Riva Palacio DETONA® El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, canceló la celebración del Grito de Independencia; sin embargo, el regreso a la paz y la seguridad en Sinaloa no se ve en el horizonte, escribe Raymundo Riva Palacio.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este domingo que cancelaba la celebración de El Grito y lo dejaría en un acto protocolario en Culiacán, los municipios conurbados y el sur del estado, a cuya difícil decisión llegó, dijo, para garantizar la seguridad y bienestar de la gente.

Hace unos días decía todo lo contrario: las condiciones de seguridad habían mejorado y habría Grito, para no generar la impresión que persistía la inseguridad.

El gobernador desembolsó 16 millones de pesos del erario para los festejos, que incluía la participación de Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa.

<h5 class="subtitle handdrawn">Rocha Moya, haciendo una vez más el ridículo.</h5>

Hace una semana, decenas de miles de personas marcharon en Culiacán vestidos de blanco para exigirle paz, justicia y atención a las víctimas de la violencia.

Al día siguiente el gobernador felicitó a quienes marcharon, subrayando que sus pronunciamientos eran prueba de las libertades que había en Sinaloa.

Con todo respeto, como decía quien hoy lo protege, el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador, fue una sandez lo que dijo.

No necesita haber libertades para que la gente, desesperada, salga a las calles a pronunciar su insatisfacción con el estado de cosas, hay manifestaciones en regímenes totalitarios y autócratas, donde la exasperación hace tomar riesgos a las personas.

En Culiacán y otros municipios, la desesperanza y el enojo con la autoridad no es contra el sometimiento de un régimen, sino al de las facciones del Cártel de Sinaloa,&nbsp;los chapitos&nbsp;y&nbsp;la mayiza, que se encuentran en guerra desde hace poco más de un año, ante la incapacidad del gobierno federal de contenerla, y frente a la mirada de Rocha Moya, una autoridad incompetente, que no es más que un&nbsp;zombie&nbsp;que en términos de gobernanza, es un cero a la izquierda.

Hace un año, después de que canceló los festejos de El Grito por la inseguridad y la violencia, López Obrador dijo que las noticias sobre Sinaloa estaban “envueltas en una propaganda de mentiras de sensacionalismos de alarma para inducir miedo a la población… promovido por nuestros adversarios, los periódicos vendidos o alquilados al conservadurismo, y las redes sociales”.

Días después, su mal eco, Rocha Moya, dijo, palabras más, palabras menos, lo mismo.

La narrativa de culpar todo a adversarios y críticos al régimen colapsó frente a la realidad, desde que estalló la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, más de mil 800 personas han sido asesinadas, alrededor de mil 900 están desaparecidas, y han cerrado más de siete mil negocios, produciendo la pérdida de 36 mil empleos que junto con la caída en el turismo, las pérdidas económicas rebasan los 122 mil millones de pesos.

Ningún estado ha sufrido tanto como Sinaloa, ni tampoco ningún otro gobierno estatal ha tenido una relación tan pública con una organización criminal como la tuvo Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, como reveló tras su captura Ismael&nbsp;El Mayo&nbsp;Zambada, el jefe histórico del grupo delincuencial.

<h5 class="subtitle handdrawn">La detención en Estados Unidos de Zambada inició esa guerra al romper la estabilidad en Sinaloa, pero no hay que confundirse.</h5>

Esa estabilidad no era normal; era criminal. Que fueran los narcotraficantes quienes proveyeran la gobernabilidad, no era un alivio, como sugería López Obrador cuando acusó a Estados Unidos por arrestar a Zambada.

Que tuvo como política promover la&nbsp;pax narca&nbsp;en todo el país, que terminó entregándoles territorios y facilitando su desdoblamiento en nuevos negocios criminales que suplantaron al Estado mexicano, como el cobro de impuestos -que es el pago de piso y la extorsión-, o manejando mercados -como los alimentarios- y regulando las exportaciones -como aguacates, limones y metales-.

López Obrador traicionó a la Patria al entregarle a los cárteles de las drogas el control de muchas zonas del país, y en Sinaloa tuvo en Rocha Moya una extensión de su política.

El segundo piso del obradorismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, jamás actuará contra su mentor por el daño a la nación, pero tampoco puede actuar contra Rocha Moya, pese a que desde que llegó a Palacio Nacional ha querido moverlo.

Incluso, hubo instrucciones a principios de año para que una senadora comenzara a moverse de manera más consistente, con lo que perfilaba un eventual relevo, si el Congreso local, iniciaba un juicio político contra el gobernador y lo desaforaba.

Le perdonó la vida política a Rocha Moya y lo ha estado blindando jurídicamente para que no vaya a la cárcel.

La Fiscalía General no le abrió una investigación a partir de la carta que publicó Zambada donde lo imputa en agosto del año pasado, pese a que sí lo hizo sobre otros fragmentos del documento, referidos al asesinato del diputado federal, enemigo político del gobernador, Héctor Melesio Cuén.

La protección política que hay en Palacio Nacional sobre Rocha Moya no se explica si no se incrusta el factor López Obrador, que lo ha respaldado sin dar tregua ante la presidenta.

Sheinbaum ha aceptado hacerlo, como lo ha intentado hacer con otras figuras del régimen en problemas, bajo la misma lógica de la impunidad que ofrecía el expresidente a los suyos: removerlos del cargo o castigarlos, era aceptar que se había equivocado y daría municiones a la oposición y a sus críticos para atacarlo.

La presidenta piensa lo mismo.

Pero en el caso de la guerra en Culiacán, va perdiendo la batalla.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, decía hace poco más de un año que si no pacificaban Sinaloa, la estrategia de seguridad habría fracasado.

En este país con una memoria histórica de 72 horas, aquello no se recuerda y se siguen buscando salidas, martillando hasta el cansancio el pasado para justificar la incapacidad para resolver un conflicto que inició por la omisión -por pensar lo mejor posible- de López Obrador, que entregó al crimen organizado buena parte del país, como lo pueden atestiguar miles de mexicanos que lo sufren o que son víctimas de los desplazamientos provocados por la inseguridad.

El regreso a la paz y la seguridad en Sinaloa no se ve en el horizonte. El relevo de Rocha Moya, cuando menos como administración de expectativas, tampoco.

<h6 class="subtitle underlined">El fanfarrón de Culiacán, hoy parece inevitable, seguirá entre nosotros.</h6>

Opinión

El fanfarrón de Culiacán

Riva Palacio DETONA® La captura del ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, abre un periodo en el cual crecerán las tensiones en México y las presiones dentro del régimen.

La captura de Hernán Bermúdez Requena, acusado por la Fiscalía de Tabasco de ser el líder del grupo criminal llamado La Barredora, fue realizada aparentemente el viernes pasado en un suburbio de Asunción, la capital paraguaya, que es una ciudad que se parece a Toluca y que sobresale por el lujo de sus mansiones.

Nueve meses llevaba buscándolo el gobierno mexicano, que llegó a pensar hace no mucho que podría estar en Puerto Rico, negociando con Estados Unidos ser testigo cooperante.

Se acabó la búsqueda, y funcionarios mexicanos hicieron trascender un video de la captura, rápida y limpia, con la que se realizó la acción.

El buen cierre de semana para la presidenta Claudia Sheinbaum abre, sin embargo, un nuevo frente de batalla con su mentor Andrés Manuel López Obrador, quien, cuando el gobernador de Tabasco, Javier May, denunció a Bermúdez Requena y, a manera de acusación, pidió que los exgobernadores Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, rindieran cuentas, le pidió a su sucesora que los cuidara.

Los dos son parte de una estructura criminal que está investigando el gobierno de Estados Unidos que toca al expresidente.

