¿Fuego amigo contra Ramón de la Fuente y por qué la inseguridad es tema primordial en NL?
El gobierno del estado ha invertido $21,000 millones de pesos en ese rubro.
El problema es sistémico en el país, y lo que vendrá tras la declaratoria de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de EUA (y no olvidemos también de Canadá) es que el narcotráfico en México se fragmente en múltiples células.
La vinculación que hace el presidente Donald Trump entre el crimen organizado y el incremento de aranceles a los productos mexicanos de exportación a EUA es un tanto forzada, y pega directamente al acero y el aluminio que producimos en Nuevo León.
Además, el tema de los aranceles y, particularmente, de la inseguridad pública ha dado pie a ciertos colegas periodistas para criticar injustamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al canciller Juan Ramón de la Fuente, sobre todo porque, según su apreciación, dolosa o mal informada, la SRE no se ha involucrado en los esfuerzos para combatir el crimen organizado, que es el eje de las relaciones bilaterales en este momento histórico.
Se equivocan, y se los demostraré con datos duros.
- Es injusta la campaña en contra del canciller Juan Ramón de la Fuente.
- El secretario de Relaciones Exteriores es uno de los principales activos en el gabinete de Claudia Sheinbaum.
Precisamente, uno de sus enfoques ha sido el tráfico ilegal de armas, procedente de Estados Unidos, parte medular en la agenda bilateral y que, para Juan Ramón de la Fuente, ha cobrado más relevancia desde que Claudia Sheinbaum hizo pública la ampliación de la demanda que presentó nuestro país contra las empresas de armas en EUA.
Informes confidenciales recientes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EUA estiman que cada año se trafican hacia México más de 200,000 armas.
¿Están al tanto los fabricantes y los vendedores que estas armas terminan en manos del crimen organizado?
Por supuesto que sí.
Me refiero especialmente al informe presentado en enero de este año de la ATF:
Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego.
¿Qué revela este documento?
La cantidad de armas que circulan en territorio norteamericano y aquellas que cruzan su frontera sur, concluyendo que el 74% de estas armas que usa el crimen organizado en México se compran de manera ilegal en Arizona, California, Nuevo México y en Texas.
De ahí que, sin aspavientos ni excesiva visibilidad mediática, fiel a su estilo de diplomacia discreta, Juan Ramón de la Fuente giró instrucciones a la Consultoría jurídica, cuyo titular es Pablo Arrocha, para encabezar el litigio que el Gobierno de México ha emprendido contra las armadoras y vendedoras de armas.
Menciono, en exclusiva, para esta columna Eloy Garza Sin Censura que el próximo 4 de marzo se fijará la audiencia pública en la Corte Suprema, en Washington.
Y, si bien por motivos de confidencialidad no se ha ventilado públicamente, el hecho es que Arrocha trabaja en coordinación con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y con el abogado Steve Shadowen, representantes legales de México en las dos demandas contra fabricantes y vendedores de armas.
Cabe recordar que la primera demanda se presentó en Boston, Massachusetts, en 2021, de la que se desprende la audiencia que se verificará próximamente en la Corte Suprema.
¿Por qué?
Te lo explico: dos de los ocho fabricantes demandados pidieron al máximo tribunal que determine si la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) les otorga inmunidad.
Dicho de otro modo, en esta próxima audiencia México buscará demostrar, a partir de evidencias e informes oficiales, que las empresas tienen claro que las armas que producen y venden terminan ilegalmente en manos de los cárteles mexicanos y, por lo tanto, la Ley PLCAA no aplica para darles inmunidad.
Nueve organizaciones de la sociedad civil, tanto de Estados Unidos como de México, e incluso autoridades del propio gobierno norteamericano, han presentado ante la Corte escritos favorables a la posición de México, lo que jurídicamente se conoce como amicus curiae (que en latín quiere decir “amigo de la corte”), entidades que, sin formar parte del litigio, ofrecen información fundamental para los tribunales.
Y añado una segunda demanda que se presentó en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de establecimientos de venta de armas; demanda que sigue su curso y que ha entrado en la etapa de acopio de pruebas, pese a la petición de estos vendedores de esperar la decisión de la Corte.
Y te cuento lo más importante: esta demanda de la SRE no se fundamenta en el legítimo derecho que tienen los norteamericanos de comprar y portar armas de fuego, sino que apunta a la venta irresponsable y sin controles de armas que van a parar a manos de los ya denominados grupos terroristas (en México los calificamos como delincuencia organizada).
¿Qué pretenden en el fondo estos colegas periodistas con demeritar al titular de Relaciones Exteriores de nuestro país?