El plan México y los estímulos fiscales

Es decir, su papel es el de Rector de la Economía, y NO de Actor Económico, aunque en nuestro País, el Gobierno Federal administra y opera la extracción de petróleo, su refinación y distribución, además de que produce la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en el territorio nacional, teniendo también el monopolio de la transmisión y la distribución de toda la energía eléctrica que se genera en el País.

¿Por qué los gobiernos NO deben producir bienes y servicios?

Primero, porque siempre tendrán objetivos “sociales” prioritarios, más importantes que la generación de utilidades, (ya que no hay un “dueño” del dinero) y al buscar maximizar el beneficio “social”, la generación de pérdidas no obliga al cierre del negocio, ya que se fondean con recursos públicos, y hasta se llega a pensar que mientras más dinero pierdan, hay más beneficio “social”.

Y como es común que los gobiernos sean malos administradores, el colmo es que pierdan dinero, aun vendiendo a precios muy elevados, como es el caso de Pemex, que incluso si vendiera las gasolinas sin impuestos, el precio bomba sería 70% más caro que el precio al consumidor en Texas.

Una segunda razón, es porque la función del Gobierno es precisamente “Gobernar” y no producir y proveer bienes y servicios para el consumo de sus habitantes, pero cuando las contribuciones que genera la economía son bajas, se genera la necesidad de obtener más dinero para sufragar el gasto público, y los gobiernos deciden “apropiarse” de recursos naturales y hacerse de monopolios para generar más ingresos.

En el caso de los EUA, si ustedes revisan qué bienes y servicios produce el Gobierno, van a encontrar que NINGUNO, precisamente porque esa NO es una labor que tiene que cumplir el Gobierno, y tampoco provee servicios educativos ni de salud, los cuales están a cargo de particulares, o de instituciones que no forman parte del Gobierno.

De tal suerte, los gobiernos deben enfocarse más en la regulación y en el fomento a la actividad productiva, facilitando y agilizando la constitución de empresas, apoyando a los emprendedores, y garantizando seguridad al capital invertido, por lo que aquí aplica el dicho de que mucho ayuda, el que no estorba.

Bueno, pues revisando el Plan México que presentó la nueva administración federal, llama la atención que el primer Objetivo o Meta de este Plan, es colocar a México entre las mayores 10 economías del mundo, cuando este ranking se obtiene más por TAMAÑO de la población y del territorio, y NO por productividad o PIB por habitante, es decir, es una meta totalmente inútil e intrascendente, ya que solo es “engañabobos”.

En este ranking, por ejemplo, la economía de la India ocupa actualmente el quinto lugar como la economía más grande del mundo, pero esto gracias a que tiene una población casi diez veces superior a la de México, pero con una pobreza abrumadora, lo que pone de manifiesto que una economía GRANDE en tamaño absoluto, no se asocia a una economía productiva por habitante, y menos a un nivel de bienestar social.

Pero bueno, al margen de metas y objetivos que ni al caso vienen, como producir vacunas en México, que solo abonan a un falso nacionalismo y a una mal entendida autosuficiencia, el Plan México contempla estímulos fiscales hasta por un monto de $30 mil millones de pesos, para los 6 años de esta administración, en beneficios fiscales como depreciación acelerada en nuevas inversiones, así como mayores deducciones en gastos (incrementales) destinados a la capacitación técnica, científica y proyectos de innovación.

Si bien no hay ningun lineamiento o directriz para distribuir estos $30 mil millones en los 6 años de este gobierno, queda claro que este monto opera como un aumento en las deducciones fiscales de los contribuyentes beneficiados, lo que conduciría a una menor utilidad o resultado fiscal por ese mismo monto, y a una reducción en el ISR causado, que si se supone que lo aplican solo personas morales, el costo fiscal de este estímulo sería de solo $9 mil millones de pesos, cantidad que incluso podría ser menor, si los beneficiarios son personas físicas tributando a tasa marginal máxima de 35%.

Esto significa que el costo para el Gobierno Federal, de otorgar estos estímulos fiscales, o el beneficio que recibirían los contribuyentes beneficiados, sería, en el mejor de los casos, de solo $1.5 miles de millones de pesos, en promedio anual, cantidad irrisoria (medio punto de uno al millar) si se le compara con la recaudación de ISR que está programada para este año 2025, la cual suma $2,860 miles de millones de pesos.

Sin embargo, si el beneficio consiste en una mayor deducción por depreciación ANTICIPADA de activos, esto NO proporciona un beneficio neto de largo plazo, ya que el menor pago de impuesto en el año de aplicación del beneficio, se revierte a partir del año 2, y hasta agotar la depreciación de la inversión, es decir, el estímulo fiscal solo representa un beneficio financiero en el primer año, que posteriormente se revierte con una menor deducción.

Si una inversión de $100 pesos se puede depreciar en 4 años al 25% anual, y el estímulo permite depreciar un 85% en el año 1, en efecto se pagará menos ISR en ese año, ya que en lugar de aplicar $25 pesos de depreciación, se aplican $85 pesos, pero en el año 2 solo quedarán $15 pesos para depreciar (en lugar de $25 pesos en ausencia del estímulo) y $0 pesos a depreciar en los años 3 y 4, lo que aumenta el ISR y REVIERTE el beneficio del estímulo fiscal, eliminando el costo para el Gobierno.

Definitivamente es muy cuestionable pensar que los inversionistas son sensibles a los estímulos fiscales y que gracias a ellos modifican sus decisiones de inversión, de contratación y de capacitación de personal, por el hecho de recibir un posible beneficio económico, asociado al estímulo fiscal, aunque solo sea temporal y reversible.

Sin embargo, estas pifias y errores garrafales, no son exclusivos de la 4T, ya que en administraciones anteriores, se han tenido programas de estímulos fiscales pésimamente diseñados, como el pago del 25% de un salario mínimo a quienes contrataban nuevos trabajadores, beneficio que era totalmente irrelevante a la hora de decidir si se contrataba o no a un nuevo trabajador, decisión que estaba sujeta a consideraciones de si se iba a vender, o no, lo que produjera el nuevo empleado.

Es decir, si el patrón decidía contratar un empleado más, no era cuestión en la que influían los pocos pesos que se habrían de recibir como estímulo fiscal, sino más bien las condiciones del mercado, ya que en recesión o con ventas a la baja, simplemente no habría mayor empleo, pero si las condiciones sí eran favorables, se contrataría más personal, y el empleador vería el estímulo fiscal como un “wind fall gain”, es decir, el Gobierno estaba literalmente tirando al caño su dinero, y el contribuyente beneficiándose con un estímulo fiscal pésimamente diseñado, con beneficio social cero.

Creer que gracias a este estímulo se va a promover la inversión y la capacitación, es como creer que la cola mueve al perro.

En resumen, los estímulos fiscales ya decretados por la actual administración, como parte de su Plan México, son literalmente “cacahuates” que reportarían un beneficio económico casi simbólico a los contribuyentes, y que además, tienen un esquema de aprobación, de seguimiento y de control, prácticamente imposible de ser cumplido por su Comité de Evaluación, por lo que se prevé que en la práctica, sea extremadamente difícil y burocrático acceder a este beneficio.