Sheinbaum siguió la petición de su antecesor, pero la terquedad del senador López de no poner de su parte, haciéndose cuando menos a un lado de la coordinación en el Senado, al tratar de mantenerlo alejado del escándalo, fue imposible.

La presidenta le ofreció a mediados de agosto ser embajador, pero el senador doble A se negó, le dijo que no dejaría la coordinación y que él, como decía en público, no sabía de las actividades criminales de Bermúdez Requena.

En Palacio Nacional han comentado que la principal presión que ha realizado Estados Unidos en las últimas semanas tiene que ver con el senador, pidiéndole que le abran una investigación y lo lleven a proceso, apoyando sus exigencias con documentos sobre sus presuntas actividades criminales.

Merino, sobre quien no existen esas demandas estadounidenses, ha metido la cabeza en un hoyo, y la presidenta tampoco ha actuado en su contra.

<h5 class="subtitle handdrawn">Las contradicciones dentro del régimen barren a todos.</h5>

La semana pasada se planteó en este espacio la puesta en marcha de un encubrimiento huachicolero que, aunque estaba ubicado en el contexto del caso contra los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.

Por el tema del huachicol fiscal y la corrupción en las aduanas, está conectado con los involucrados en las investigaciones contra Bermúdez Requena y que, de acuerdo con las investigaciones en México y Estados Unidos, involucran al senador doble A y a dos hijos del expresidente: Andrés (Andy), con el tema del buque asegurado en Altamira, y Gonzalo López Beltrán, en el ferrocarril transístmico.

La organización criminal La Barredora, según la investigación estadounidense, era parte del entramado criminal que se construyó en el sexenio pasado al amparo, sostienen sus hallazgos, de Palacio Nacional.

Bermúdez Requena –se desprende de éstos– era un instrumento de funcionarios importantes en el régimen, que lo habían respaldado.

Las investigaciones permitirían llegar al senador López, al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, y a un racimo de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, así como operadores políticos de Morena, para que fueran a declarar ante el Ministerio Público y deslindar responsabilidades.

La profundización de esta investigación en México es lo que está en duda que suceda.

Para botón de muestra: unas 72 horas antes de que se anunciara la captura de Bermúdez Requena, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo, a una pregunta específica en la mañanera presidencial, que no era posible llamar a declarar al senador López hasta no detenerlo. No es cierto.

La fiscalía debió haberlo llamado a declarar, al igual que a Merino, por las imputaciones que hizo en su contra el gobernador de Tabasco, Javier May, no por ser culpables de algo –hasta que se les demuestre lo contrario–, sino para que aporten ante el Ministerio Público lo que sepan de su excolaborador.

La acción de Gertz Manero no es nueva. Utilizó el mismo modus operandi con el gobernador Rubén Rocha Moya, que no ha rendido declaración pese a ser imputado por el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de colaborar con la organización criminal, y que su fiscalía alteró la investigación del asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén, su enemigo político.

El común denominador de todos ellos es la estrecha relación que tienen con López Obrador.

<h5 class="subtitle handdrawn">La captura de Bermúdez Requena desveló también problemas de coordinación o comunicación en el gabinete de seguridad.</h5>

Un comunicado del gabinete de seguridad colocado en la plataforma X el 12 de septiembre señaló que se había logrado la captura de Bermúdez mediante una “operación conjunta” del gabinete de seguridad mexicano.

En colaboración con las autoridades paraguayas, con quienes se instrumentaron las acciones “necesarias” con el gobierno sudamericano “para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”.

Es decir, informaba entre líneas que Bermúdez Requena había sido deportado –procedimiento legal si, como ha trascendido, entró sin documentos a ese país– y había llegado a Tabasco, quedando a disposición de la fiscalía estatal que lo acusó.

Pero poco después, ese comunicado fue borrado de X. Un regreso a México en fast track estaba en el interés de una parte del gabinete de seguridad, pero no de otra.

El estatus legal de Bermúdez Requena es que permanecerá en Paraguay mientras se formaliza el pedido de extradición, y el gobierno sudamericano y sus tribunales determinarán si procede o no la extradición.

Ayer, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, rechazó someterse a una extradición simplificada, que es un procedimiento acelerado de entrega que consiente voluntariamente la persona.

Un juez paraguayo determinó el sábado que Bermúdez Requena, por razones de seguridad, quede bajo la custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas.

Este espacio abre un periodo en el cual crecerán las tensiones en México y las presiones dentro del régimen.

<h6 class="subtitle underlined">En la medida que el calor vaya aproximándose cada vez más a López Obrador y su entorno, y la protección institucional se vaya debilitando.</h6>

La inquieta detención

Riva Palacio DETONA® Kirk murió víctima no sólo de un gatillero, sino de un clima envenenado donde la palabra se ha convertido en arma de guerra.

<h4 class="subtitle">La bala que mató a Charlie Kirk atraviesa a todos.</h4>

Su asesinato este miércoles no fue sólo un crimen contra un individuo, sino un mensaje de que la polarización está dejando de ser un fenómeno discursivo para convertirse en pólvora.

Kirk murió víctima no sólo de un gatillero, sino de un clima envenenado donde la palabra se ha convertido en arma de guerra.

Pero las primeras horas de luto y condena por un asesinato que nunca debió ser mostraron, para la desolación del espíritu, cómo las semillas de la ira están dando frutos: la polarización no se contuvo, se expandió; se ignora aún el motivo del asesinato, pero se puede decir que es totalmente político por sus consecuencias.

Estamos atrapados en la maldita díada entre dos conceptos que resurgieron con arrolladora fuerza cuando muchos pensaban que habían sido enterrados: la derecha y la izquierda, conceptos ideológicos reducidos al terreno de la política y la búsqueda del poder.

Los dos bandos jalaron para su lado.

El presidente Donald Trump, a quien Kirk ayudó a ganar decenas de miles de votos para su elección, dijo que era resultado de la satanización de la izquierda radical política, que discrepa de ideas contrarias a las suyas.

La extrema derecha en el mundo lo secundó, condenando “la retórica deshumanizadora de la izquierda y su intolerancia”, como alegó Jordan Bardella, el líder de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha en Francia.

Santiago Abascal, líder del partido español Vox, que tiene adeptos en México, agregó: “Ya lo he vivido. Unos apuntan y otros disparan. Como la censura no les basta, recurren al asesinato”.

Al otro lado de la geometría política tampoco hay moderación.

El pleno del Parlamento Europeo rechazó un minuto de silencio como señal de luto por Kirk, que habían solicitado los conservadores; la decisión provocó protestas, cuyos argumentos terminaron dirimiéndose a golpes.

En Estados Unidos, donde los líderes demócratas condenaron rápidamente el asesinato, hubo quienes no entendieron la gravedad del momento que se vive.

Matthew Dowd, un operador político demócrata y comentarista en MSNBC, dijo minutos después del asesinato que Kirk constantemente dirigía su discurso de odio contra ciertos grupos.

“Y siempre vuelvo a esto”, agregó. “Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio”. MSNBC lo despidió ayer.

El asesinato de Kirk se cruzó con la violencia política que vive Estados Unidos, partido por la mitad en lo político y lo social, y se cruzó con la libertad de expresión.

¿No es alguien libre de expresar sus ideas sin más riesgo de ser confrontado de la misma manera? ¿No es una acción antinatural haberlo asesinado en una universidad, donde, por definición, se alienta la discusión abierta?.

Lo paradójico de su muerte es que Kirk, si bien defendía con estridencia la libertad de expresión, también ayudaba en la construcción de muros que negaban el mismo derecho a quien pensara diferente.

Su asesinato desnuda la paradoja de nuestra era: se defiende la libertad, siempre y cuando refuerce el propio credo.

