Políticas migratorias en la Era Biden
Hace cuatro años, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020, protagonizadas por J. Biden y D. Trump, estuvieron marcadas por un contexto de pandemia, movimientos sociales y protestas de "Black Lives Matter", que en ocasiones se enfrentaban con grupos de extrema derecha y supremacistas blancos.
Ante un clima antiinmigratorio, Joe Biden prometió revertir las políticas migratorias más restrictivas y restablecer a los Estados Unidos como un país de refugio y fortalecer su sistema de asilo.
En este artículo, hacemos un recuento del legado en materia migratoria y de control fronterizo que deja la administración Biden de cara al anuncio de su retirada de la carrera presidencial, y que indudablemente ha moldeado los paisajes fronterizos de forma vertiginosa y cambiante.
La administración del republicano Donald Trump (20 enero 2017 – 20 enero 2021) atizó la hostilidad y el clima anti inmigratorio.
Desde su campaña pretendía reconstruir el “sueño americano” bajo su eslogan “Make America Great Again” para recobrar la identidad y “alma” nacional se dio a la tarea de endurecer las políticas migratorias, expandiendo la expulsión y deportación de migrantes y los entonces llamados “ilegal aliens”.
Trump giró en sus primeros 100 días en la oficina oval directrices ejecutivas que buscaban redefinir el rostro migratorio norteamericano, demostrando su poder creciente como ejecutivo en la formulación de la política migratoria.
Algunas de las acciones más contundentes de Trump fueron su intento de poner fin al programa “DACA” y las acciones de protección implementadas para los “dreamers” que negaba los beneficios sociales de las personas inscritas al programa y coartar las posibilidades de inscripción de nuevos solicitantes.
A la par, el programa TPS (Temporary Protected Status) que brindaba una protección temporal a las personas que no podían regresar a sus países de origen, ya sea por un conflicto armado en curso, desastres naturales u otras condiciones de carácter temporal, se daba por terminado los nacionales de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán.
Además, la Orden Ejecutiva para la “Protección de la Nación frente a la Entrada de Terroristas” imponía restricciones para la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y prohibía la entrada a personas refugiadas y solicitantes de asilo que no tuvieran documentos de ingreso válidos.
El establecimiento del programa “MPP”, en cooperación con el gobierno mexicano, mejor conocido como “Quédate en México”, imponía a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos ser devueltas a México durante sus procedimientos en las cortes de Estados Unidos.
El MPP fue un programa fuertemente criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos por dejar a miles de personas “atrapadas” en la frontera norte de México en algunas de las ciudades más violentas y en condiciones denigrantes, estimando que entre el inicio del programa y el final de la administración Trump aproximadamente 68,000 personas fueron colocadas en ese programa (DHS, 2021).
En uno de los episodios más oscuros, atestiguamos la separación de niños y niñas migrantes de sus familiares, resurgiendo imágenes de niños detenidos en jaulas en Texas bajo la premisa de una “tolerancia cero” para frenar las entradas “ilegales” al país, en palabras de Stephen Miller, entonces asesor de Trump.
A esta práctica Amnistía Internacional la llamaría “inadmisible y cruel” y que se equiparaba con actos de tortura: “esta no es una política de tolerancia cero, es una política de cero humanidad” afirmaba el senador demócrata Jeff Merkley.
El tiro de gracia de la administración Trump, en su objetivo de desmantelar el sistema de asilo, refugio y protecciones humanitarias, se dio en el contexto de la pandemia por el Covid-19 con base en un estatuto de salud pública de 1944 bajo la Sección 265 del Título 42 del Código de los Estados Unidos.
En esta disposición, las personas que intentaban cruzar de manera no autorizada por la frontera sur, así como los/as solicitantes de entradas humanitarias fueron rechazados y expulsados a México (como último país de tránsito) o a su país de origen, cumpliendo así con el objetivo de la administración Trump de cerrar la frontera y efectivamente posicionando la aplicación del “Titulo 42” como una medida de control migratorio desde marzo de 2020 y hasta el 11 de mayo de 2023 en la frontera entre México y Estados Unidos.
Ires y devenires en la Política Migratoria de Biden
Ante ello, desde su campañapresidencial, Joe Biden se avocó por restaurar la posición moral y el liderazgo de los EE. UU. retomando su papel histórico como nación que acoge a refugiados y solicitantes de asilo y a personas que huyen de violencia y persecución en sus países.
A partir de su denominación como actual presidente desde enero de 2021, su política migratoria inicialmente se centró en revertir las políticas de la precedente administración Trump, así como establecer nuevos lineamientos para evitar las prácticas más extremas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Pese a esa postura inicial, su administración ha revirado hacia una política migratoria más dura.
