AMLO pide investigar a juez que bloqueó reforma energética
Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que solicitó al Poder Judicial que investigue al juez que frenó la entrada en vigor de una nueva ley que da ventaja a la generación estatal de electricidad sobre las plantas privadas de energías renovables o de gas natural, algunas de las cuales, fueron construidas por empresas extranjeras.
Durante su conferencia de prensa matutina, el gobernante dijo que envió una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para pedirle que determine si al juez Juan Pablo Gómez Fierro “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
La semana pasada, Gómez Fierro concedió amparos para frenar la entrada en vigencia de la reforma, decisión que según el gobernante se dio “vía rápida”.
López Obrador afirmó, sin mostrar pruebas, que se ha conformado un “buró jurídico” para “oponerse a las obras, acciones y políticas” emprendidas por su gobierno, e indicó, al leer la misiva, que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho”.
A pesar de todo, López Obrador se manifestó respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del derecho al amparo.
En respuesta a la solicitud, Zaldívar expresó en una carta dirigida al mandatario, que difundió el lunes el Consejo de la Judicatura Federal en su cuenta de Twitter, que la queja será remitida al área correspondiente para que, de existir elementos, se abra la investigación “con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, dijo el viernes en un comunicado, sin mencionar al gobernante, que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los jueces su “único compromiso es con la constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho”.
La reforma de la ley de la industria eléctrica, que fue promulgada el 9 de marzo, contempla que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas generadoras del gobierno, las cuales operan en su mayoría con combustibles fósiles como carbón, fueloil y diésel. Si resultara insuficiente para cubrir la demanda, se compraría entonces de plantas privadas de gas natural y fuentes renovables.
La nueva regulación —aprobada a inicios de mes por el Senado, controlado por el oficialismo— ha sido objetada por inversionistas, muchos de ellos extranjeros, que sostienen que atenta contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como con los compromisos de México de reducir las emisiones de carbono.
Los inversionistas aseguran además, que con la reforma se crea un monopolio gubernamental de facto, se daña la competencia y se encarece la electricidad.
López Obrador insinuó la semana pasada que estaba dispuesto a negociar con las compañías extranjeras si aceptan contratos menos lucrativos. Eso es algo que ya hizo previamente, cuando amenazó con cancelar los contratos de gasoductos para las plantas generadoras a menos que las compañías que los construyeron aceptasen cambios en sus contratos.
Al defender la reforma, el mandatario afirmó el lunes que las empresas que vendían la energía eléctrica a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) “hacían su agosto y vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos” y que esos altos costos se trasladaban al consumidor normal.
Tras el desplome del uso de la electricidad como consecuencia de la pandemia, la CFE sufrió una caída en sus ingresos y un aumento de sus reservas de fueloil, el cual tiene que quemar pese a que es un combustible sucio que ha perdido uso en el mundo.
Muchas plantas de energía eólica, solar y de gas, fueron construidas en México por compañías extranjeras luego de la reforma energética del gobierno anterior, a la que López Obrador se opuso.