Un día antes del crimen, la Fundación de los Derechos Individuales y de Expresión publicó una encuesta entre universitarios en la que 34% dijo estar dispuesto a aceptar la violencia en “algunos casos” para frenar un discurso en los campus.

La encuesta fue un prólogo trágico del disparo que mató a Kirk.

La polarización política en Estados Unidos ha cruzado ya el límite de lo institucional.

El asesinato no puede explicarse como un hecho aislado, sino como consecuencia lógica de una sociedad que convirtió al debate público en campo de batalla.

Kirk descalificaba, ridiculizaba o incluso promovía la exclusión de discursos progresistas o de izquierda cuando éstos cuestionaban su visión del país, la religión o el orden social.

En el campo de enfrente, algunos exponentes del movimiento wokista imponían la censura o la cancelación del pasado, la tradición (como monumentos históricos) y los vínculos sociales, con el argumento de la reivindicación.

En este contexto, que va más allá de las fronteras de Estados Unidos, las palabras matan reputaciones y los discursos incendian multitudes.

Trump, el húngaro Viktor Orbán o nuestro producto nacional Andrés Manuel López Obrador, son una muestra viviente de ello.

En Estados Unidos, que sufre una violencia patológica en varios sectores de su sociedad, el siguiente paso era que alguien llevara la retórica que los rodea al extremo de la violencia física, que es lo que vimos en Utah, un estado muy conservador, donde un joven blanco con pinta de universitario acabó con la vida de Kirk.

Hoy, cada grupo en la geometría política-ideológica binaria en que vivimos busca apropiarse de la tragedia, la derecha lo presenta como mártir de la libertad; la izquierda como consecuencia de los excesos de un discurso incendiario.

En el extranjero, los líderes también lo jalan para su trinchera con los mismos argumentos que en Estados Unidos, pero en el fondo, ambos bandos lo usan como una pieza más en la disputa por el poder, sin reconocer que la víctima real es la democracia misma.

El gran carril del asesinato del influencer de extrema derecha nos lleva a un punto donde estamos viendo, en el espejo de Utah, que algo mayor agoniza: la posibilidad de disentir sin miedo, el derecho a decir lo impopular y la frágil noción de que el adversario no es enemigo.

La libertad de expresión nunca muere con un decreto; muere con el primer disparo que obliga al silencio. Hay países como México, donde sin compartir orígenes culturales y una historia política como Estados Unidos, nos hemos venido adentrando cada vez más en esa burbuja tóxica.

La polarización política tiene expresiones más violentas e insultantes, los valores se han ido difuminando y las convenciones que antes teníamos hoy son inexistentes.

La pregunta de fondo es si la libertad de expresión sobrevive en este contexto, no hablamos de la censura de un gobierno y sus brazos ejecutores, sino del silenciamiento de facto: la bala que impide la palabra.

Este es el mensaje de la bala de Kirk, porque si a un personaje con su visibilidad se le acalla con violencia, el aviso es claro: hablar tiene precio.

<h6 class="subtitle underlined">Y ese precio puede ser la vida.</h6>

La bala que mató a Kirk

Riva Palacio DETONA® El exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, pudiera no ser culpable de algún delito, pero es claramente responsable, por omisión del caso de huachicol fiscal.

El control de daños que ha intentado el gobierno para cuidar al exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, y por consiguiente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo eligió por encima del grupo de marinos con probada experiencia que integraban la terna de candidatos, no está dando resultados.

Se ha intentado de varias formas, incluido el texto de un simpatizante del régimen, que sugirió que la filtración de la captura del sobrino político del almirante por el&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal en Altamira tenía una finalidad específica.

La filtración, que se dio en la plataforma X el viernes por la noche, tomó por sorpresa al gabinete de seguridad, que pensaba anunciar el operativo el domingo.

La idea era que el anuncio se enfocara en las capturas derivadas del aseguramiento de un buque-tanque en marzo, minimizando el involucramiento de los sobrinos políticos de Ojeda.

La idea deslizada en la prensa fue que la filtración buscaba eliminar cabos sueltos o desviar la atención mediática hacia otro lado. Era todo lo contrario: lo importante ya no era lo que había sucedido en marzo, sino el nivel de personas involucradas.

La validación de que ese no era el spin del gobierno de Claudia Sheinbaum fue que desde ese momento se esforzaron en deslindar a Ojeda tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch –amigo de él desde que estuvieron comisionados en Guerrero cuando fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Quien, habilidoso, dijo que el almirante lo había ido a ver dos años atrás para pedirle que investigara irregularidades dentro de la Marina, dejando correr en los medios y la opinión pública que la investigación del caso en Altamira había sido detonada por su denuncia.

Varios analistas lo abordaron con distancia.

Joaquín López-Dóriga se preguntó por qué fue Ojeda con Gertz Manero y no presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina.

Jorge Castañeda tomó la línea de tiempo que estableció el fiscal con su declaración dominguera y cuestionó a los dos: ¿Informó Ojeda al fiscal y no al expresidente? ¿Y Gertz Manero se calló la información sin compartirla con López Obrador?.

Lo que cuestionaron ambos tiene otra lectura adicional: vimos (y estamos viendo) un encubrimiento institucional para que las investigaciones, planteado a manera de hipótesis, puedan ser contenidas para que no lleguen a Palenque, ni a Cancún, donde vive Ojeda en un departamento que cuesta un millón y medio de dólares.

El almirante Ojeda, por principio de cuentas, no habló con Gertz Manero sobre las irregularidades, sino hasta el año pasado.

Pero para efectos de argumentación, si se tomara por cierta la afirmación del fiscal, por qué no actuó durante, digamos, 530 días, si es que en algún momento abrió una carpeta de investigación como procedía.

En cambio, a García Harfuch le tomó 166 días desde el aseguramiento del buque-tanque hasta la captura de uno de los sobrinos políticos del exsecretario.

A menos de que aporte información pública de que sí hubo consecuencias de la denuncia que personalmente dice que le formuló Ojeda, no puede tomarse de otra forma salvo como un timo a la opinión pública.

En el caso de Ojeda, sí presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, igualmente en 2024, pero fue de carácter administrativo, sin aportar los nombres de sus sobrinos políticos, ni de nadie más.

Como publicó&nbsp;El Universal&nbsp;el martes, en el informe anual de la secretaría en 2023 (el año donde supuestamente Ojeda habló con Gertz Manero) y en 37 auditorías internas, no existió ningún delito de&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal en aduanas.

Peor aún, en ninguno de los casos de sus sobrinos políticos, Ojeda actuó en consecuencia.

En enero del año pasado nombró a uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, comandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta, y mantuvo al otro, Fernando, como agregado naval en la Embajada en Madrid, donde, según reportes de inteligencia mexicanos y españoles, era su centro de operaciones comerciales, legales e ilegales.

El exsecretario de la Marina pudiera no ser culpable de algún delito, pero es claramente responsable, por omisión.

Tienen los delitos diferente carga y castigo, pero lo que es inadmisible es que no haya sido incluido en ninguna carpeta de investigación, porque tiene muchas cosas que informar y explicar para deslindar responsabilidades y para que la autoridad actúe conforme a lo judicializado.

Sin embargo, llevarlo a declarar ante el Ministerio Público federal es un riesgo.

Abriría la puerta a las críticas sobre cómo López Obrador no tuvo control sobre la permisividad del exsecretario con sus sobrinos políticos, sabiendo desde hace más de tres años, por denuncias periodísticas, los malos pasos en los que andaban.

Todavía más importante, una investigación seria mostraría que no sólo el expresidente estaba informado del&nbsp;huachicol&nbsp;y el&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal, sino que encabezaba el andamiaje para que desde el gobierno se administrara.

