A la sombra del pequeño rey

Las reformas electorales que pueden ser aprobadas en el senado... pero no les darán ningún beneficio a los pobres, esos que tanto usa Obrador.

Después de cuatro años de conocer a Andrés Manuel López Obrador como presidente, para prácticamente nadie es desconocido que el candidato en nada se parece el gobernante. Sin embargo, hay una coincidencia que sí resulta peligrosa en su compartimiento y que define su personalidad autócrata: Como sucedió en las dos elecciones federales que perdió, no reconoce una derrota, menos sus errores y si no gana, intenta arrebatar.

La reciente discusión de la reforma constitucional en materia electoral es uno de los ejemplos más evidentes.

Luego de la presión social ejercida para las bancadas opositoras, alguna sólo en ciertas ocasiones, y la exigencia de no vulnerar al Instituto Nacional Electoral (INE), la propuesta de Palacio Nacional fue rechazada. Entonces como fue anunciado en la conferencia matutina, López Obrador giró instrucciones al Congreso de la Unión de aprobar leyes secundarias para conseguir su propósito: regresar a las elecciones de Estado.

Las y los ciudadanos que salimos el 13 de noviembre a las calles en la Ciudad de México y también en más de 60 ciudades al interior del país, recibimos la respuesta de quien debería escuchar a todos sus gobernados, en lugar de enfrentarlos:

  1. Un desfile poco exitoso en su propósito, pues para lo invertido en tiempo, dinero público y publicidad desde todos los gobiernos emanados de MORENA, no resultó como esperaba.
  2. La violación a la Constitución que juró respetaría cuando tomó protesta, que en concreto se resume en: “En México sólo mando yo”. 

Se presumió entonces, en diversos espacios controlados por el gobierno, de dónde salía la propuesta, se mostraron imágenes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “concentrado” en su oficina, “redactando” la iniciativa de ley que entre otras cosas se sabe, reforma 6 ordenamientos ya existentes, más de 450 artículos y una nueva ley.

Sin conocer a detalle el documento, incluso con artículos que se rechazaron en la propuesta de reforma a la constitución, las y los diputados de MORENA y sus aliados, aprobaron el dictamen, no sin antes ceder al chantaje y extorsión de los “purificados” miembros del PVEM y los siempre “fieles” integrantes del PT, que fueron quienes realmente retrasaron ligeramente la discusión. 

Los parlamentarios que accedieron a sus curules con las reglas que ahora rechazan, viven a la sombre de quien habita Palacio Nacional, obedecen sin cuestionar lo que el pequeño Rey les ordena desde su lujosa vivienda que sangra las arcas públicas, porque el costo de mantener la vida poco “franciscana” del mandatario, es aún mayor del sueldo de los consejeros electorales, que no tiene nada que ver con el fondo de la reforma, pero que es el aparato propagandístico que repiten sin cesar los verdaderos judas de la democracia.

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme que una gran parte de los legisladores morenistas no tienen la menor idea de lo que aprobaron, sólo repiten el guion que se establece desde Palacio Nacional, pero lo peor es que quienes si saben los retrocesos que significan estas reformas, sin el menor pudor de traicionar sus anteriores posturas, ni “pío” dijeron.

Y la prueba es que, ante el evidente acuerdo entre los simuladores de la democracia, los tabasqueños de apellido López, no tuvieron otra opción más que reconocer públicamente que “un duende había hechos sus travesuras”, y se ordenó desde el púlpito presidencial “corregir el error” en el Plan B, que se convirtió en el plan “I” de la inmundicia.

En la semana que inicia la discusión, se llevará a cabo en la cámara revisora que es el Senado de la República, la atención está centrada especialmente en el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, a quienes incluso algunas personas, con algo de ingenuidad, buena fe o utilidad política, perfilaban equivocadamente como una opción de la oposición para el 2024. 

El exgobernador de Zacatecas ya había dado muchas muestras de que no es capaz, como tampoco lo será Marcelo Ebrard, de cortarse el “cordón umbilical” del presidente de la República. Sean sus expedientes, sus miedos, su falta de carácter, sus “muertos en los closets” o incluso su conveniencia, no se atreven a romper esas relaciones de complicidad que se fueron construyendo durante muchos años.

Miembros de la sociedad civil y militantes de partidos políticos siguen encabezando valiosos esfuerzos que deben reconocerse y apoyarse, pues la democracia es uno de los valores más importantes que deben defenderse.

Por ello, están convocando para acudir al Senado el martes 13 de diciembre a las 09:00 horas, a fin de que no se consuma este enorme daño al país.

La división de poderes no debe ser una utopía y la sumisión a la voluntad de un solo hombre que piensa que el poder es para siempre, no debe ser la constante.

Espero sinceramente equivocarme, pero los mensajes emitidos por el también ex alcalde de la delegación Cuauhtémoc han sido ambiguos, tibios, sin dar certeza de una defensa férrea a lo que es mejor para el país. Y si bien estas son batallas que deben darse, vendrá otra igual de importante en uno de los poderes que desde que asumió la presidente Arturo Saldívar, la SCJN también se encuentra a los pies de López Obrador.

Las reformas electorales que pueden ser aprobadas en el senado y regresar a la cámara de diputados para el mismo procedimiento fast-trac, le regresarán el poder a un solo hombre, pero no les darán ningún beneficio a los pobres, esos que tanto usa López Obrador como narrativa electoral y que han aumentado en sus cuatro años de gobierno, porque con la falta de democracia y la imposición de cómplices y no gobernantes, la política pública quedará relegada y los mexicanos desprotegidos.

Confío en que la fuerza de las y los ciudadanos sea más grande y poderosa para no permitir que nos domine el miedo y nos consuma la desesperanza. 
Adriana Dávila Fernández

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, así como en organizaciones de la Sociedad Civil.