerolínea contradijo al canciller, después de que asegurara que volarían desde el Felipe Ángeles.

Desmiente Qatar Airways a Ebrard: no volará desde el AIFA

MÁS RELACIONADOS:

<h4 class="subtitle">El Felipe Ángeles no se encuentra entre los mejores aeropuertos del mundo.</h4>

Ni siquiera figura entre los 100 primeros, de acuerdo con la consultora británica SkyTrax, que sólo considera a tres latinoamericanos, Bogotá (37), Quito (40) y Lima (89).

Los mejores aeropuertos se distinguen por la funcionalidad de sus terminales y su conectividad terrestre.

Todos ellos, sin importar la lejanía, como el de Narita, que se encuentra a 100 kilómetros de Tokio, o el de Estambul, a 52 kilómetros del centro, tienen una múltiple conectividad que los hace fácilmente accesibles.

Hay otros, como el de Singapur, el Heathrow, de Londres, y el Schipol, de Ámsterdam, por mencionar sólo unos cuantos, donde no se necesita salir de las terminales para tomar el Metro o los trenes suburbanos.

<h4 class="subtitle">Nada de esto tiene el Felipe Ángeles, cuya conectividad terrestre lo está matando.</h4>

La autopista de acceso que se inauguró recientemente es una tomadura de pelo, porque conecta sólo hasta Ecatepec, no a la capital.

Cualquiera que haya transitado por la ruta entre la Ciudad de México y Ecatepec, sabe de sus frustrantes embotellamientos.

Se está construyendo otra conexión al aeropuerto del Circuito Mexiquense, pero para utilizarla habrá que tomar la autopista a Toluca y conectar 15 minutos después en La Venta, desde Santa Fe, con la autopista Chamapa-Lechería.

El problema no debe confundirse.

El Felipe Ángeles, como aeropuerto, tiene la más alta tecnología en equipos de navegación, y la construcción de la terminal y sus pistas, a decir de los expertos, tiene gran calidad.

Tiene deficiencias que se podrán resolver con mejor organización, como el tiempo que se tarda desde que documenta y los minutos en los que llega a la sala de embarque.

En la actualidad, cuentan pasajeros, ese tiempo llega a ser hasta de 20 minutos, demasiado para un aeropuerto vacío si se toma como referencia el aeropuerto de Incheon, de Seúl, donde se hacen 10 minutos.

Tampoco es relevante la distancia del Felipe Ángeles de la Ciudad de México, sino la falta de vías dedicadas para llegar sin complicaciones, que han afectado el despegue del megaproyecto presidencial que no figura tampoco entre los 10 aeropuertos principales del país.

Las enormes deficiencias de conectividad tienen que ver con las prisas de López Obrador por inaugurarlo, y aumentarán por problemas conceptuales en el transporte, que no desahogarán el Benito Juárez ni, eventualmente, lo sustituirán en definitiva.

Para que eso suceda, deberá modificarse el diseño de conectividad terrestre, porque, de continuarse por el camino actual, la viabilidad financiera del aeropuerto será inalcanzable.

El ejemplo más claro es el del tren suburbano que conectará a la Ciudad de México con Santa Lucía, que saldrá de la vieja estación de ferrocarril de Buenavista.

Si la principal conexión terrestre se va a dar desde ahí, los problemas de tiempos perdidos no desaparecerán y las personas seguirán optando por el Benito Juárez, pese a su deterioro, real e inducido, al tenerse en la alcaldía Miguel Hidalgo, según fuentes de la industria, alrededor de 70% de venta del boletaje aéreo.

Con un tráfico relativamente fluido, el recorrido del Auditorio Nacional a Buenavista en automóvil es de una media hora; en hora pico, fácilmente se duplica.

La vieja estación de ferrocarriles tiene una línea del Metro a donde llega la Línea 8, que conecta sólo con el oriente de la ciudad.