Como se informó ayer en este espacio, en su sexenio el combate al&nbsp;huachicol&nbsp;fue laxo y permisivo por necesidades concretas del régimen.

Funcionarios federales señalaron que los trenes Maya y el Interoceánico pudieron construirse con un costo inferior al que hubieran salido a precios de mercado, porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años.

Incluso en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa compró 500 millones de pesos en diésel a una empresa ligada con el&nbsp;huachicol.

Estamos viendo un encubrimiento institucional en tiempo real, forzando toda la maquinaria propagandística del régimen para inhibir coberturas periodísticas críticas.

Va a ser en vano porque tapar lo que pasó en las más altas esferas del gobierno de López Obrador meterá en una contradicción a la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde que regresó Donald Trump a la jefatura de la Casa Blanca.

<h6 class="subtitle underlined">Su gobierno no ha dejado de presionarla para que profundice la lucha contra el&nbsp;huachicol&nbsp;en este país donde, según las investigaciones estadounidenses, durante el sexenio anterior se construyó en México una economía criminal alterna.</h6>

Encubrimiento huachicolero

Riva Palacio DETONA® Por omisión o comisión hay una responsabilidad del exsecretario de la Marina, Rafel Ojeda. El hecho de que sus familiares políticos estén en el centro de la investigación sobre huachicol más importante del país.

La red de corrupción descubierta en marzo en el puerto industrial de Altamira, en Tamaulipas, rompió la percepción de incorruptibilidad de la Marina, que durante años fue la única institución altamente confiable en México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado.

Al mismo tiempo, está empezando a aportar pistas que tocan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de manera directa y rebotan en cuando menos dos de sus familiares.

La presidenta Claudia Sheinbaum, que ordenó el desmantelamiento de la red sin saber lo que se iba a encontrar detrás, dijo que no habrá impunidad ni se limitará la investigación. La decisión está tomada; lo que se verá es si libra los probables sabotajes a sus intenciones.

Funcionarios federales dicen que sólo en el caso de Altamira hay 20 oficiales presuntamente involucrados en diversas áreas de la estructura de mando, que incluye posiciones en los aeropuertos administrados por la Marina, así como las terminales terrestres y marítimas, que controlaban dos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina, quienes están en el centro de la red de corrupción.

Además, agregan, está bajo sospecha el almirante Alfredo Hernández Suárez, que fue jefe de la Unidad de Inteligencia Naval y al final del sexenio jefe del Estado Mayor de la Armada, y el primer candidato que tenía el equipo de Sheinbaum para que fuera el relevo de Ojeda.

En el momento que Sheinbaum autorizó la operación para desmantelar la red y asegurar un buque-tanque con diésel que atracó en Altamira con documentación que lo disfrazaba de aceite, con lo cual no pagó impuestos por casi 142 mil millones de pesos, la presidenta probablemente tampoco sabía cómo se iría desenredando la madeja del&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal.

El primer muro que se franqueó fue la persecución de los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, y de un puñado de marinos en activo, agentes aduanales y empresarios, que ya están presos.

Uno de los sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que se encargaba de la administración y finanzas de la red criminal, está detenido en el Altiplano.

El otro, el contralmirante Fernando Farías Laguna, a quien se le considera el más importante en la red y que se encargaba de los negocios, se encuentra prófugo.

El almirante Ojeda, que los dejó hacer lo que quisieron durante los primeros cinco años del sexenio, cambió su proceder el año pasado cuando leyó un informe donde se describían los negocios criminales de los hijos de su cuñada.

Presentó una denuncia en el Órgano de Control Interno de la Marina, que nunca investigó, o que, si lo hizo, concluyó que no había nada que perseguir.

Esta acción, aunque no tuvo consecuencias legales, es la muy fina línea en la que se ha parado el gobierno de Sheinbaum para defenderlo y exonerarlo.

El informe no sólo mencionaba el&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal, sino todo el entramado que presuntamente, de acuerdo con el documento, habían construido.

Por ejemplo, el control más allá de la Zona Económica Exclusiva de 300 millas náuticas (684 kilómetros) en el Golfo de México para introducir droga proveniente de Sudamérica por Veracruz, en complicidad con&nbsp;El Tanke, como apodan al líder criminal en la región, y en el lado del Pacífico, donde el negocio era detener o dejar pasar los cargamentos de cocaína procedentes del subcontinente.

En Pantaco, la aduana para el manejo logístico de mercancías al norte de la Ciudad de México, controlaban todos los productos, predominantemente telas, que vendían a&nbsp;La Unión Tepito&nbsp;y a varios empresarios textileros importantes.

El&nbsp;huachicol&nbsp;es uno de los negocios criminales más lucrativos, aunque es donde más tarde llegó el crimen organizado.

Durante años, el combate al&nbsp;huachicol&nbsp;reveló corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, federales y locales, pero poco se hablaba, hasta hace poco más de seis años, de grandes organizaciones delincuenciales involucradas.

La primera fue el&nbsp;Cártel Santa Rosa de Lima, que apareció en 2014 en Guanajuato, y que es una banda de alcance limitado, los narcotraficantes, explicó un experto, veían el robo de combustible como un negocio del gobierno.

En el sexenio de López Obrador, el combate al&nbsp;huachicol&nbsp;fue más laxo y permisivo, por necesidades concretas del régimen.

Funcionarios federales señalan que los trenes Maya e Interoceánico pudieron construirse en los costos actuales porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años.

La descripción de este esquema ha sido documentada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que consideran que durante la administración de López Obrador se construyó una economía criminal alterna.

En esta estructura que operó durante el obradorato, se ha documentado cómo se fortaleció la actitud delincuencial en diferentes niveles, como de manera clara han revelado investigaciones periodísticas los andares de Amílcar Olán, muy cercano a Andrés&nbsp;Andy&nbsp;López Beltrán, el hijo del expresidente, que se hizo millonario instantáneo en el sexenio pasado y sigue despachando y haciendo negocios –incluidos con Pemex– desde una suite en uno de los hoteles más lujosos de la capital federal.

El grupo de amigos de los hijos del presidente fue capitalizado también por varios miembros del Grupo Tabasco, que encabeza el senador Adán Augusto López, y que, de acuerdo con averiguaciones en México y Estados Unidos, algunos están involucrados en el&nbsp;huachicol&nbsp;en Chiapas y Tabasco.

Los sobrinos políticos del almirante Ojeda se movieron y crecieron en este ambiente de condiciones propicias para las actividades criminales, donde prevaleció la impunidad sobre el castigo.

Por omisión o comisión hay una responsabilidad del exsecretario de la Marina, pero no sería el único.

El hecho de que sus familiares políticos estén en el centro de la investigación sobre&nbsp;huachicol&nbsp;más importante que se haya realizado en el país ha hecho que el fenómeno tenga un escrutinio más detallado y profundo.

Pero lo más importante está en las manos de Sheinbaum:

<h6 class="subtitle underlined">barrer la escalera de corrupción y criminalidad de arriba hacia abajo, como decía López Obrador, aunque de hacerlo, el ejercicio, de una forma o de otra, lo tocará a él.</h6>

Se les enredó el huachicol

Riva Palacio DETONA® La guerra en Culiacán estalló el 9 de septiembre, hoy hace un año, casi un mes después de que Ismael El Mayo Zambada publicó una carta en la que ratificó la acusación contra su ahijado Joaquín Guzmán López, por haberlo engañado.

A un año de haber comenzado la guerra en Culiacán por la implosión del Cártel de Sinaloa, la pregunta que sigue haciendo el gobierno de México a Estados Unidos es cómo fue la captura de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico de esa organización criminal, el 26 de julio del año pasado.

