¿Y las cámaras empresariales?
Cuando he conversado con diversos empresarios venezolanos y cubanos en el exilio, perseguidos por las dictaduras socialistas, la inmensa mayoría lamenta con amargura y rencor, las expropiaciones de sus empresas, de sus casas, de sus tierras e industrias, después de años de esfuerzos generacionales, de angustias por la suerte de sus negocios y de sus empleados.
Confiscaciones justificadas, según los tiranos, en aras de la igualdad económica que nunca se dio, ni se dará...
A lustros de distancia todavía se quejan del dolor de haber dejado atrás no solo su patrimonio, sino a sus familiares y amigos por temor a las represalias.
En el exilio, sin embargo, pudieron reconstruir sus vidas y la estabilidad económica gracias a la seguridad jurídica y a las oportunidades de expansión en un mercado global.
Se duelen de haber creado bienestar en naciones extranjeras cuando hubieran deseado hacerlo en la suya
Nunca anticiparon que el sistema comunista destruiría la economía y las libertades ni superarán una dolorosa nostalgia por su tierra natal ni podrán sobreponerse a que sus hijos se hubieran desarrollado fuera de ella, una fuga de talentos inadmisible.
Algunos reconocen la falta de acción colectiva, la incapacidad de organizarse y de protestar unidos o separados.
Admiten haber confiado en exceso en que el sistema político no los traicionaría, o que la comunidad internacional, o Estados Unidos, los rescatarían del desastre, pero la ayuda nunca llegó.
El precio por la cobardía o la resignación les fue muy elevado
En México, la iniciativa privada, salvo algunos casos muy dignos y honorables, contemplaron inmutables el derroche maligno de los impuestos pagados por todos los mexicanos, en obras suicidas como el Tren Maya, el AICDMX, el AIFA y Dos Bocas, erogaciones improductivas, cuyos costos infames permanecerán ocultos dolosamente al escrutinio público.
Por si el aberrante despilfarro no hubiera sido suficiente, el gobierno anterior endeudó al país en términos criminales y dispuso ilegalmente de los fondos depositados en fideicomisos públicos, entre otros incontables desfalcos.
Si el sector empresarial financia nuestro desarrollo:
- ¿Por qué no protesta cuando una caterva de presupuestívoros malversa ilegalmente los fondos públicos?
Si la actitud inmovilista responde al temor a las represalias:
¿Para qué existen las cámaras empresariales, si no para defender los intereses del gremio?
¿Cómo entender el silencio ominoso de dichas cámaras? ¿Cómo?
Hoy mismo, le están dando facultades al Infonavit para que pueda disponer de dos billones de pesos, (billones) propiedad de los trabajadores, de modo que dicho instituto pueda invertir temeraria e irresponsablemente los recursos ajenos, en actividades que a la larga podrían anular las posibilidades de que los obreros y empleados puedan poseer su propia vivienda.
Otro crimen imperdonable: 23 organizaciones sindicales se opusieron a la destrucción del instituto de la vivienda, al advertir que la desaparición del tripartidismo quebraría al Infonavit.
¿Esa es la idea para apropiarse de los 2 billones de pesos y para proceder más tarde a la confiscación facinerosa de las Afores?
El gobierno no podría encarcelar a 30 millones de compatriotas si estos acordaran no pagar impuestos para defender nuestra democracia y nuestras instituciones, en ese caso el gobierno arrodillado.
Ante un paro nacional de contribuyentes, se vería obligado a volver a imponer la legalidad.
Resulta inadmisible que los mexicanos financiemos con nuestros impuestos la construcción de una dictadura.
Las cámaras de representación empresariales tampoco protestaron cuando Sheinbaum "ganó" los sufragios por medio de una elección de Estado, al disponer ilícitamente de la recaudación federal y violando cualquier cantidad de leyes electorales.
Dichas cámaras también guardaron silencio cuando la 4T "ganó" el 54% de las curules en el Congreso de la Unión por medio de un escandaloso fraude a la Constitución, pero a través de extorsiones, amenazas y sobornos, se apropió ilegalmente del 75% para hacerse de la mayoría calificada para poder instalar una dictadura.