En comparación, la estación de Châtelet, en el centro de París, es cruzada por cinco líneas del Metro y trenes suburbanos, que llevan a los aeropuertos Charles de Gaulle, Le Bourget y Orly.

Para conectar con el Felipe Ángeles hay seis rutas de autobuses dedicados, de las terminales de autobuses Tapo, Norte y Sur, del Monumento a la Revolución, del Metro Indios Verdes, del World Trade Center, y una más en Perisur.

<h4 class="subtitle">El perfil del viajero en avión no corresponde probablemente con el destino de la mayoría que pasa por esos puntos.</h4>

Habrá una conexión del Periférico Oriente, a la altura de la avenida Zaragoza, con la autopista Peñón-Texcoco, pero ese Periférico sólo tiene de vía rápida el nombre, pues está lleno de semáforos.

Las autoridades piensan que conectará con San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Coapa y Tepepan.

Los problemas se vienen arrastrando, sin resolverse.

La Auditoría Superior de la Federación concluyó desde 2021 que:

<ul>
	<li>El Felipe Ángeles carecía de planeación.</li>
	<li>Análisis de impacto social.</li>
	<li>Estudios de costo real y beneficios</li>
	<li>Y que no existían evidencias de que fuera un proyecto rentable.</li>
</ul>

<h4 class="subtitle">Por los primeros resultados, va corriendo hacia el fracaso.</h4>

Quedó lejos de su meta de pasajeros, no ha cumplido en tiempo y forma la conectividad prometida, opera apenas a 8% de su capacidad y el modelo financiero elaborado en 2021, que preveía utilidad neta en tres años de 93 millones de pesos, no se cumplirá, mientras que las pérdidas estimadas para 2025, de al menos 185 millones, probablemente serán mayores.

<h6 class="subtitle underlined">Lo único bueno para López Obrador es que el desastre le caerá a quien sea presidente, porque él ya se habrá ido a su rancho.</h6>

El fracaso del AIFA

AMLO designó a tres secretarios de Estado y al fiscal general para que atendieran la petición de la mamá del Chapo Guzmán.

A nivel gabinete existe como principal línea de pensamiento que la cooperación en materia de seguridad con EU pasa en buena medida por acelerar los procesos de extradición.

El nombre de Joaquín&nbsp;el Chapo&nbsp;Guzmán no deja de estar en la conversación pública y privada del presidente López Obrador.

Tampoco su deseo de repatriarlo y que, quien fuera el líder más conspicuo del&nbsp;Cártel del Pacífico, termine de cumplir su condena en México.

El martes se volvió a referir el Presidente al tema como respuesta a la fotografía que publicó Joaquín López-Dóriga en su programa&nbsp;Joaquín, Marín, de Do Pingüe, cuando saludó a la mamá del&nbsp;Chapo&nbsp;Guzmán, durante una gira a Badiraguato el 29 de marzo de 2020.

López Obrador recordó ese momento y dijo que habló con ella porque quería entregarle una carta.

En realidad era una segunda carta, donde le pedía que abogara por su hijo, que fue condenado por una corte federal en Brooklyn a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Aquel encuentro ha sido justificado por López Obrador como un momento en que por respeto a su edad se detuvo a saludarla, y dice que se ha hecho mucho escándalo por ese encuentro que, sugiere, fue fortuito.

El Presidente se cruzó con ella en la comunidad de Las Tunas, donde vive, a donde se llega por un camino vecinal que conecta con la carretera 225.

No está de camino a Badiraguato, donde estuvo de gira, a donde se llega por la carretera federal 15.

Pero ése es sólo un detalle, del cual no se dijo jamás...&nbsp;

<h5 class="handdrawn subtitle">...por qué tomó una ruta de regreso a Culiacán tan larga</h5>

La segunda carta que le entregó en mano y difundió la Presidencia se refería a una anterior, que no se sabe cómo llegó a manos de López Obrador, a quien se dirigió como “estimado hermano de Cristo”, donde le pedía que le siguiera dando apoyo.

La carta está llena de revelaciones.