Biden asumió el cargo de ejecutivo haciendo una intensa crítica sobre las tácticas de las deportaciones y la implementación de mecanismos para acelerar expulsiones, pero va rumbo a llevar a cabo tantas expulsiones y devoluciones como la misma administración Trump.
De acuerdo con el Migration Policy Institute en una investigación hecha por Muzaffar Chishti y Kathleen Bush-Joseph (2024) los 1,1 millones de deportaciones realizadas desde el comienzo del año fiscal 2021 (comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre) hasta febrero de 2024 están a punto de igualar los 1,5 millones de deportaciones llevadas a cabo durante los cuatro años en que el presidente Trump estuvo en funciones.
A esto sumamos los más de 3 millones de expulsiones de migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular bajo el Título 42 entre marzo de 2020 y mayo de 2023.
Expulsiones que se produjeron mayormente bajo la administración de Biden (desde enero de 2021), resultando en más de 4 millones de repatriaciones y expulsiones durante la administración Biden.
Posicionándole como el mandato presidencial con mayor acumulado, siendo solo superado por la administración de George W. Bush, que tuvo 5 millones al final de su segundo mandato.
Asimismo, la actual administración ha hecho grandes esfuerzos para disuadir y bloquear las entradas de migrantes no autorizados y reducir sus posibilidades de que lleguen a su frontera para solicitar protección internacional.
En mayo de 2023 giró la “Norma de Elusión de Vías Legales” (Circumvention of Lawful Pathways), conocida comúnmente por su acrónimo “CLP” o la “norma de prohibición de asilo Biden”.
Bajo esta nueva disposición legal se crea una presunción de inelegibilidad de asilo para todas las personas que no cumplan con ciertos criterios.
¿Cómo opera la Norma de Elusión de Vías Legales?
Esta norma se aplicó a partir del levantamiento del Título 42 (11 de mayo de 2023) y estará vigente hasta el 11 de mayo de 2025. La CLP estipula que cualquier persona no autorizada que ingrese a los Estados Unidos, incluidos menores que viajan con sus padres o madres y que hayan transitado a través de otro país, no podrá solicitar asilo a menos que cumpla con alguna de las excepciones provistas:
- Solicitantes de asilo procedentes de México (ya que no viajan a través de otro país antes de ingresar en Estados Unidos).
- Menores no acompañados.
- Cuenta con un permiso de permanencia temporal (“Parole”).
- Personas que tienen una cita programada para acudir a un puerto de entrada a través de la aplicación CBP One; y
- Personas que solicitaron asilo/refugio en otro país y recibieron una negación definitiva de asilo/refugio.
La presunción de inelegibilidad para el asilo puede ser impugnada mediante una “entrevista de miedo creíble” para demostrar que no están sujetos a la norma de asilo, basándose en “circunstancias excepcionalmente apremiantes”, tales como emergencias médicas agudas, amenazas inminentes para la vida o la integridad, como riesgo de violación, secuestro, tortura, asesinato o trata de personas.
La prohibición de asilo Biden ha sido duramente criticada por organizaciones no gubernamentales.
Human Rights Watch, en su reporte “We Couldn’t Wait” (No podíamos esperar), menciona que es sumamente difícil cumplir con las normas establecidas, incluso en los mejores casos.
A pesar de que la administración Biden sostiene que esta ley está enfocada en promover una migración segura y ordenada, con el fin de desmantelar las redes de tráfico de personas a lo largo de la frontera, la CLP crea fuertes restricciones.
Human Rights Watch ha observado que estas restricciones dejan a los solicitantes de asilo vulnerables a la extorsión, el secuestro y la violencia.
Sin acceso a vías de protección internacional, las personas son más propensas a recurrir a traficantes y a tomar mayores riesgos en su intento de cruzar a los Estados Unidos por la frontera sur.
App CBP One
Otra medida para reducir los cruces “ilegales” de la actual administración es el lanzamiento de la aplicación “CBP One”, implementada desde enero de 2023.
Esta aplicación permite a viajeros no ciudadanos y sin documentación suficiente para ser admitidos legalmente en Estados Unidos, solicitar previamente una cita para llegar a un puerto de entrada enviando de forma anticipada sus datos personales y biográficos.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP One es parte del “esfuerzo integral (...) para mejorar la seguridad de las fronteras de nuestra nación al tiempo que mejora los viajes y el comercio legales”.
De forma entrelazada con la CLP, el uso de la aplicación CBP One como medida obligatoria para que las personas en busca de protección puedan acceder a sus derechos de asilo es un obstáculo inmenso.
Hay evidencia presentada por organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales que la implementación de este procedimiento crea barreras que niegan o restringen el derecho al asilo.