La última petición sobre los detalles de lo que sucedió fue el miércoles, durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El canciller estadounidense le dijo que no era posible darle la información por el riesgo de filtraciones a los criminales de su gobierno.

Pese a que Rubio reconoció públicamente que “jamás” había existido una colaboración tan amplia de un gobierno mexicano con el suyo, siguen existiendo desconfianzas y reticencias a que la información de inteligencia fluya.

Varios altos funcionarios han sido enviados a Estados Unidos para someterse a exámenes de confianza –un doble&nbsp;vetting–, pero ni así se han restablecido los canales de intercambio de inteligencia amplia.

La presidenta tuvo que asumir el descolón del secretario de Estado.

Sheinbaum arrastra la desconfianza que tienen los estadounidenses en López Obrador, que expuso Rubio al reconocer el cambio de estrategia con respecto del concepto obradorista de abrazos y no balazos que, aseguró, abrió la puerta para que los cárteles se apropiaran de territorios en todo el país, fraseando la imputación sin los matices que ha empleado en público, limitándolo a la zona fronteriza.

Por lo que ha trascendido, tampoco en este señalamiento hubo una respuesta presidencial.

Si bien Sheinbaum no tuvo una actitud ladina como la que tomaba López Obrador cuando hablaba con los emisarios de Washington, fue cuidadosa aunque enérgica en algunos temas.

Es lo que sucedió, de acuerdo con lo que ha trascendido, con el caso de Zambada y la guerra en Culiacán, de la que López Obrador y Sheinbaum culpan al gobierno de Joe Biden, porque la captura de Zambada, argumentan, propició la violencia que se vive.

Esas declaraciones, sin embargo, son el reconocimiento tácito de que Sinaloa vivía la pax narca, al ubicar a Zambada como factor de estabilidad y gobernabilidad.

Ni López Obrador ni Sheinbaum lo han fraseado de esa manera, pero eso es lo que admiten.

Permite entender –no justificar– por qué López Obrador no actuó contra el Cártel de Sinaloa, pero lo que todavía no se alcanza a comprender es por qué el gobierno de Sheinbaum, que está combatiendo a las dos facciones en las que se dividió el Cártel de Sinaloa, no ha podido contener la violencia.

Extrañamente, ninguno de los dos pidió al gobierno de Estados Unidos información sobre cómo se dio la captura de Joaquín, hijo de El Chapo Guzmán, que cayó en el mismo operativo de julio, aparentemente porque la versión oficial en Washington de que engañó a Zambada y se lo llevó a Estados Unidos, no es creíble en Palacio Nacional.

La guerra en Culiacán estalló el 9 de septiembre, hoy hace un año, casi un mes después de que Zambada publicó una carta en la plataforma X –que no pudo haber salido de la cárcel de Brooklyn sin autorización de los fiscales–.

En la que ratificó la acusación contra su ahijado Joaquín Guzmán López, por haberlo engañado para ir a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal Héctor Melesio Cuén (que fue asesinado en el lugar de la reunión), para solucionar un enfrentamiento por la rectoría de la Universidad de Sinaloa, como mediador de las partes.

La operación fue planeada y ejecutada por el FBI y un comando del Departamento de Seguridad Nacional, y se hizo a espaldas del gobierno de López Obrador, porque, dijeron funcionarios estadounidenses, temían que hubiera una filtración y alertara a Zambada de que iban a detenerlo y llevarlo a Estados Unidos.

Nueva información de las investigaciones de las agencias de inteligencia de ese país sobre el Cártel de Sinaloa y los presuntos nexos del expresidente y su entorno con la organización señalan que la captura de Zambada se dio como consecuencia de “una traición del pacto criminal” vigente entre el gobierno y la organización.

Según las investigaciones estadounidenses, El Mayo Zambada “sabía” que López Obrador estaba traicionándolo con Los Chapitos, a quienes en los meses previos buscó cuidar de la embestida de la administración Biden por el tráfico de fentanilo ilegal, enviándoles mensajes de que “las cosas” con Estados Unidos “estaban muy calientes” y era mejor que dejaran de producir fentanilo.

Días después, a principios de mayo de 2023, sin ningún contexto público, Los Chapitos enviaron una carta a la periodista Azucena Uresti, donde afirmaron que “jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados”, como los acusaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se decían “víctimas de una persecución” donde los habían convertido en “chivos expiatorios”.

Las investigaciones estadounidenses agregan que Los Chapitos habían detectado que en Palacio Nacional los iban a traicionar, aparentemente buscando deslindarse el expresidente y dos altos funcionarios tabasqueños cercanos a él, por lo que buscaron una salida con el gobierno de Biden. La facción de Los Chapitos se fracturó y hasta ahora sólo Ovidio y Joaquín llegaron a acuerdos con los fiscales de Trump.

Otra persona involucrada en la captura y el asesinato de Cuén, que desde un principio comenzó a colaborar con los estadounidenses, es el gobernador Rocha Moya, de quien hay datos en el gobierno mexicano de que tanto él como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, son informantes de las autoridades en ese país.

Los gobernadores han negado tener cualquier vínculo en ese sentido.

La guerra en Culiacán suma más de mil 800 personas asesinadas hasta agosto pasado, un incremento de 265% con respecto del mismo periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Ciertamente, existe una correlación directa entre la caída de El Mayo Zambada y la espiral de violencia, que no le dan la razón a López Obrador o a Sheinbaum, porque la gobernabilidad no la proporcionan los narcotraficantes sino el Estado mexicano.

<h6 class="subtitle underlined">Que sigue en entredicho por las oscuras relaciones de López Obrador y sus cercanos con el Cártel de Sinaloa.</h6>

Un año de guerra en Culiacán

Riva Palacio DETONA® El aseguramiento en Tamaulipas provocó una fuerte reacción en la Marina porque la operación colocó los nombres de los involucrados en la mira de Estados Unidos.

En las ironías de lo que ha tenido que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum para aplacar la furia del presidente Donald Trump, se encuentra el origen de uno de los golpes más importantes que ha hecho en su joven sexenio contra el&nbsp;huachicol,&nbsp;cuya dinámica, en este momento, no permite saber hasta dónde va a escarbar su corrupción.

El aseguramiento de un barco con 10 millones de litros de diésel, que produjo la detención de 14 personas la semana pasada, sobresaliendo la captura de un vicealmirante, sobrino político del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda, que tenía fuertes relaciones con el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El aseguramiento de ese barco fue resultado de la presión que sentía la presidenta Sheinbaum por las amenazas arancelarias de Trump.

El 26 de febrero había anunciado tarifas de 25% a las importaciones mexicanas, que entrarían en vigor el 2 de abril si para el 4 de marzo no había demostrado avances en materia de seguridad en la frontera.

A los pocos días hubo una reunión del gabinete de seguridad para analizar qué podrían hacer, para enviar la señal de que habían tomado nota de la advertencia, pero nadie tenía nada en la cocina salvo el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, porque cuando llegó al cargo y comenzó a platicar con los almirantes, uno de ellos (cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad), le platicó del&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal en Altamira.

El almirante fue convocado a Palacio Nacional para que explicara lo que había investigado y describió las redes de marinos, funcionarios aduaneros y empresarios que operaban con pedimentos alterados para introducir combustibles a través del mecanismo que se conoce coloquialmente como&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal, que se reveló en este espacio en marzo del año pasado.

La presidenta preguntó qué tan rápido podía hacer la operación para desmantelar esa red, y la respuesta fue que inmediatamente, si tenía los recursos para hacerlo. Sheinbaum se los dio y ordenó que partiera en ese momento.

El aseguramiento fue el 19 de marzo y se anunció el 31.