La más importante, que como resultado de la primera misiva.

<h5 class="handdrawn subtitle">el Presidente había designado a tres secretarios de Estado y al fiscal general para que atendieran la petición de la señora María Consuelo Loera Pérez.</h5>

La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el entonces secretario de Hacienda,&nbsp;Arturo Herrera; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, reveló la mamá del&nbsp;Chapo&nbsp;Guzmán, atendieron a sus abogados José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo, quienes “aportaron todas las pruebas, donde queda claro que (su) hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de Estados Unidos… Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo donde debe estar, en una cárcel en México”.

No se sabe si la instrucción tuvo seguimiento y hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero públicamente no pasó nada.

Tampoco se supo nada por parte de Guzmán Loera hasta el 17 de enero pasado, que en una entrevista en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, otro abogado que habló en nombre del&nbsp;Chapo, José Refugio González, reveló que se había enviado una nueva carta al Presidente para pedir su intervención a fin de que Estados Unidos extraditara al narcotraficante, por las “condiciones degradantes, infames e inhumanas” que está viviendo en la prisión Supermax en Colorado.

Esta tercera carta no fue dada directamente a López Obrador, sino que se envió por correo electrónico a la embajada de México en Washington, desde donde se reenvió a la Cancillería.

El mismo día en que se supo de la nueva comunicación, el Presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaba atendiendo la petición del&nbsp;Chapo, y que se podían “buscar vías e instancias internacionales” ante la supuesta violación, dijo, de los derechos humanos del criminal.

“No se puede decir no”, agregó, “se tiene que argumentar”.

Ebrard, sin embargo, reconoció poco después que la petición no era muy viable, pero que la revisaría junto con la Fiscalía General.

Una vez más, no se sabe nada públicamente de la evaluación o si hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero internamente en Palacio Nacional, las evaluaciones y consideraciones continuaron desde el punto de vista político y mediático.

Días después de la declaración de López Obrador, su vocero y jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, le informó de una encuesta donde se midió el impacto de las palabras del Presidente, que en los medios había sido muy criticada.

Para sorpresa en Palacio Nacional, la respuesta de la gente encuestada fue negativa.

La gente respondió adversamente a la declaración del Presidente, incluso criticando que hubiese abierto la posibilidad de extraditar al&nbsp;Chapo, a quien consideraban un criminal sanguinario.

López Obrador ya no quiso seguir escuchando los resultados de la encuesta, y ni siquiera aceptó quedarse con el estudio demoscópico.

<h5 class="handdrawn subtitle">NO QUITA EL DEDO DEL RENGLÓN</h5>

Lo que se sabe de todos estos coqueteos mediáticos y políticos es que el Presidente no ha quitado el dedo del renglón sobre el futuro del&nbsp;Chapo, pese a que el consenso que pudo haber tenido dentro del gobierno para atender las peticiones del narcotraficante hace tres años se han desvanecido.

A nivel gabinete existe como principal línea de pensamiento que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos pasa en buena medida por acelerar los procesos de extradición.

Esta corriente de opinión ha chocado con el núcleo más duro en torno al Presidente, que incluso le pedía que resistiera las presiones del gobierno de Estados Unidos para que no buscaran detener nuevamente a Ovidio Guzmán López, el hijo del&nbsp;Chapo.

Al no ser posible, la alternativa política fue...

<h5 class="handdrawn subtitle">...bloquear su extradición, al igual que la de Rafael Caro Quintero, culpable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena</h5>

La posibilidad de repatriación del&nbsp;Chapo&nbsp;Guzmán es casi nula.

Si Washington presiona por más deportaciones, está claro que ni en su escenario más remoto está el regresarlo a México.

Pero el Presidente no se ha resignado, por lo que se sabe de Palacio Nacional...

<h6 class="subtitle underlined">...sigue queriendo que regrese.</h6>

Sí quiere que regrese ‘el Chapo’

Agencias de inteligencia de EU descubrieron en los ‘Guacamaya Leaks’ la punta de la madeja de una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas, que incluye a México.