De acuerdo con el estudio presentado por organizaciones no gubernamentales estadounidenses titulado “CBP ONE: The Latest Roadblock to Asylum in the United States” (CBP ONE: El último obstáculo para el asilo en Estados Unidos), se documenta en diversos puntos de la frontera que esta aplicación genera cuellos de botella que se traducen en periodos extendidos de espera para conseguir una cita (siendo el tiempo promedio de espera de 7 semanas hasta 8 meses).
Según Human Rights Watch, algunas barreras afectan particularmente a las poblaciones más vulnerables, ya sea porque carecen de un teléfono móvil, no tienen la capacidad adecuada para soportar la aplicación, no pueden costearse los datos móviles para su uso o no tienen acceso a internet inalámbrico.
Además, trabajadores de albergues de la frontera norte han denunciado una “discriminación cromática”, es decir, las personas de tonalidades de piel más oscuras enfrentan frecuentes “errores” en la aplicación al momento de usar la herramienta de reconocimiento facial, necesaria para cotejar al solicitante con sus documentos de identidad.
Estas barreras, aunadas a las del idioma (dados los pocos idiomas en que se encuentra disponible CBP One), el nivel de alfabetización digital y otros factores específicos de vulnerabilidad (personas adultas mayores, personas con discapacidad, LGBTIQ+, entre otros) dejan de relieve profundos fallos en este sistema, además de no ser un proceso humano y acorde a la normativa internacional.
Por otra parte, CBP One hace obligatorio que las personas se encuentren en el centro o norte de México al momento de solicitar sus citas de entrada, para ello empleando un sistema de geolocalización.
Esto es relevante en el contexto mexicano, ya que de parte del Instituto Nacional de Migración no hay lineamientos claros respecto a la situación de las personas que se trasladan con una cita de entrada desde diversos puntos del país hacia los puertos de entrada de los Estados Unidos, siendo detenidas en la mayoría de los casos en localidades del norte del país para posteriormente repatriarlas a sus países de origen o retornarlas a los estados del sur de México, ocasionando que las personas solicitantes de asilo pierdan su cita de entrada.
La práctica de medición o “metering” en la administración Biden
De acuerdo con el Peterson Institute for International Economics, las prácticas de medición o “metering” se iniciaron durante la administración Obama en 2016 y se expandieron en la era Trump.
La medición tiene como finalidad poner un tope en el número de solicitantes de asilo que pueden ingresar a Estados Unidos por día en los puertos de entrada de la frontera sur, basándose en la capacidad (real o percibida) de procesamiento de las solicitudes de asilo.
En la actual administración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) emitieron una norma que, efectivamente, autoriza una “medición electrónica”.
Los solicitantes de asilo deben esperar indefinidamente en la frontera norte de México hasta conseguir una de las pocas citas disponibles mediante CBP One, sin tener certeza sobre cuánto tiempo deberán esperar ni transparencia sobre cómo se asignan los lugares en la fila.
Directriz para Suspender y Limitar la Entrada y reglas de Restricción sobre el
Asilo
Por último y en medio de fuertes críticas sobre el manejo de la frontera sur de los Estados Unidos, Biden presentó el 4 de junio la “Proclama Presidencial para Suspender y Limitar la Entrada y una Regla Provisional Final Conjunta de DHS y DOJ para Restringir el Asilo Durante Periodos de Elevados Encuentros Migratorios en la Frontera Sur”.
Esta orden ejecutiva que tiene como propósito “cerrar” la frontera a solicitantes de asilo, toda vez que se llegue a 2500 encuentros de cruces no autorizados por día en promedio por semana, estipulando que las medidas estarán vigentes hasta 14 días calendario después de que haya habido un promedio de 7 días calendario consecutivos de menos de 1,500 encuentros entre los puertos de entrada.
Además, las personas que ingresen de manera no autorizada, se enfrentarán a consecuencias más severas: no serán elegibles para el asilo y enfrentarán una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento criminal.
A pesar de la prohibición de asilo, algunas personas podrán permanecer en Estados Unidos, pero se les prohíbe de facto para recibir asilo como estatus legal.
Esta modificación para permanecer en Estados Unidos se denomina “retención de expulsión” con base en méritos de persecución, o en virtud de la Convención contra la Tortura (que puede adoptar la forma de retención de expulsión o aplazamiento de expulsión).
Cabe señalar que son formas de protección más débiles que el asilo, pues no permiten a la persona obtener la residencia permanente (y, un camino hacia la ciudadanía) en Estados Unidos, así como la reunificación familiar.
Esta proclama de Biden es la política migratoria más restrictiva instituida por la actual administración o cualquier otro presidente demócrata.
Con ello se está bloqueando el derecho a solicitar asilo.
De acuerdo con Human Rights Watch, se acusa a Biden de replicar las mismas prácticas xenófobas del expresidente Trump en un intento de fortalecer su posicionamiento político y contribuir al “teatro electoral”.