<h5 class="subtitle handdrawn">Destaparon una caja de Pandora.</h5>

Lo primero que encontraron es que no había sido uno, sino dos barcos que habían transportado combustible con pedimentos apócrifos, pero uno de ellos, mientras la operación estaba en marcha, zarpó y lo perdieron.

Lo segundo fue un llamado de Washington con la petición urgente para que viajaran de inmediato sus contrapartes para hablar sobre el aseguramiento.

Estaban preocupados porque, les dijeron, un empresario texano que había sido donante de la campaña de Trump, estaba asociado con el barco –aunque no quiere decir necesariamente que conocía de las ilegalidades–, mientras que del lado mexicano, se encontró que el cargamento llevaba, en una de sus líneas, a familiares del expresidente López Obrador –igualmente, sin que esto signifique automáticamente responsabilidad o culpabilidad–.

No obstante, las investigaciones continuaron en México así como fueron creciendo las presiones de Estados Unidos para combatir el robo de combustible.

De ahí surgió la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, designado en enero pasado como comandante de la 10ª Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el 2 de septiembre.

Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobre quien existe una orden de aprehensión por el mismo caso, se encuentra prófugo.

Los marinos son sobrinos políticos del almirante Ojeda, que durante los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador capoteó las acusaciones de corrupción surgidas en la prensa contra ellos, que son hijos de su cuñada y que tenían una enorme ascendencia con la esposa del entonces secretario que les permitió operar sin consecuencias.

Ayer, en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hizo un enorme esfuerzo por deslindar al almirante Ojeda de lo que hicieron sus sobrinos políticos, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, lo secundó al recordar que hace dos años el secretario le pidió que investigara diversas irregularidades en la dependencia, permitiendo la especulación de que él había sido quien detonó la investigación de marzo.

La conversación con el fiscal se dio en el contexto de la decisión sobre la candidatura presidencial de Morena, en la cual había apostado por Marcelo Ebrard, con quien tiene una estrecha relación.

Pero fue hasta principios de 2024, de acuerdo con personas que trataron con el almirante Ojeda, cuando comenzó a buscar amarrar los cabos sueltos, luego de que su caballo negro para la Presidencia no llegó a la candidatura, y empezó a desvincularse de sus sobrinos políticos.

Fue demasiado tarde.

La operación que condujo a este golpe no comenzó hace dos años, sino hace seis meses, derivado de la exposición que hizo el almirante al secretario Morales, que había llamado a sus mandos operativos para conocerlos y escuchar sus diagnósticos.

El almirante le expuso la investigación que había realizado de manera unilateral, porque nadie en la secretaría le había hecho caso, y menos aún ayudado.

En ese momento, el nuevo secretario de la Marina tampoco le hizo mucho caso.

Al mismo tiempo, se venía dando una creciente presión del gobierno de Estados Unidos para que incrementaran el combate al robo de combustible, pero no fue sino hasta la urgencia de la presidenta para entregar un resultado importante a Trump, cuando surgió lo único armado como investigación que tenían a la mano, el caso del&nbsp;huachicol&nbsp;fiscal en Altamira.

Fue un golpe de suerte en Palacio Nacional, porque si bien el puerto de Altamira tenía prendidas las alertas en México y Estados Unidos por el uso de los recursos del combustible robado en Tamaulipas para campañas político-electorales de Morena, no había una investigación a fondo sobre las redes de corrupción.

El aseguramiento provocó una fuerte reacción en la Marina porque la operación colocó los nombres de los involucrados en la mira de Estados Unidos.&nbsp;

Una versión que circula dentro de la secretaría es que varios oficiales discutieron asesinar a quienes habían descubierto sus operaciones en Altamira.

<h6 class="subtitle underlined">Como de acuerdo con investigaciones paralelas, se presume que actuaron a finales del año pasado contra un contralmirante y una funcionaria de la Fiscalía General en Manzanillo.</h6>

Carambola por presión

Riva Palacio DETONA® Los casos contra periodistas y medios no son aislados ni anecdóticos. En México se está dibujando un patróninconfundible del regreso masivo de la censura, maquillada de legalidad.

Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer Informe de Gobierno que no hay censura en México, donde “se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia”.

Lo mismo señalaba su mentor Andrés Manuel López Obrador, quien argumentaba que la mejor prueba de que no había censura era que podían criticarlo sin represión, es relativo.

El régimen obradorista no caminaba hacia una dictadura, sino a una autocracia, acabando metódicamente con las libertades, borrando una lucha por las libertades que se extendió por varias décadas.

<h4 class="subtitle">La censura nunca se fue</h4>

Simplemente se transformó; durante años, el discurso oficial presumió la libertad de expresión, que no regaló, sino que fue conquistada por medios, periodistas y organizaciones civiles.

Hoy, su evolución es involución: periodistas asesinados, medios acosados judicialmente, columnistas silenciados por órdenes de jueces que creen servir al Estado, cuando en realidad lo degradan.

Tal es el caso del columnista Héctor de Mauleón y&nbsp;El Universal,&nbsp;a quienes castigaron las autoridades electorales de Tamaulipas por publicar los presuntos vínculos de quien se convirtió en presidenta del Poder Judicial de ese estado, y una red de&nbsp;huachicol.

Un asunto de interés público enmarcado en la arena política fue juzgado por el tribunal tamaulipeco como un acto de violencia de género.

Otras políticas en otros estados, que fueron cuestionadas por su actividad política, no su género, buscaron acallar sin éxito a periodistas con el mismo tipo de demanda, pero ese precedente legal fue ignorado en Tamaulipas.

De Mauleón y&nbsp;El Universal&nbsp;se negaron a retirar la columna y entrarán al túnel de la incertidumbre con el nuevo Poder Judicial, pendiente sobre ellos una multa al diario y, contra De Mauleón, que ofrezca disculpas públicas durante 16 días, y dejarla como epígrafe en su columna hasta que muera. Si no cumplen, el SAT se encargará de ellos y, eventualmente, el Ministerio Público.

<h5 class="subtitle handdrawn">El nuevo rostro de la censura es más peligroso en la actualidad porque se disfraza de legalidad.</h5>

No hay oficinas con censores ni llamadas desde los despachos del poder para amenazar y obligar a no publicar lo que les incomoda, pero aprendieron de las palabras de Dilma Rousseff, que sucedió a Lula en la presidencia de Brasil, y que en una entrevista, en la que le preguntaron qué habían hecho mal para evitar que los acusaran de corrupción y perdieran el poder, respondió cándidamente que fue el no haber controlado el Poder Judicial y silenciado a la prensa.

Ese es el nuevo rostro de la censura en México: tribunales que ordenan callar. No hay listas negras en papel, pero sí castigos disfrazados. Creyó erróneamente López Obrador, como también pensaban sus antecesores, que el control de los medios era mediante la publicidad y que sólo bastaba asfixiarlos financieramente.

La realidad era diferente. Ningún medio desapareció; sólo redujo sus utilidades, haciéndoles inopinadamente un gran favor al obligarlos a reingenierías financieras para enfrentar los nuevos tiempos.

Lo que hicieron el presidente emérito y su sucesora será algo que los medios y sus periodistas se los agradecerán siempre, porque los hizo más independientes. No todos han aprovechado la libertad de escoger ese camino, pero la ruta está iluminada.

De ahí la embestida legal y las decisiones extraordinariamente escatológicas de algunas instituciones de las que hace no mucho estábamos orgullosos y hoy están en ruinas, sin darse cuenta sus cabezas hasta dónde han caído.