La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena de gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanos, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, al embajador en Canadá y exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y a un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas.

Esto no es un&nbsp;thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron, en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja.

La investigación en curso es llevada en Estados Unidos por la CIA, el FBI, la Agencia para el Control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela) y, en menor medida, Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito...

<h4 class="subtitle">...&nbsp;financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.</h4>

Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los&nbsp;Guacamaya Leaks&nbsp;el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión.

Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.

Las figuras clave en el caso mexicano son Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el Presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como&nbsp;el Venezolano,&nbsp;que se presenta como empresario.

Previamente a su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la embajada de México en Venezuela, donde, de acuerdo con informes de la Defensa, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.

Brizuela Guevara tiene un pasaporte mexicano expedido por un consulado general de Florida y, de acuerdo con un correo de la Defensa del 4 de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro. En ese mismo correo se le identificó como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y organizaciones criminales trasnacionales”.

<h5 class="handdrawn subtitle">LAVADERO</h5>

Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice, el 31 de enero de 2022, sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.

Brizuela Guevara estuvo involucrado en varios problemas violentos en Quintana Roo, aparentemente por un fraude por una subcontratación de carpas Covid, asignada por el entonces gobernador.

Nada se ha sabido de esos contratos.

Lo único cierto es que, pese a los correos de la Secretaría de la Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela Guevara, ni afectó para que Joaquín González llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.

<h5 class="handdrawn subtitle">Banco venezolano</h5>

Un correo del 24 de febrero del año pasado, monitoreado por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando Facebank para sus operaciones”.

Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.

“Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.

<h4 class="subtitle">MAÍZ Y AGUA A CAMBIO DE PETRÓLEO</h4>

Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019 revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz –aparentemente de los faltantes del fraude en Segalmex– y mil cisternas de agua potable, a cambio de 2 millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, y que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la petrolera venezolana.

La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadounidenses, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir.

Hay un número no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la Cancillería mexicana, se presume que la mayoría pueda encontrarse en esa dependencia.

Pero no son los únicos.

Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por el tipo de operación que se realizó con Venezuela, podrían también figurar en la triada criminal, terrorista e ideológica, del entramado que están terminando de armar en Estados Unidos.

La conexión Puerto Rico

Escribe Riva Palacio: Las mentiras y verdades dudosas, la desinformación y la propaganda, forman parte de la guerra cultural que libra López Obrador.

Chicago Tribune, el octavo periódico en circulación en Estados Unidos, uno de los que más ha contribuido a la historia del periodismo norteamericano, publicó ayer un editorial institucional que fue reproducido profusamente en los medios mexicanos y utilizado para criticar al presidente López Obrador.

Editorial: Mexican President López Obrador’s big lie: ‘We do not produce fentanyl’

Chicago Tribune llama a AMLO "líder delirante y mentiroso" y lo compara con Trump

“Las mentiras de AMLO sobre el fentanilo no salvan vidas”: Chicago Tribune

Es AMLO un líder delirante y mentiroso: Chicago Tribune

'Chicago Tribune' llama a AMLO "delirante" y "mentiroso"

López Obrador es un líder delirante y mentiroso al afirmar que México no produce fentanilo: Chicago Tribune

<h4 class="subtitle">El diario lo llamó “delirante” y “mentiroso” por asegurar que en México no se producía ni se consumía fentanilo.</h4>

En efecto, la mentira no pudo ser mayor; tres semanas antes, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, había anunciado el aseguramiento del laboratorio de fentanilo más grande en el sexenio.

