Méxterrorismo. Estado de Terror

Rodrigo Escalante Blachere DETONA: En México, la delincuencia organizada ha evolucionado hacia una forma de terrorismo que amenaza la seguridad nacional y la estabilidad de las instituciones.
Los actos de violencia terrorista atribuidos al crimen organizado, son solo algunos ejemplos de la brutalidad que se ha apoderado del País

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero y el reciente asesinato y decapitación del Presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, son auténticos actos de terrorismo. 

La decapitación del alcalde no solo es un ataque a la democracia, sino también una demostración de la impunidad y la falta de control que prevalece en algunas regiones del país. 

Este acto de barbarie no solo busca eliminar a un funcionario público, sino enviar un mensaje de terror a la población y a las autoridades.

Dicho lo anterior, vale la pena revisar lo que establece nuestro Código Penal Federal en lo que respecta al terrorismo:

“CAPITULO VI. Terrorismo:

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y multa de cuatrocientas a mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

  • I. ​A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego.
  • O por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados.
  • O bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
  • II. ​Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional”. (…)

En los últimos años, México ha sido testigo de decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, uso de explosivos en lugares públicos, drones con bombas, granadazos, disparos con rifles capaces de destruir aeronaves y perforar blindaje y lo peor de todo, niños utilizando ametralladoras, masacres, entre muchos otros actos violentos.

Estas acciones, típicamente asociadas con grupos terroristas en zonas de conflicto en el mundo, se han vuelto parte del modus operandi del crimen organizado en México.

El uso de minas terrestres, por ejemplo, ha sido reportado y registrado en videos en estados como Michoacán y Guanajuato, donde los grupos criminales buscan proteger sus territorios y cultivos ilícitos.

Estas tácticas no solo ponen en peligro a las fuerzas de seguridad, sino también a civiles inocentes que pueden caer víctimas de estos artefactos explosivos.

La situación en Guerrero es particularmente alarmante desde hace años en ciertas localidades existe un Estado de Terror.

El asesinato de Arcos Catalán se suma al del secretario del Ayuntamiento, Francisco Tapia, ocurrido apenas tres días antes.

Estos hechos evidencian una clara estrategia de desestabilización y control por parte de los grupos criminales en la región.

Es importante reconocer que muchas de las acciones del crimen organizado en México cumplen con la definición de terrorismo: el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos. 

En ese sentido, la decapitación de funcionarios públicos, el uso de explosivos en áreas civiles, y la exhibición pública de la violencia son tácticas diseñadas para sembrar el miedo y paralizar a la sociedad y gobiernos.

El gobierno mexicano debe considerar seriamente la posibilidad de clasificar a ciertos grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas.

Esto permitiría una respuesta más contundente y coordinada, así como la posibilidad de acceder a recursos y cooperación internacional más amplios en la lucha contra estos grupos.

La tragedia del asesinato del alcalde de Chilpancingo es un llamado de atención urgente.

 México se encuentra en un punto de inflexión donde debe decidir si permitirá que la delincuencia organizada (utilizando tácticas de terrorismo)siga erosionando el tejido social y las instituciones democráticas, o si tomará medidas decisivas para enfrentar esta amenaza.

El futuro del país y la seguridad de sus ciudadanos dependen de ello.
Rodrigo Escalante Blachere

Licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Master en Ciencias Políticas y Administración Pública (UANL). Especialista en Asuntos Públicos, Gobierno y Compliance. Experto en temas regulatorios, legislativos y gubernamentales. Analista de riesgos normativos, lobbying, relaciones públicas y cámaras empresariales. Oficial de Cumplimiento con Certificación Internacional Compliance Officer, por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento - IOC, España 2022-2023 y el ITESM. Compliance Officer de una de las empresas agroindustriales más relevantes de México. Ex Secretario Técnico en el Congreso del Estado de Nuevo León. Experiencia en técnica legislativa análisis y creación de legislación y normatividad nacional. Integrante de la Mesa Directiva de la Asociación Civil PRO.