Es el caso del Instituto Nacional Electoral, donde sus enterradores recientemente exoneraron a Pío López Obrador y a David León de haber recibido y entregado dinero –se calcula en dos millones de pesos– en efectivo, que el entonces presidente López Obrador admitió en una mañanera en Palacio Nacional, justificando a su hermano, que “era para el movimiento”.

López Obrador fue culpable confeso al afirmar que el dinero que entregó León, en ese entonces operador político del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sí fue a parar a la maquinaria político-electoral de Morena.

El INE dijo, ignorando la palabra del expresidente, que no había pruebas de un delito electoral –igual que los acordeones surgidos de la creatividad del mexicano que decidieron la Suprema Corte de Justicia–, pese a que la acción videograbada por el equipo de León mostraba ese probable delito y otro, del cual jamás se dio vista a la Fiscalía General, por el presunto delito de dinero de procedencia ilícita.

La resolución del INE empoderó a Pío, que anunció que demandará a Latinus y a su periodista estrella, Carlos Loret, por haber difundido el video de marras el 20 de agosto de 2020, por 200 millones de pesos a cada uno.

De igual manera que De Mauleón y&nbsp;El Universal, entrarán al oscuro túnel de la incertidumbre sobre cómo actuará el nuevo Poder Judicial, colonizado en sus órganos jurisdiccionales, en donde se ventilan, por ejemplo, los amparos y las suspensiones.

Loret y Latinus van en camino de recorrer lo que están andando De Mauleón y&nbsp;El Universal, que no fueron amenazados por el narco ni el columnista sufrió un atentado en la calle: fue una sentencia judicial, limpia y sellada, que en apariencia respetó el Estado de derecho, pero que en el fondo no fue otra cosa que censura.

Por supuesto, no son los únicos.

En Puebla, un tribunal prohibió a un periodista mencionar al gobernador en cualquier información, porque le incomodaban sus críticas.

En Campeche, los tribunales usaron una ley para intimidar a periodistas que investigaban contratos turbios del gobierno, en la Ciudad de México, el inefable INE obligó a La Silla Rota a revelar sus fuentes bajo amenaza de sanción.

No son casos aislados ni anecdóticos; están dibujando un patrón inconfundible del regreso masivo de la censura, maquillada de legalidad.

El mensaje es claro: se puede criticar, pero no demasiado, se puede investigar, pero no al funcionario equivocado. Se puede opinar, pero sin traspasar la línea invisible que el poder traza cada día más cerca de sí mismo.

La censura ha regresado, no como una prohibición frontal, sino como un clima enrarecido donde cada periodista mide sus palabras y calcula sus riesgos.

<h6 class="subtitle underlined">Veremos el resurgimiento de la autocensura, que es la más efectiva de todas las censuras porque no deja huellas, no genera escándalos y convierte al silencio en rutina.</h6>

La censura, o el silencio como rutina

Riva Palacio DETONA® Marco Rubio es el halcón menos feroz en la administración Trump, pero es, de todo el gabinete, quien mejor conoce a México y sabe lo que provocó López Obrador con su tolerancia y laxitud con los cárteles.

<h4 class="subtitle">Pues al final no hubo ningún acuerdo de seguridad con Estados Unidos.</h4>

El golpe pega directamente en la presidenta Claudia Sheinbaum, que había levantado altas expectativas sobre su conclusión, lo propuso el 17 junio al presidente Donald Trump y el 1 de julio dijo que estaba prácticamente listo y se anunciaría “esta semana”.

Dos meses después, se quedó con las ganas ante un mensaje implícito de Estados Unidos: México no es un aliado al que trata mirándole a los ojos; es un “mal necesario” –como lo describen altos funcionarios en la Casa Blanca– con el que hay que trabajar porque es la puerta de la migración, el fentanilo y los negocios criminales de los cárteles de las drogas, a los que llaman “terroristas”.

Tampoco hubo que esperar a que se reuniera con Marco Rubio, el poderoso canciller de Trump, para entender que México no es el piloto en la estrategia para combatir a los cárteles, sino un copiloto que a veces ocupa el asiento trasero.

El “acuerdo” –que tiene naturaleza jurídica y obliga– que no fue, el lunes Sheinbaum lo redujo a un “entendimiento” –donde se declaran meramente intenciones sin ser vinculantes–, y para el miércoles, lo había convertido en un “Programa de Cooperación en Materia de Seguridad Fronteriza” –que organiza la ejecución de lo que se ha pactado–.

Tremenda reducción estratégica de lo que había planteado.

La presidenta no parece haber sido bien informada esta semana sobre lo que debería esperar con Rubio, porque no sabía que lo que más habría era un programa, para el cual su venta pública por semanas y las alegorías sobre lo que iba a lograr con Trump, resultaron pólvora mojada.

Ayer adelantó, durante su conferencia matinal, que el encuentro con Rubio sería cordial y reflejaría el buen estado de la relación bilateral; tras escuchar al secretario de Estado en una rueda de prensa, se entiende por qué. Jamás ha habido una cooperación tan profunda con ningún gobierno de México, aseguró, mostrando su complacencia con lo que ha ido cediendo la presidenta a sus pretensiones.

La frase, sin embargo, meterá en problemas a la narrativa de que el gobierno de Felipe Calderón fue el más entreguista de la historia, porque los resultados alcanzados benefician únicamente a Estados Unidos.

Sheinbaum había dicho que hablaría por los mexicanos en Estados Unidos –el tema del endurecimiento de las políticas migratorias– y de comercio. Si lo hizo, no trascendió.

El comunicado conjunto refleja las prioridades que la semana pasada anunció el Departamento de Estado concretaría Rubio en México y Ecuador.

“Los dos gobiernos –señala en su punto central–, establecerán un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente y dará seguimiento a los compromisos mutuos y a las acciones tomadas dentro de los dos países.

Incluidas las medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza y eliminar los túneles clandestinos en la frontera, atacar los flujos de financiamiento ilícito, fortalecer la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, las investigaciones y los procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.

Aunque parece un comunicado tradicional, no lo es.

Hay algunas acciones canceladas por López Obrador que se restablecen, como el grupo de alto nivel para darle seguimiento a los compromisos, que resaltó Rubio, establecerá un mecanismo de rendición de cuentas, liquidando totalmente la discrecionalidad de los abrazos sin balazos.

Hay también elementos nuevos que no figuraban en el pasado, como el robo de combustible.

El&nbsp;huachicol&nbsp;apareció de manera prominente, pidiendo inspecciones e investigaciones en México, lo que subraya una de las nuevas preocupaciones y prioridades de Washington.

El trabajo contra el contrabando de armas incluirá, según Rubio, un rastreo de las armas, como lo hizo el programa “Rápido y Furioso” –aunque terminó en fracaso–, pero que no será unilateral, sino contará con la cooperación del gobierno mexicano, lo que es otro tropiezo en la retórica propagandista de López Obrador.

<h5 class="subtitle handdrawn">En términos de combate a las organizaciones criminales en México, este acuerdo es positivo.</h5>

El que se plantee dentro de un plan bilateral resuelve el tema de la soberanía nacional, que le permite a Sheinbaum exaltarlo en su narrativa, como seguramente lo hará hoy en su mañanera.

Lo malo es que la agenda de la lucha contra los cárteles regresa a ser dictada por Washington, en función de la seguridad nacional de Estados Unidos, donde ubicó Trump el combate a los cárteles desde que los denominó como “organizaciones terroristas extranjeras” y la eliminación del tráfico ilegal de fentanilo desde México, por cuya frontera se ha incautado 97% del opiáceo.

Si hasta ahora la cooperación “jamás” vista con un gobierno mexicano sólo ha beneficiado a Estados Unidos, ¿cuál sería el incentivo para Sheinbaum? La respuesta es sencilla: la pacificación del país.