El editorial coincidió con el informe de Artículo 19&nbsp;(Des)información oficial y comunicación social, que reveló que de 84 solicitudes de información y 34 declaraciones hechas por López Obrador entre 2019 y 2022:

<ul>
	<li>26.5% era falso.</li>
	<li>58% no presentó sustento que permitiera comprobar la veracidad o falsedad de sus dichos.</li>
	<li>5.9% se presentó información engañosa.</li>
	<li>2.9% contenía información verificable pero sin poderla ubicar en su justo contexto.</li>
	<li>Sólo 5.6% tuvo pleno respaldo documental.</li>
</ul>

Durante las primeras mil mañaneras del Presidente, alcanzadas el pasado 23 de diciembre, el promedio diario de afirmaciones falsas o no verificables fue de 94, de acuerdo con el seguimiento de SPIN Taller de Comunicación Política, que sumarían 94 mil, frente a las 30 mil mentiras de Donald Trump durante su presidencia, según un análisis de&nbsp;The Washington Post, que dio pie al&nbsp;Tribune&nbsp;para decir que:

<h4 class="subtitle">“Estados Unidos votó para destituir a su mentiroso presidente en 2020, pero al otro lado de la frontera, México lidia con su propio líder delirante”.</h4>

Las falsedades o declaraciones que no pueden ser verificadas pueden golpear el sentido común de muchos.

Decir que el Aeropuerto Felipe Ángeles es el mejor del mundo es una afirmación que no pasa la prueba del ácido, mientras que dar datos estadísticos de la época de la Colonia se vuelve imposible de verificar.

Hay mentiras flagrantes montadas sobre realidades, como el superpeso que, sin embargo, no es resultado de sus políticas económicas.

Los críticos sostienen que el Presidente dice mentiras o saca cotidianamente temas de la chistera para desviar la atención, y hablar de frivolidades o temas sin contexto ni trascendencia para no mencionar la violencia o los traspiés de su gobierno.

Sin embargo, el ser mentiroso no lo hace ser un mentiroso patológico.

<h5 class="handdrawn subtitle">Es una estrategia para imponer su conversación e impedir que los medios y los actores políticos sean quienes lo hagan.</h5>

López Obrador entiende, aunque sea intuitivamente, la teoría de la agenda&nbsp;setting,&nbsp;que hasta hace poco tiempo fijaban los medios de comunicación, que a través del procesamiento y filtración de la información, planteaban en la opinión pública temas que, por impacto y trascendencia, eran aquellos en los que había que pensar.

La agenda de los medios se imponía de manera regular a la agenda de la clase política o de la agenda pública.

<h5 class="handdrawn subtitle">Las mañaneras fueron la respuesta a la agenda&nbsp;setting&nbsp;de los medios.</h5>

El propio Presidente lo admitió el viernes pasado, cuando, durante el memorable intercambio que tuvo en Palacio Nacional con Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, sobre el espionaje del Ejército a un activista de derechos humanos en Nuevo Laredo, se negó a invitar a ese espacio al director del Centro Nacional de Inteligencia, como planteó la periodista, para que explicara el proceso de inteligencia del gobierno.

“No tiene por qué venir. Nosotros informamos, hoy mismo (lo que no sucedió, hasta ahora).

La reportera preguntó ¿por qué no? y el Presidente replicó:

<h4 class="subtitle">“Porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros… ustedes no van a poner la agenda”.</h4>

La agenda de los medios, desde hace tres décadas, de manera sistemática, ha sido la rendición de cuentas para acotar y elevar los costos de la corrupción de los poderosos.

Pero este proceso, para el Presidente, es un ejercicio que hacen sus adversarios políticos.

Las mentiras y verdades dudosas, la desinformación y la propaganda, forman parte de la guerra cultural que libra López Obrador, que la caracteriza como una lucha entre el pasado que pretende mantener sus privilegios, y el presente y el futuro, que buscan acabarlos, y que se inscribe en un fenómeno mundial de acecho y destrucción de las democracias liberales, que promueven países de leyes, transparencia y libertades.

A quienes se enfrentan a las democracias liberales se les ha definido como populistas, que los hay en la amplia geometría política, pero que, de acuerdo con Harun Güney Akgül, doctorante en la Universidad de Wroclaw, que se ha especializado en la evolución de la esfera pública en Turquía y en comunicación política, los líderes políticos han causado una polarización al jugar con los valores sociales, para lo cual la utilización de noticias falsas ha sido fundamental.

