Acomplejados empoderados
Les platico: Qué partida de madre le pone al ilustre nombre con el que lo registraron
Se llama Benito Juárez Calvillo y es director jurídico de San Pedro Garza García.
Tiene tres expedientes abiertos en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de NL, más los que se acumulen ésta semana, como dice el refrán de la Lotería Nacional.
Por cierto, su jefe inmediato es el secretario de ordenamiento y desarrollo urbano de SPGG. De él me ocuparé en la parte final de esta columna.
Vayámonos por partes, como decía el célebre Dr. Jack El Destripador, en sus gustadas clases de disección anatómica de la Universidad de Dublín:
El común denominador de las acusaciones en contra de Benito es amenazas y violaciones a la administración de justicia, y por la parte interna es intimidante, conflictivo y acosador.
EL “TERRORISTA”
Una investigación de mi BigData reveló que ejerce “terrorismo laboral” en el puesto que desempeña como subordinado indirecto del alcalde “independiente” Miguel Treviño y hace víctimas de ello a los 30 empleados asignados al área jurídica del Municipio.
Ese mismo “terrorismo” lo aplica contra vecinos de sectores diversos de SPGG.
Es quien está detrás de las expropiaciones decretadas no por ley, sino a lo buey contra propietarios de la avenida Vasconcelos en el casco de San Pedro, que le han valido al Ayuntamiento procesos legales pendientes, por violar desde derechos de propiedad adquirida, hasta garantías individuales consagrados en la Constitución mexicana.
La animadversión que sus ejecuciones locas de laudos municipales le han causado a él, al personal a su cargo e incluso a su jefe inmediato y al alcalde, es de tal magnitud, que es tema -para mal- en muchas de las juntas de los comités vecinales de las colonias sampetrinas.
SUS P3ND3JADAS Y LAS CIGARRAS O CHICHARRAS
¿Un ejemplo? Son muchos, pero va éste: tratando p3nd3jam3nt3 de neutralizar las críticas hacia su desempeño, basta con que se queje una de esas señoras que quisieran se aplicaran multas a las cigarras o chicharras veraniegas por el ruido que producen al aparearse en el crepúsculo, para que él en persona acuda al llamado de la quejosa y sin más ni más se meta en la propiedad del vecino que tiene en su jardín los árboles donde se hospedan tan cantarines insectos.
Existe un caso, que cito sin nombres por petición de los afectados, donde el tal homónimo del benemérito se metió por sus pistolas a la propiedad de un vecino, y de propio puño firmó la clausura de una obra que tenía en proceso la tramitación de sus permisos de construcción.
Lo hizo para congraciarse con la mala imagen que su desempeño provoca en la comunidad.
¿Resultado? Una demanda penal que está avanzando contra él, por allanamiento de morada, invasión de propiedad privada, amenazas y desempeño arbitrario de funciones públicas.
¿Y LAS CHICHARRAS, ESTÁN PINTADAS O QUÉ?
Una comisión de las cigarras o chicharras afectadas está estudiando la posibilidad de sumarse a la demanda para hacerla colectiva.
En este caso, del cual DETONA les va a dar pronto la primicia con datos y señas, se va a llevar de corbata a su inmediato superior, el secretario de ordenamiento y desarrollo urbano municipal ($93,268.65 sueldo neto), y al mismito alcalde ($132,178.80 sueldo neto), porque en la denuncia se señala a Javier Alberto de la Fuente García y a Miguel Treviño como segundas y terceras partes implicadas, al ser señalados como jefes omisos del mentado Benito (89,657.35 sueldo neto).
La gravedad del asunto es que según las fuentes legales que consulto mi BigData, estamos hablando de un delito que tipifica una “asociación delictuosa” similar a la que existe entre un evasor fiscal y el contador que le hace sus declaraciones.
La demanda que está en proceso de ser “enderezada” -como dicen los litigantes- no solo contra Benito sino contra Javier Alberto, el alcalde y quienes resulten responsables, sentará jurisprudencia bastante para que otros afectados por situaciones similares se animen a hacer lo mismo, y esto permite suponer que viene en camino una oleada de demandas colectivas e individuales contra la gestión de Miguel Treviño.
¿QUIÉN ES EL TAL BENITO?
Está ligado al Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.
Fue confirmado en su puesto como director jurídico de SPGG, en octubre de 2015 por el entonces alcalde Mauricio Fernández Garza.
No le ha sido aplicada ninguna prueba de confianza, sabrá el Dios de Spinoza por qué causa, motivo u razón.
Gracias a sus oficios, se le acomodó a Miguel y ahí lo tiene desde que tomó protesta como alcalde por primera vez.
JAVIER ALBERTO DE LA FUENTE GARCÍA
Aunque según él tiene 14 años viviendo en la sampetrina Colonia Colonial de la Sierra, es de Saltillo.
El 17 de diciembre de 2019, fue denunciado por los regidores Brenda Tafich y Ernesto Chapa, por el dirigente panista Mauricio Farah y el diputado federal del mismo partido, Luis Susarrey, ante la Contraloría Municipal, por presunta falsificación de documentos relativos a su historial.
Según ellos, Javier Alberto está implicado en órdenes de aprehensión dictadas en su contra por delitos cometidos en Coahuila.
Tafich, como presidenta de la Comisión de Contraloría y Transparencia, presentó la respectiva denuncia para que fuera investigado por falsas declaraciones relacionadas al CV exhibido por el secretario para obtener el puesto que ocupa.
“Además, debe aclararse el estatus del secretario sobre dos órdenes de aprehensión en su contra relativas a delitos cometidos por una empresa familiar suya en Coahuila”, ahondó la aguerrida regidora sampetrina.
DIRECTOR DE EMPRESA QUE ADMINISTRABA “PASTA DE CONCHOS”, DONDE MURIERON 65 MINEROS
Mi BigData averiguó que en 2006, Javier Alberto de la Fuente García ocupó una dirección y era co-representante de la empresa General de Hulla, que administraba la mina Pasta de Conchos, en la cual murieron 65 mineros.
Esa tristemente célebre tragedia puso al descubierto el delito de evasión fiscal más otras denuncias, que derivaron en dos órdenes de aprehensión en su contra, según la carpeta de la cual DETONA tiene copia certificada.
Ahí se cuestiona la capacidad, experiencia y la honorabilidad de De la Fuente García tras haber laborado para una empresa que por negligencia ocasionó la muerte de los mineros.
Obvio, este hecho no lo mencionó en su CV cuando Miguel Treviño lo presentó como secretario de su administración.
Al hacerse pública la acusación, el funcionario de San Pedro aseguró que no ha sido condenado por ningún delito y reconoció que solo fue accionista de General de Hulla, una empresa de su padre, pero en la cual asegura que jamás fue director, trabajador o representante legal.
En su momento, el secretario señaló que demandaría por difamación a quienes atentaron contra su honorabilidad, pero hasta la fecha, en el expediente no existe ningún documento relativo a su supuesta demanda por difamación.
CAJÓN DE SASTRE
“No me ayuden, méndigos compadres´, les ha de estar diciendo Miguel Treviño a este parecito de acomplejados empoderados”, dice la irreverente de mi Gaby.
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