Alcanzarla es otra cosa, y como se ha visto, no se ha podido apaciguar al país hasta ahora, la opción se la da Trump: tropas estadounidenses que combatan a los cárteles junto con las Fuerzas Armadas mexicanas en nuestro territorio.

El plan anunciado ayer no contempla esa posibilidad, pero las señales que se están enviando apuntan a que será cuestión de tiempo para que se eleven las presiones o, incluso, tengamos acciones unilaterales abiertas o clandestinas.

Sheinbaum ya las experimentó y debe escuchar lo que están diciendo. Rubio, por ejemplo, que minutos antes de subirse al avión para volar a México habló con la prensa en Florida, donde a propósito de una pregunta sobre el misil que destruyó una lancha rápida con 11 personas a bordo, respondió:

“El presidente (Trump) ha sido muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos (y) toda la fuerza de Estados Unidos para combatir y erradicar a estos cárteles de las drogas, sin importar desde dónde operen, ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad. Esos días se acabaron”.

Rubio es el&nbsp;halcón&nbsp;menos feroz en la administración Trump, pero es, de todo el gabinete, quien mejor conoce a México y sabe lo que provocó López Obrador con su tolerancia y laxitud con los cárteles.

<h6 class="subtitle underlined">Por lo mismo, sus palabras deben ser calibradas de manera diferente a como analizan al resto de los extremistas en Washington, y repensar qué quiere Sheinbaum para México, y cómo lo quiere.</h6>

Se allanó la presidenta

Riva Palacio DETONA® La presidenta Sheinbaum va desgastándose y perdiendo consenso para enfrentar la principal demanda de Trump, que México acepte que militares estadounidenses participen con las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles.

El diseño del viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, a México y Ecuador no puede verse como una deferencia con el principal socio comercial de Estados Unidos, ni resultado de una relación extraordinaria hoy en día.

Su trazado apunta a una estrategia específica de combate al&nbsp;Cártel de Sinaloa&nbsp;y a cortar sus redes de distribución de cocaína y lavado de dinero, que tienen sus raíces en ese estado del Pacífico, y que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según investigaciones en Estados Unidos, tuvieron el aval, protección y complicidad de funcionarios muy cercanos a él.

El&nbsp;Cártel de Sinaloa&nbsp;no es la única organización criminal mexicana que opera en Ecuador.

El&nbsp;Cártel Jalisco Nueva Generación&nbsp;trasladó la guerra contra sus principales adversarios a esa nación sudamericana desde hace casi una década, para disputarles el tráfico de la cocaína.

Ambos usan dos grupos locales:&nbsp;Los Choneros, con quien forjó una alianza Joaquín&nbsp;El Chapo&nbsp;Guzmán en 2003, y Los Lobos, con quien la estableció la organización de Nemesio&nbsp;El Mencho&nbsp;Oseguera, alrededor de 2013, y a quien se le atribuye el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, en 2023.

Sin embargo, la conexión directa con autoridades mexicanas es con el&nbsp;Cártel de Sinaloa, a través de un exgobernador, un subsecretario de Estado y el propietario de una flota pesquera que tiene operaciones en Ecuador y Perú.

Que se utiliza para enviar armas y dinero, con cargamentos de droga en los barcos que regresan a México, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los servicios de inteligencia y agencias judiciales de Estados Unidos.

Según la información que recolectaron, ninguno de ellos actuó a espaldas de Palacio Nacional en años recientes.

El planteamiento de este diseño no excluye la posibilidad de que, como ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum, se firme este miércoles un acuerdo de seguridad entre los dos países, que incluirían –probablemente de manera ambigua para el público–.

Las necesidades estratégicas del gobierno de Donald Trump, esbozadas en el comunicado de prensa del Departamento de Estado la semana pasada que anunció el viaje de Rubio: desmantelar a los cárteles de las drogas.

Este objetivo, muy firme en el discurso de Sheinbaum, no ha tenido los resultados que había esperado Estados Unidos, reflejados en que la guerra de los cárteles no ha cejado, teniendo como mejor ejemplo la guerra fratricida en el&nbsp;Cártel de Sinaloa.

Las presiones para que actúe en contra de aquellos funcionarios y empresarios vinculados con las organizaciones criminales no han parado.

Se lo han dicho a la presidenta y a varios de sus funcionarios en privado, además de haberle enviado mensajes a través de los medios estadounidenses.

Sheinbaum ha hecho numerosas concesiones a Estados Unidos en materia de seguridad, pero lo que es intransitable, una acción militar unilateral norteamericana, está comenzando a perder legitimidad y apoyo entre la población mexicana.

En la encuesta que publicó ayer EL FINANCIERO sobre la percepción que se tiene del manejo de la relación con el presidente Donald Trump y su gobierno, los resultados no son alentadores.

A la pregunta de cómo calificaría las relaciones bilaterales, 51% dijo mal y sólo 37% aprobó, que fue una mejoría con respecto de la medición de julio, donde 57% la desaprobaba y sólo 27% pensaba que lo estaba haciendo bien.

Y cuando preguntan la manera como su gobierno está llevando la relación con Trump, 56% desaprobó y apenas 28% dijo que lo estaba haciendo bien.

El problema de fondo se ve en otras respuestas: 34% está de acuerdo con usar militares estadounidenses para combatir grupos criminales en México (un brinco de 10% en un mes), y aunque 65% siguió manifestando su desacuerdo, fue 10% menos que en la medición anterior, mostrando debilidad en esa convicción.

¿Más colaboración? 31% de los encuestados, 18% más que en julio, dijo adelante; 66%, 23% menos que el mes pasado, bajó sus resistencias.

La presidenta va desgastándose y perdiendo consenso para enfrentar la principal demanda de Trump –y de su gabinete–, que México acepte que militares estadounidenses participen con las Fuerzas Armadas de México en el combate a los cárteles en territorio mexicano.

El tema, si nos atenemos al comunicado del Departamento de Estado, tiene en la propuesta de “acciones rápidas y decisivas para desmantelar a los cárteles” una de las prioridades del viaje de Rubio, por lo que no puede descartarse –otra cosa es darlo a conocer públicamente– que sea uno de los puntos que se hablarán hoy en Palacio Nacional, donde habría discrepancias de fondo.

No será así en el caso del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que ha pedido la intervención de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles que dispararon la violencia en ese país, atrapado como en un sándwich entre Perú y Colombia, los principales productores de cocaína.

Noboa está en la lógica de Villavicencio, cuyo asesinato es atribuido en parte a que quería restablecer el convenio que daba a la DEA el uso de la Base Aérea de Manta, desde donde realizaba sus operaciones contra el narcotráfico en Sudamérica, que canceló el expresidente Rafael Correa, muy cercano a la ‘4T’, en 2009.

Noboa logró en junio que los ecuatorianos aprobaran una enmienda constitucional para prohibir bases militares en su país, y para finales de este año prepara un referéndum nacional para que la gente decida si quiere o no el regreso de la base en Manta a Estados Unidos.

En una reciente entrevista con el diario italiano&nbsp;Corriere della Sera, dijo que la instalación de bases militares extranjeras era una de las prioridades de su gobierno para fortalecer la cooperación internacional en seguridad.

El presidente ecuatoriano no podía estar más alejado de la presidenta de México, y está mucho más cerca de Trump y de Rubio, de lo que está Sheinbaum.

La diferencia: Quito está a cuatro mil 400 kilómetros de Washington, y México comparte tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y muchos intereses comunes.

Con Ecuador, la cooperación es menos compleja.

<h6 class="subtitle underlined">Con México, las presiones sólo pueden llegar hasta cierto punto –aunque el factor Trump baña todo de incertidumbre–.</h6>

Raymundo Riva Palacio