El declive de los valores democráticos, fueron victorias de líderes populistas, como Trump, Jair Bolsonaro en Brasil, o los ingleses que llevaron al Reino Unido al Brexit.

Las noticias falsas y los movimientos populistas parecen tener como rehén al destino de la democracia, un fenómeno que se explica en términos de estrategias geopolíticas y de relaciones públicas de oposición, que trasladan las audiencias hacia un régimen de posverdades, donde la emoción triunfa sobre la razón, la propaganda sobre el sentido común y el poder sobre el conocimiento.

Un estudio publicado por tres profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 2018, encontró que las noticias falsas viajan en internet “más lejos, más rápido, más profundamente y más ampliamente que la verdad”, y las falsedades tienen 70% más posibilidades de ser reproducidas, en los medios digitales, que las verdades.

<h5 class="handdrawn subtitle">Esto es lo que hace López Obrador todos los días:</h5>

<ul>
	<li>Miente a conciencia.</li>
	<li>Desinforma deliberadamente.</li>
	<li>Ataca.</li>
	<li>Distrae.</li>
</ul>

Pero se equivoca quien lo analice y reaccione bajo esas categorías, porque contribuirá a que su estrategia se fortalezca, su proyecto se consolide y la democracia, como la conocemos hoy...

<h6 class="subtitle underlined">...desaparezca.</h6>

¿Delirante y mentiroso?

AMLO debe entender que se encuentra en una situación muy delicada en la relación bilateral.

<h5 class="handdrawn subtitle">El fentanilo incendió la relación entre México y Estados Unidos y cambió la actitud del gobierno de Joe Biden con el de López Obrador.</h5>

En la culminación de un mes de mensajes directos desde el Capitolio de legisladores influyentes y funcionarios, Washington dejó caer en la Ciudad de México todo el peso de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, para hablar con el Presidente y con el gabinete de seguridad, y volver a su país con el compromiso de que el combate a los cárteles de la droga y parar el tráfico de fentanilo va a ser tomado en serio por Palacio Nacional.

Las visitas coincidieron con el secuestro de cuatro estadounidenses y el crimen de dos en Matamoros, que tensó la relación bilateral y provocó una andanada de reacciones de republicanos en el Capitolio pidiendo el envío de tropas estadounidenses a México.

En una audiencia en el Congreso, la subsecretaria para la Defensa Territorial y Asuntos Hemisféricos del Pentágono, Melissa Dalton, dijo que esa posibilidad era muy compleja por la sensibilidad mexicana sobre la soberanía nacional y el riesgo de que terminara por completo la cooperación, pero tampoco cerró la puerta a esa eventualidad.

<h5 class="handdrawn subtitle">VIOLENCIA Y FENTANILO</h5>

Lo que más le preocupaba al Pentágono, agregó Dalton, que estuvo en la Ciudad de México hablando con los jefes de las Fuerzas Armadas, es la creciente violencia en este país y el “profundamente preocupante” flujo de fentanilo a Estados Unidos.

En la misma audiencia, el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte, agregó que los cárteles de la droga mexicanos son una de sus principales preocupaciones, y resaltó que están utilizando dispositivos explosivos y pequeños drones para atacar a las fuerzas de seguridad.

Lo que dibujaron en el Capitolio fue un creciente poderío de las organizaciones criminales que están doblegando a las fuerzas federales al otro lado de su frontera sur.

<h4 class="subtitle">Cuidado. México está en la mira de EEUU</h4>

Si el problema para Estados Unidos es de salud y policial, pero sobre todo, como lo están diciendo explícitamente, de seguridad nacional, mal hará el presidente López Obrador si la única respuesta que da a la marejada que está llegando desde Washington es la narrativa nacionalista y declaraciones huecas, porque no las acompaña ningún soporte político y diplomático en la mañanera.

Tiene que entender que se encuentra en una situación muy delicada en la relación bilateral y que la maquinaria política, diplomática, militar y de inteligencia del presidente Biden está alineada contra México.

El miércoles, el Departamento de Estado difundió el Reporte de Estrategia Internacional para el Control de Drogas, donde se queja de México respecto de que los más altos funcionarios del gobierno no reconocen que se produce fentanilo en su país ni comparten información con Estados Unidos sobre decomisos de los precursores químicos para fabricar el opiáceo sintético que llegan de China y la India.

El volumen y la potencia de las drogas peligrosas que entran a Estados Unidos desde México, y la violencia alimentada por las organizaciones criminales trasnacionales es alarmantemente alta”, concluye el reporte. “México necesita reforzar sus operaciones contra las drogas, fortalecer la cooperación para frenar el tráfico de armas y demostrarlo con resultados medibles.

Y el jueves, la Dirección Nacional de Inteligencia, en su evaluación anual sobre los riesgos que enfrenta Estados Unidos, señaló a las organizaciones criminales trasnacionales, los cárteles de las drogas de México, como los productores y distribuidores “dominantes” de drogas ilegales a esa nación, que la han inundado con fentanilo y provocado un incremento dramático en su uso por parte de jóvenes desde 2019, cuando aparentemente se relajaron los controles en México.

<h5 class="handdrawn subtitle">En Washington están sucediendo más cosas y más rápido de lo que se aprecia en México.</h5>

Nos llegan algunos relámpagos, como el proyecto de resolución para que puedan entrar tropas a México, propuesta por los diputados Dan Crenshaw y Mike Glanz, retomado por el senador Linsdey Graham&nbsp;tras el secuestro contra cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, que parece un disparate.

Sin embargo, son mucho más que ideas aleatorias.

La audiencia en el Comité de las Fuerzas Armadas donde comparecieron Dalton y VanHerck es una muestra.

De manera reiterada diputados de los dos partidos preguntaron sobre la posibilidad real de enviar tropas a México como un acto de defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos, logrando la caracterización del general de que la frontera sur sí es un tema de seguridad nacional.

<h5 class="handdrawn subtitle">La amenaza que ven en México no se limita a los cárteles de la droga.</h5>

<h5 class="handdrawn subtitle">La creciente presencia de China, Rusia e Irán en la región, es el factor que no existía hasta hace poco tiempo y ahora es dominante.</h5>

Viejos dolores de cabeza y nuevas amenazas están siendo debatidas en el Capitolio en distintos comités en el Congreso y el Senado.

La visita de Dalton con los jefes militares mexicanos tuvo como temas no sólo la violencia de los cárteles y el fentanilo, sino el reforzamiento de la cooperación militar, en inteligencia y contra el ciberterrorismo, y coincidió con un encuentro de la responsable para Seguridad Territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, con López Obrador, que transmitió la preocupación de Biden sobre el fentanilo y la violencia criminal.

<h5 class="handdrawn subtitle">Las bravatas desde Palacio Nacional no tienen ningún efecto práctico en el trato bilateral.</h5>

Amagar con pedir a la comunidad mexicana en Estados Unidos que vote el próximo año contra los republicanos es una declaración sonora, pero sin puerto de destino, entre otras cosas, porque López Obrador no tiene credibilidad entre las organizaciones mexico-norteamericanas, con las que no ha querido tener relación.

Tildar de ineficientes a los servicios de inteligencia estadounidenses refuerza el nacionalismo, pero tampoco llega a ninguna parte.

Su retórica le ayuda para la cohesión interna al envolverse en la bandera nacional, pero no ataja ni neutraliza la animadversión antimexicana que está creciendo en la clase política en Estados Unidos.

Su narrativa puede continuar, pero es trabajo político y diplomático, urgente e intenso, que no está haciendo su gobierno, lo que debe emprender.

Raymundo Riva Palacio